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El derecho de Contrato gubernamental regula la adquisición de bienes, obras y servicios por parte de entidades públicas en Barbosa. Incluye las reglas para licitaciones, contratación directa, garantías y recursos frente a actos administrativos. Su objetivo es asegurar transparencia, competencia leal y cumplimiento de obligaciones por parte de la Administración y los contratistas.
En Barbosa, los contratos públicos siguen la normativa nacional aplicable a los entes locales y las disposiciones propias de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Antioquia. Esto implica pliegos de condiciones, pautas de adjudicación y garantías diseñadas para proyectos locales como obras de infraestructura, servicios municipales y suministros críticos.
La contratación pública en Barbosa se rige por normas nacionales aplicables a entidades territoriales. Entre las leyes clave destacan las siguientes, que regulan principios, procedimientos y controles.
Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Regula principios de transparencia, igualdad de oportunidades y selección objetiva en la contratación estatal. Vigente desde 1993 y sujeto a modificaciones por normatividad posterior.
Decreto 1082 de 2015 - Reglamento General de la Contratación Pública. Unifica y actualiza los procedimientos de contratación para la Administración; aplica a entidades de Barbosa y otras jurisdicciones. Vigencia en general y su marco ha sido objeto de actualizaciones por resoluciones y circulares.
Ley 1474 de 2011 - Fortalece la transparencia y la lucha contra la corrupción en la contratación pública, con reglas sobre integridad, libre concurrencia y responsabilidad de actores. Vigente desde 2011, con reformas parciales a lo largo del tiempo.
“La contratación pública en Colombia se rige por la Ley 80 de 1993 y su reglamentación.”
“El Secop es el sistema de información de contratos públicos, donde se publican pliegos, antecedentes y contrataciones.”
“La Ley 1474 de 2011 fortalece la transparencia y la responsabilidad en la contratación pública.”
La contratación pública es el proceso por el cual la Alcaldía de Barbosa y otras entidades públicas adquieren bienes, obras o servicios. Participan entidades locales, contratistas y vigilantes de la contratación. Se exige competencia, transparencia y cumplimiento de pliegos.
La Ley 80 de 1993 crea el marco general de contratación para la Administración Pública. Define principios, fases y recursos en las licitaciones municipales de Barbosa. Es base para adjudicaciones, ejecución y control de contratos.
Se debe presentar dentro de los plazos legales tras la publicación de la adjudicación. El recurso busca revisar aspectos procedimentales o de interpretación de criterios. Un abogado especializado puede evaluar la viabilidad y el plazo correcto.
El Secop es el portal de contratación pública de Colombia. Publica antecedentes, pliegos, actos de apertura y adjudicación. Permite la consulta de licitaciones vigentes y el historial de contratos en Barbosa.
Sí, siempre que cumpla requisitos de elegibilidad, capacidad y experiencia exigidos en cada proceso. La participación cruzada requiere diligencia para cumplir normativas y presentar ofertas competitivas.
Los honorarios varían según la complejidad y el alcance. Un asesor inicial puede costar entre 1 y 3 millones de pesos mensuales, con honorarios adicionales por actuaciones específicas. Es recomendable definir un presupuesto y un plan de trabajo claro.
La licitación pública requiere un proceso competitivo y publicación amplia. La contratación directa se aplica en casos acotados por la normativa, como urgencia o exclusividad técnica. Cada modalidad tiene requisitos y controles diferentes.
La demora puede activar intereses moratorios y posibles reclamaciones. El contrato debe prever cláusulas de pago y mecanismos de reclamación ante la entidad o la jurisdicción competente.
Se requieren certificaciones de existencia y representación, constancias de cumplimiento fiscal, antecedentes de experiencia y solvencia, y la capacidad técnica para ejecutar el contrato. También se solicita la propuesta técnica y económica.
No es obligatorio, pero es altamente recomendable. Un asesor legal ayuda a interpretar pliegos, evitar errores y presentar recursos de forma adecuada. Puede reducir riesgos y costos a largo plazo.
Debe demostrar capacidad técnica, experiencia relevante y solvencia económica. La normativa exige cumplir criterios objetivos para cada tipo de contrato y para cada proceso de selección.
Los plazos varían por el tipo de contrato y recursos interpuestos. En Barbosa, una licitación de obra pública suele tardar entre 60 y 120 días, contando desde la apertura hasta la adjudicación, si no hay impugnaciones.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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