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La tutela es una institución jurídica diseñada para proteger a menores de edad y a personas incapacitadas. En San Martín, la protección de estas personas se canaliza a través de la intervención de un tutor que administra bienes y toma decisiones importantes en su nombre. Los expedientes se tramitan ante los tribunales civiles y, cuando corresponde, ante los Juzgados de Familia de la jurisdicción provincial.
Un asesor legal especializado en Tutela puede evaluar la capacidad, organizar la documentación necesaria y orientar sobre los plazos procesales. En San Martín, como en toda la Provincia de Buenos Aires, la tutela requiere intervención judicial y vigilancia constante para salvaguardar derechos fundamentales.
La tutela puede ser necesaria en escenarios concretos donde se requiere defensa de derechos y administración adecuada de bienes. Un abogado puede ayudar a presentar la demanda, gestionar pruebas y gestionar recursos frente a decisiones judiciales.
Un menor sin representación adecuada ante una separación de los padres; un asesor legal puede solicitar la designación de un tutor y, si procede, la intervención del fiscal de menores para proteger el interés superior del niño.
Una persona mayor con demencia que no puede gestionar sus bienes; un letrado prepara la solicitud de tutela y evalúa alternativas de protección, como la curatela o tutor provisional, según el caso.
Un adulto con discapacidad que necesita apoyo para actos importantes; el abogado puede plantear medidas de apoyo adecuadas y, si corresponde, tutela o curatela.
Conflictos entre familiares sobre la figura de tutela o cambios de tutor; un asesor legal orienta sobre pruebas, recusaciones y modificaciones ante el tribunal.
Urgencias médicas o protección de bienes ante riesgo inmediato; un abogado puede solicitar tutela provisional para salvaguardar derechos hasta resolver la tutela definitiva.
Necesidad de revisar o adaptar una tutela existente por cambios en la capacidad; el letrado tramita las modificaciones ante el juzgado competente.
La tutela, como figura de protección, tiene por objeto garantizar la persona y sus bienes cuando no hay capacidad suficiente para decisiones autónomas.
Fuente: Poder Judicial de la Nación, pjn.gov.ar
La Ley 26.061 establece que la protección se materializa a través de la intervención judicial y de las instituciones competentes para salvaguardar el interés superior del niño.
Fuente: InfoLEG / Argentina.gob.ar, infoleg.gob.ar
La Ley 22.431 garantiza medidas de apoyo para que las personas con discapacidad ejercen sus derechos en condiciones de igualdad.
Fuente: InfoLEG / Argentina.gob.ar, infoleg.gob.ar
La tutela protege a menores y a adultos incapaces cuando no pueden gestionar sus propios asuntos. Aplica, por ejemplo, ante la ausencia de padres o ante incapacidad declarada judicialmente. Un abogado puede orientar sobre si corresponde tutela, curatela o custodia.
Se inicia con una demanda ante el tribunal civil de la jurisdicción. Debe adjuntar acta de nacimiento, identificación de los progenitores, informes médicos y documentación de ingresos. Un asesor legal facilita la presentación y las pruebas necesarias.
La tutela provisional puede concederse ante riesgo inmediato para el menor o incapaz. Otorga un tutor temporal hasta resolver la tutela definitiva. El tribunal evalúa urgencia y pruebas médicas antes de resolver.
Ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial con competencia en familia de la sede judicial de San Martín. El expediente se registra con número asignado y se contrata la defensa adecuada.
La curatela ofrece apoyo para actos específicos y no implica tutela plena. La tutela protege bienes y decisiones fundamentales; la curatela acompaña en actos concretos con supervisión judicial.
Los costos incluyen tasas judiciales, honorarios de abogado y gastos de notificación. En algunos casos hay exenciones o reducciones para tutelas de menores o personas con bajos ingresos.
La duración varía según la complejidad y la carga del juzgado. En condiciones normales, puede oscilar entre 6 y 12 meses, con plazos para informes médicos y audiencias.
Si, es altamente recomendable. Un asesor legal conoce los requisitos, plazos y recursos disponibles. Puede gestionar medidas urgentes y presentar la demanda adecuadamente.
El tutor administra bienes y representa a la persona protegida. El curador ofrece apoyo limitado para actos determinados. Ambos requieren autorización judicial y control de desempeño.
Sí, la tutela puede terminar por fallecimiento o incapacidad del tutor, o cuando la persona protegida alcanza la mayoría o recupera capacidad. Se debe designar un nuevo tutor si corresponde.
Se requieren informes médicos, evaluaciones psicológicas y antecedentes relevantes. Un dictamen profesional autorizado y un informe social son esenciales para la solicitud.
Sí, cualquier familiar puede impugnar motivos de incapacidad o idoneidad del tutor. El tribunal evalúa la evidencia y puede ordenar nuevas entrevistas o pruebas.
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