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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
En San Miguel de Tucumán, los derechos del padre se vinculan principalmente con la patria potestad, la guarda y crianza de los hijos, y el régimen de visitas o contacto. Intervienen también las obligaciones de alimentos y la necesidad de proteger el interés superior del menor. Estas cuestiones se regulan por normas nacionales y, en su aplicación práctica, por los tribunales de familia de Tucumán.
La base legal central es el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad compartida de ambos progenitores y el foco en el bienestar del menor. En la práctica, los jueces tienden a favorecer acuerdos entre las partes, cuando es posible, para evitar conflictos prolongados. El asesoramiento jurídico ayuda a comprender opciones y procedimientos específicos de la provincia.
La patria potestad se ejerce por igual por ambos progenitores, salvo circunstancias que afecten el bienestar del menor.
Fuente: Argentina.gob.ar - Derechos de niñas, niños y adolescentes
El Código Civil y Comercial de la Nación regula la guarda, la patria potestad y el régimen de visitas, priorizando el interés superior del niño.
Fuente: InfoLEG - Código Civil y Comercial de la Nación
La crianza compartida, cuando sea posible y adecuada, se asocia con mejores resultados para el desarrollo de niñas y niños y fomenta la cooperación entre padres.
Fuente: UNICEF Argentina
Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) - vigente desde el 1 de agosto de 2015. Regula la patria potestad, la guarda y el régimen de visitas, con enfoque en el interés superior del menor. Aplica en Tucumán como en el resto del país, y se complementa con normativas provinciales y nacionales.
Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - sancionada en 2005, con reformas posteriores. Establece el marco para la protección, la guarda, las obligaciones de cuidado y las decisiones que afectan a menores, priorizando su mejor interés.
Constitución Nacional - artículo 75, inciso 22 y principios de tratados internacionales ratificados por Argentina. Garantizan derechos fundamentales de la infancia y obligan a las autoridades a proteger su desarrollo y bienestar. Estos principios orientan las decisiones en materia de familia y menores.
La Convención sobre los Derechos del Niño se aplica como estándar para la protección de niñas y niños en Argentina a través de la Constitución y la legislación nacional.
Fuente: Argentina.gob.ar
El CCCN establece la prioridad del interés superior del menor en todas las decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes.
Fuente: InfoLEG
La patria potestad es un conjunto de derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos. Se ejerce de forma compartida por ambos progenitores, salvo circunstancias que afecten al menor. En Tucumán, los jueces buscan acuerdos que faciliten la crianza y el cuidado del menor.
Se inicia con una demanda presentada ante el Juzgado de Familia. Es importante acompañarla de prueba de parentesco, certificados de nacimiento y antecedentes relevantes. Un letrado ayuda a redactar la petición y a coordinar con el fiscal y la defensa del menor.
Se solicita cuando cambian las circunstancias del progenitor o del menor, como cambios de residencia, trabajo o necesidades educativas. El tribunal evalúa si la modificación protege el interés superior del niño. Puede requerir pruebas y audiencias con el menor si corresponde.
La demanda se presenta en el Juzgado de Familia competente de San Miguel de Tucumán. Es recomendable realizar la apertura a través de un abogado para asegurar la correcta tramitación. El juez designará fechas de audiencia y posibles mediaciones.
El interés superior del niño es la brújula en procesos de familia. Prioriza la estabilidad, educación, salud y bienestar emocional del menor. Las resoluciones deben buscar condiciones que promuevan su desarrollo integral.
Sí. Las medidas cautelares pueden incluir custodia temporal, visitas supervisadas o prohibición de acercamiento. Se solicitan cuando hay riesgo inmediato para el menor. Estas medidas suelen resolverse en etapas iniciales del expediente.
Sí. Un asesor legal revisa antecedentes, prepara argumentos y ayuda a negociar acuerdos razonables. La mediación busca acuerdos voluntarios y reduce tiempos del proceso. Un profesional facilita un plan viable para el menor.
Las partes pueden acordar una cuota, que luego puede homologarse judicialmente. El Tribunal considera ingresos, necesidades del menor y gastos habituales. Un abogado puede asesorar sobre fórmulas equitativas y cumplimiento.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia. Es común establecer una retención inicial y honorarios por etapas. Pregunte por costos extra como gestiones, mediación y peritajes.
La patria potestad abarca derechos y deberes sobre la educación, salud y representación de menores. La guarda regula dónde y con quién vive el menor y su convivencia diaria. En general, la patria potestad es compartida si no hay impedimentos.
Se deben documentar las faltas de cooperación y buscar asesoría para presentar medidas judiciales. Un abogado puede gestionar notificaciones, mediaciones y, si corresponde, sanciones por incumplimiento. La prioridad es proteger al menor y restablecer el contacto razonable.
Se evalúa si la mudanza afecta el interés del menor. Puede requerirse modificación de la guarda o del régimen de visitas. El objetivo es mantener la estabilidad educativa y emocional del menor con el menor impacto posible.
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