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El derecho de Juegos de azar en Estepona se rige principalmente por normas españolas, con supervisión también de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En España, la regulación de las actividades de juego corresponde a la normativa nacional y a su implementación por organismos autonómicos y municipales. En Estepona, las licencias para locales y operaciones de juego deben cumplir tanto la normativa nacional como las reglas locales y regionales.
La autoridad central relevante para el juego online es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que se encarga de la supervisión, autorizaciones y control de operadores. Para establecimientos físicos, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía juegan roles clave en licencias, horarios y cumplimiento de publicidad. En conjunto, la regulación busca proteger a usuarios, menores y personas vulnerables.
La Ley 13/2011 regula el juego en España y establece el régimen de autorización, explotación, vigilancia y control.
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego
La Dirección General de Ordenación del Juego supervisa las actividades de juego para proteger a los usuarios.
Fuente: DGOJ
Ley 13/2011, de 27 de diciembre, de regulación del juego - norma principal que estructura el régimen de autorización, explotación, vigilancia y control de las actividades de juego en España. Esta ley establece el marco para licencias de operadores y obligaciones de protección de usuarios.
Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 13/2011 - regula los procedimientos de licenciamiento, supervisión y cumplimiento de las actividades de juego. Define requisitos técnicos, de capacitaciones y responsabilidades de operadores y locales.
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad - regula, entre otros aspectos, la publicidad de las actividades de juego para evitar daños a menores y usuarios vulnerables. Ha sido objeto de reformas para endurecer restricciones y protección del público.
La publicidad de los juegos de azar está regulada por la Ley General de Publicidad para evitar daños a menores.
Fuente: BOE
La Ley 13/2011 regula el juego en España y establece el régimen de autorización, explotación, vigilancia y control.
Fuente: DGOJ
La Ley 13/2011 regula las actividades de juego en España y los requisitos para operar. Cubre apuestas, casinos, loterías y juegos en línea. También establece obligaciones de protección al usuario y prevén infracciones y sanciones.
Debe solicitarla ante el ayuntamiento y cumplir requisitos de la Junta de Andalucía. También se evalúan posibles licencias para juego en sala y máquinas recreativas. Un abogado puede coordinar las gestiones administrativas.
La Ley 13/2011 y su reglamento entraron en vigor tras su publicación en 2011. Las normas se han ido complementando con reglamentos y guías de la DGOJ desde entonces.
Las licencias para apuestas online se gestionan a nivel nacional por la DGOJ. Los operadores deben cumplir requisitos técnicos y de protección al usuario. La tramitación de la licencia se realiza ante el organismo competente.
Un abogado puede analizar la infracción, presentar alegaciones y gestionar recursos ante la DGOJ o tribunales. Esto puede reducir multas, aclarar responsabilidades y proteger derechos.
Sí. El Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía, evalúa ubicación, cumplimiento de normativas y publicidad. Un letrado puede presentar alegaciones y estudiar recursos en caso de denegación.
Sí. Los cambios en la normativa de publicidad pueden afectar contratos y campañas de marketing. Un asesor legal puede adaptar la estrategia y garantizar cumplimiento.
En muchos casos sí. Un abogado puede preparar recursos administrativos o contenciosos, reunir pruebas y representar en tribunales o ante el propio DGOJ.
La licencia online se concede por la DGOJ con requisitos tecnológicos y de protección de usuarios. La licencia física suele requerir permisos municipales y reglamentos autonómicos para locales de juego.
Los honorarios varían según complejidad y experiencia. Muchos abogados ofrecen consultas iniciales y tarifas por hora o por proyecto específico. Pida presupuestos por escrito antes de aceptar servicios.
Normalmente se requieren datos del solicitante, proyecto técnico, planos del local, certificado de seguridad, y antecedentes penales. El abogado puede preparar un dossier completo para evitar retrasos.
La autoexclusión suele gestionarse a través de plataformas oficiales y con datos de identidad. Un letrado puede explicar derechos, plazos y procedimientos para activar o revocar la exclusión.
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