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En la República Dominicana, el derecho de Contrato gubernamental regula los acuerdos entre el Estado y particulares para la adquisición de bienes, obras y servicios. Estos contratos se financian con fondos públicos y están sujetos a procesos de licitación y supervisión institucional. El objetivo es garantizar competencia, transparencia y eficiencia en el uso de recursos fiscales.
El marco normativo contempla modalidades como licitación pública, licitación restringida y contratación directa, cada una con reglas específicas para la elegibilidad y la evaluación. Además, los contratos deben incluir cláusulas de cumplimiento, plazos, penalidades y mecanismos de resolución de controversias. Los procesos buscan evitar conflictos de interés y asegurar la equidad entre las partes.
Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas - Regla el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios por el Estado y sus entidades. Vigente desde 2006, con reformas y actualizaciones para mejorar transparencia y competencia. Su reglamento complementario da detalles de las etapas de licitación, evaluación y adjudicación.
Decreto No. 543-12 - Regula la Ley 340-06 y establece procedimientos para concursos, publicación de bases y recursos contra decisiones. Entró en vigor tras su publicación en 2012 y configura el marco técnico de las licitaciones y la contratación pública.
Constitución de la República Dominicana - Proporciona el marco constitucional para la actividad estatal y la contratación pública, con principios de legalidad, igualdad y responsabilidad. Sus garantías sirven de base para interpretar las normas administrativas y los contratos del Estado.
Ley No. 41-08 de Función Pública - Regula la carrera administrativa, la ética y la gestión de personal público. Aunque su foco es la función pública, impacta la contratación al definir requisitos y conflictos de interés en procesos estatales.
Es un acuerdo entre el Estado y un particular para obtener bienes, obras o servicios financiados con fondos públicos, sujeto a reglas de licitación y supervisión.
Se publican bases, se presentan ofertas, se evalúan criterios y se adjudica al ganador conforme a normas de transparencia y competencia.
Cuando participas en licitaciones, impones o negocias cláusulas de gran impacto económico o necesitas impugnar una adjudicación.
Las licitaciones se publican en portales oficiales de la administración y, cuando corresponde, en publicaciones de alcance nacional. Tu letrado puede indicarte los sitios adecuados.
La revisión evita errores, cláusulas abusivas y ventajas indebidas, y reduce riesgos de impugnación o incumplimiento.
Sí, bajo condiciones de elegibilidad y cumplimiento de requisitos legales, competencia y responsabilidad fiscal aplicables a todos los oferentes.
Sí, existen recursos y procedimientos para cuestionar resultados en determinadas circunstancias y dentro de plazos específicos.
Los honorarios varían por experiencia, alcance del trabajo y complejidad del procedimiento. Se recomiendan presupuestos por fases.
La licitación puede durar desde semanas hasta varios meses, dependiendo del tipo de procedimiento y de objeciones durante el proceso.
Sí, para asegurar cláusulas claras, límites de responsabilidad y mecanismos de ajuste ante cambios de condiciones.
El contrato de obra implica ejecución de obra o construcción; el de suministro se refiere a la entrega de bienes y/o servicios, sin ejecución física de obra.
Podría haber remedios contractuales, renegociación, compensación o recursos ante la autoridad competente.
La adquisición de bienes y servicios por parte del sector público debe regirse por principios de competencia, transparencia y eficiencia.
La transparencia en la publicación de bases, claridad de criterios de evaluación y participación amplia reducen la corrupción.
La contratación pública debe basarse en un marco normativo claro que garantice igualdad de trato y debido proceso.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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