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El derecho de Juegos de azar en Las Palmas de Gran Canaria forma parte de la normativa española y de su aplicación regional. Incluye licenciamiento, supervisión, publicidad, protección de menores y prevención de blanqueo de capitales en el sector. En Canarias, la normativa nacional se aplica y puede complementarse con reglas autonómicas y municipales. Los operadores deben cumplir requisitos de solvencia, transparencia y juego responsable para operar legalmente.
Solicitud o denegación de licencias para salones de juego en Las Palmas. Si una solicitud de apertura es rechazada, un letrado puede impugnar la decisión y orientar sobre recursos administrativos o judiciales.
Sanciones administrativas o cierre de locales por infracciones. Un asesor legal puede analizar la falta y proponer medidas correctoras y recursos contra sanciones desproporcionadas.
Disputas contractuales con operadores de apuestas online. Un abogado puede revisar términos de uso, cláusulas de bonificación y condiciones de pago para evitar incumplimientos.
Publicidad y promociones de juego. Si una campaña infringe normativa de publicidad, un letrado puede gestionar reclamaciones y defender frente a infracciones.
Investigaciones por blanqueo de capitales o cumplimiento AML. Un asesor legal puede preparar defensa y demostrar cumplimiento de protocolos de KYC y reportes.
Protección de menores y prevención de adicciones. Un abogado puede asesorar sobre medidas de cumplimiento y defensa en reclamaciones por manejo inadecuado de juego responsable.
“La regulación de los juegos de azar en España se realiza para proteger a los consumidores y garantizar la integridad de las operaciones.” - Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)
“Las comunidades autónomas y los ayuntamientos pueden establecer normas complementarias para la ordenación de actividades de juego dentro de su competencia.” - Gobierno de Canarias
Es la norma nacional que regula la actividad de juego, tanto presencial como online. Afecta a casinos, salones de juego, casas de apuestas y usuarios. Además, establece requisitos de licencia, publicidad y protección de menores.
Debe presentar una reclamación formal ante la DGOJ, aportando pruebas de la publicidad cuestionada. Un asesor legal puede ayudar a estructurar el escrito y a gestionar el seguimiento administrativo. La DGOJ evalúa la conformidad de la campaña y puede imponer sanciones.
Los honorarios varían según la complejidad del caso y la experiencia del letrado. Un primer informe o consulta puede costar entre 100 y 250 euros, y las fases posteriores se pactan por horas o por asunto. Es frecuente acordar un presupuesto cerrado para procesos específicos.
No siempre es obligatorio, pero aumenta las probabilidades de éxito y reduce riesgos. Un abogado puede revisar la documentación, asesorar sobre requisitos y gestionar recursos si se concreta la denegación. La inversión suele compensarse con mayor claridad en el proceso.
La suspensión puede deberse a incumplimientos de seguridad, fiscalidad o normativas de juego responsable. El titular debe analizar los motivos y preparar una defensa, reuniendo pruebas y proponiendo medidas correctoras. Un letrado puede gestionar recursos y renegociar plazos o condiciones.
Cuando la cuantía es elevada o la sanción podría afectar a la viabilidad del negocio. También si se aprecian errores de procedimiento o interpretación de la normativa. Un profesional puede presentar recursos y negociar reducciones o sustituciones de sanciones.
Los recursos se presentan ante la autoridad administrativa que dictó la sanción y, si procede, ante la vía contencioso-administrativa. Un letrado facilita la correcta estructuración del recurso y el cumplimiento de plazos. Es clave elegir la vía adecuada para evitar pérdidas de oportunidad.
Sí, un abogado puede asesorar sobre cumplimiento AML, revisiones de KYC y trazabilidad de operaciones. También puede coordinar con supervisores para demostrar diligencia debida. La defensa ante cargos debe basarse en pruebas y cumplimiento de normativas.
Sí, porque la publicidad dirigida a menores está sujeta a controles estrictos. Un asesor legal puede revisar campañas y detectar posibles infracciones. También puede activar medidas correctoras para evitar sanciones futuras.
Sí, se puede recurrir ante la vía administrativa o ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Un abogado podrá valorar la viabilidad y preparar el escrito con argumentos técnicos y legales relevantes. El plazo suele ser corto, por lo que la asesoría temprana es clave.
Un abogado tiene habilitación para representar en tribunales y gestionar procesos judiciales. Un asesor legal puede revisar contratos y asesorar en cumplimiento normativo, pero no siempre representa en litigios ante la justicia. En casos complejos, combinar ambas figuras suele ser útil.
La responsabilidad civil depende de los daños causados y de la posible culpa o negligencia. Se valoran pérdidas económicas, perjuicios morales y costes médicos si los hubiere. Un letrado puede estimar la reclamación y gestionar la compensación correspondiente.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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