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En Bogotá, el derecho de los padres a participar en la crianza de sus hijos se centra en la patria potestad, la guarda y la tenencia, y la pensión alimentaria. Estos pilares regulan quién toma decisiones sobre educación, salud y bienestar de los menores. La legislación colombiana busca equilibrar los derechos de los padres con el interés superior del menor.
Cuando los padres separan o divorcian, los juzgados de Familia de Bogotá resuelven cuestiones de cuidado, visitas y alimentos. Contar con un abogado o asesor legal facilita entender opciones como la guarda compartida y la pensión alimentaria, y protege derechos ante el juzgado. En Bogotá, los procesos de familia suelen requerir documentos como actas de matrimonio, registro de nacimiento y constancias de ingresos para alimentos.
In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration.
UN.org
Constitución Política de Colombia, vigente desde 1991, garantiza la protección de la familia y el interés superior del menor. Esta base constitucional orienta las decisiones de los jueces de familia en Bogotá.
El Código Civil regula la patria potestad, la guarda y la tenencia de los hijos, y establece principios para la responsabilidad parental compartida. También determina las bases de las obligaciones de alimentos entre progenitores.
El Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, protege a los menores y establece marcos para la guarda, las visitas y las obligaciones de alimentos cuando hay separación de los padres. Esta norma sigue vigente y ha sido objeto de reformas puntuales para ampliar la protección de los menores.
La patria potestad es la responsabilidad legal de cuidar a un menor. Incluye decisiones sobre educación, salud y representación legal. Se comparte entre ambos padres, salvo excepciones judiciales.
La guarda determina quién toma decisiones y dónde reside el menor. En Bogotá, puede ser compartida o exclusiva, según el interés superior del niño. El juez evalúa pruebas y propone un plan de crianza.
La modificación procede ante cambios en las circunstancias o en el bienestar del menor. Se debe demostrar que el cambio beneficiará al niño y presentar pruebas ante el Juzgado de Familia.
Los procesos se inician ante el Juzgado de Familia competente por el domicilio del menor. Las audiencias pueden requerir asistencia de un abogado y pruebas documentales.
Un asesor legal ayuda a calcular la cuota adecuada y a gestionar cobros. También orienta sobre el procedimiento y los derechos del padre y del menor.
Sí. Un letrado puede presentar argumentos para la custodia compartida basada en pruebas de convivencia y afecto. También negocia acuerdos alternos si no existe consenso.
Si el padre no está casado, aún existen derechos de paternidad. Un abogado orienta sobre reconocimiento, pruebas de paternidad y responsabilidades.
Es posible mediante conciliación o acuerdos privados con supervisión del abogado. Sin embargo, los acuerdos pueden requerir aprobación judicial para su ejecución.
Los costos varían por honorarios, tasas judiciales y pruebas. También hay costos de estudio de pruebas y posibles honorarios de peritos.
Los procesos de familia suelen tardar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la complejidad y del volumen de casos en el juzgado. Las audiencias y pruebas pueden alargar el tiempo.
Si ya existe acuerdo y está documentado, aún podría requerirse una audiencia para formalizar ante el juez. Un abogado facilita la redacción del acuerdo y su aprobación.
La patria potestad es la autoridad legal sobre decisiones de crianza, educación y salud. La guarda es la residencia y el ejercicio práctico de esas decisiones.
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