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El derecho de sucesiones regula la transmisión de bienes y deudas al fallecer una persona. En Asunción, la capital, las actuaciones se rigen por el Código Civil paraguayo y la normativa de registro y notariado vigente en el país. Este ámbito abarca testamentos, declaratoria de herederos, inventarios y la partición de bienes entre herederos.
La labor de un asesor legal en sucesiones es identificar herederos, valorar bienes y ordenar la partición de forma que se respeten derechos de los herederos necesarios. También ayuda a evitar conflictos entre familiares y a reducir demoras procesales cuando se requieren actuaciones judiciales.
Código Civil de la República del Paraguay regula las sucesiones, la aceptación y repudiación de la herencia, la legítima y la partición entre herederos. En la práctica, orienta la forma en que se abren las sucesiones y se distribuyen los bienes entre los herederos.
Constitución Nacional garantiza derechos de propiedad y protege a la familia, estableciendo principios generales aplicables a las herencias y a la protección de herederos forzosos.
Ley de Notariado y procedimientos de protocolización regula la actuación de los notarios en la formalización de testamentos, actos de aceptación de herencia y partición de bienes. Su finalidad es aumentar la seguridad jurídica y evitar fraudes.
En los últimos años se han visto reformas menores y resoluciones judiciales que buscan acelerar trámites y aclarar criterios sobre la valoración de bienes y la distribución entre herederos. Los cambios suelen enfocarse en la claridad de documentos y en la formalización de actos ante el notariado.
La legítima protege a los herederos necesarios, asegurando una porción de la herencia para ellos aun ante disposiciones en testamentos.
La protocolización notarial de testamentos otorga mayor certeza jurídica y facilita la ejecución de la partición sin conflictos entre herederos.
La partición debe respetar las cuotas de cada heredero y las reglas de preferencia legal establecidas en el Código Civil Paraguayo.
Fuentes oficiales: Organización de Estados Americanos (OAS) y consultas jurídicas sobre principios de sucesiones en América Latina.
La legítima es la porción de la herencia reservada por la ley para ciertos herederos. En Paraguay, los herederos forzosos suelen incluir cónyuge, descendants y, en ciertos casos, ascendientes.
Primero deben reunirse documentos clave y consultar a un abogado. Después se solicita la declaratoria de herederos y se gestionan inventario, avalúo y partición ante notaría o juez.
Se debe abrir cuando exista un testamento o al fallecimiento de la persona. El trámite puede realizarse ante un notario, y si hay conflicto, ante la autoridad judicial competente.
La partición puede tramitarse ante un escribano notarial o ante la justicia civil, según la complejidad y la existencia de disputas entre herederos.
Podría fallar por vicios de consentimiento, falta de capacidad o formalidad. Un abogado evalúa la validez y, si corresponde, gestiona la impugnación ante la autoridad competente.
Sí, pero pueden aplicarse reglas sobre doble adquisición, valores y permisos. Un asesor legal revisará restricciones por propiedad extranjera y procesos de transferencia.
El testamento abierto es más común por su facilidad de ejecución, mientras que el cerrado protege confidencialidad. Un letrado explicará cuál se ajusta a su situación familiar.
No siempre, pero contar con asesoría profesional en cada etapa reduce riesgos. Un abogado puede coordinar entre notaría, Registro y tribunales para agilizar el proceso.
La herencia representa el conjunto de bienes recibidos por los herederos, mientras que el legado puede ser una parte específica dejada a un legatario. El legado puede formar parte de la herencia global.
Se deben considerar honorarios del abogado, tasas notariales, gastos de avalúo y posibles costas judiciales. Un presupuesto claro evita sorpresas y facilita la planificación.
La duración varía por complejidad y conflictos entre herederos. Procesos simples pueden durar 3-6 meses, mientras disputas complejas pueden extenderse a 12-18 meses.
En algunos casos sí, especialmente si hay conflicto o bienes sitos fuera de la jurisdicción notarial. Un abogado guiará el camino práctico y los plazos aplicables.
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