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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
En Bahía Blanca, como en el resto de Argentina, el marco legal que regula la relación de los padres con sus hijos se aplica a través de la patria potestad, la guarda y convivencia, las visitas y las obligaciones alimentarias. Los tribunales de familia suelen priorizar el interés superior del menor y buscan acuerdos que favorezcan la estabilidad y el vínculo de ambos progenitores con el niño. La ciudad forma parte de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde se tramitan la mayoría de los procesos de familia.
Las normas que regulan estos temas son principalmente de alcance nacional, pero se aplican en Bahía Blanca y en toda la provincia. A continuación se destacan las normas clave y su vigencia.
El CCCN regula la patria potestad, el cuidado personal y el régimen de convivencia entre padres e hijos. En Bahía Blanca, los jueces de familia aplican estos principios para garantizar el interés superior del menor. El código entró en vigor en 2015 y ha sido objeto de reformas técnicas posteriores para adaptar prácticas jurisdiccionales.
La Ley 26.061 establece el marco de protección y las normas para salvaguardar derechos esenciales de menores, incluyendo medidas de protección, familia y cuidado. El interés superior del niño debe guiar las decisiones judiciales y administrativas en Bahía Blanca. Fue promulgada en 2005 y ha recibido reformas que fortalecen protocolos de intervención y protección.
“El interés superior del niño es el principio rector en todas las decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes.”
Argentina ratificó la Convención, integrando sus principios en la legislación nacional y provincial. En Bahía Blanca, estos principios orientan las decisiones sobre guarda, visitas y protección de menores. La Convención establece que los derechos de los niños deben prevalecer sobre las demás consideraciones.
“La Convención sobre los Derechos del Niño impone a los Estados la obligación de proteger la vida, la supervivencia y el desarrollo de los menores.”
La patria potestad engloba el cuidado, la educación y la representación legal de un menor. Ambos padres deben ejercerla de forma conjunta, salvo decisión judicial contraria por motivos de interés superior.
Debe presentar una demanda en el Juzgado de Familia de su circunscripción. Es clave adjuntar información sobre la convivencia, ingresos y necesidades del menor.
La guarda compartida se aplica cuando es viable para mantener el vínculo de ambos padres con el menor y protege el interés superior. El juez evalúa circunstancias familiares y escolares.
Las acciones de alimentos se tramitan ante el mismo Juzgado de Familia. Se solicita una cuota acorde a la capacidad económica del progenitor y las necesidades del menor.
Una estimación ayuda a planificar costos y evitar sorpresas. Los honorarios dependen de la complejidad del caso y la experiencia del letrado.
Sí. Es común que se agende una audiencia de conciliación previa para intentar acuerdos sin litigar. Ello acelera soluciones y reduce costos judiciales.
La mediación facilita acuerdos y suele ser obligatoria en ciertos casos de familia. Con frecuencia, evita conflictos largos en tribunales.
La especialización mejora la comprensión de plazos, pruebas y estrategias específicas de custodia y alimentos. Un letrado con enfoque en familia aumenta las probabilidades de un resultado favorable.
La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres sobre el menor. La custodia se refiere al cuidado diario y la convivencia física del menor.
La mudanza puede afectar la guarda y las visitas. El juez evalúa el impacto en el interés del menor y puede ajustar el régimen de convivencia.
Los plazos varían según la carga de los tribunales y la complejidad del caso. En promedio, un proceso de guarda o alimentos puede tardar entre 6 y 12 meses.
Adoptar implica establecer una filiación legal diferente a la biológica, con derechos y deberes propios. Reconocer la paternidad mantiene la relación biológica y puede regularla mediante acuerdos legales.
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