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En Cabo San Lucas, el derecho de Estructuración de Inversiones y Negocios se refiere a planificar y organizar inversiones y operaciones empresariales para maximizar beneficios y reducir riesgos. Incluye la constitución de entidades, la distribución de acciones, y la coordinación entre socios nacionales y extranjeros. También abarca permisos, cumplimiento fiscal y regulatorio, así como la protección de inversiones frente a disputas.
La estructuración adecuada busca alinear objetivos comerciales con marcos legales aplicables en México, Baja California Sur y Los Cabos. Esto implica considerar la Ley de Inversión Extranjera, el marco mercantil mexicano y las normativas municipales de uso de suelo y construcción. Un enfoque robusto facilita el acceso a financiamiento, proveedores y mercados locales e internacionales.
La Ley de Inversión Extranjera establece el marco para la participación de extranjeros y los mecanismos de inversión en sectores permitidos y restringidos. Secretaría de Economía
El Código de Comercio regula actos mercantiles y la constitución de sociedades, entre otros aspectos. Secretaría de Economía
La LGSM regula la estructura, administración y disolución de sociedades mercantiles en México. Secretaría de Economía
Los reglamentos municipales regulan uso de suelo y licencias de construcción para negocios en Los Cabos. Ayuntamiento de Los Cabos
El Plan Municipal de Desarrollo orienta proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y servicios en Los Cabos. Ayuntamiento de Los Cabos
“La regulación de inversiones extranjeras exige una adecuada estructuración societaria y cumplimiento de permisos municipales para operar en Cabo San Lucas.” Fuente: Secretaría de Economía y Ayuntamiento de Los Cabos
“Las normas de uso de suelo y construcción de Los Cabos son determinantes para decidir la viabilidad de un proyecto turístico.” Fuente: Ayuntamiento de Los Cabos
La inversión extranjera permite que no residentes inviertan en sectores autorizados con ciertos límites. En Cabo San Lucas, se aplica a través de fideicomisos o estructuras societarias, conforme a la LIE y LGSM. El asesor legal ayuda a elegir la vía adecuada para cada proyecto.
Se debe definir la forma societaria (SA de CV o S.A.), estatutos y distribución de acciones. También se requiere registro ante el Registro Público de Comercio y cumplimiento de obligaciones fiscales. Un abogado especializado facilita la redacción de actas y contratos sociales.
Antes de adquirir tierra o iniciar obras, revise el uso de suelo permitido y requisitos de construcción. Las modificaciones en el reglamento pueden afectar permisos y costos. Contar con asesoría evita atrasos y sobrecostos.
Los contratos deben registrarse ante el Registro Público de Comercio y las sociedades deben inscribirse en el Registro Público de Comercio correspondiente. El SAT y autoridades fiscales también deben recibir documentación para efectos de impuestos. Un letrado facilita este proceso.
La LIE define qué inversiones extranjeras requieren aprobación previa y qué operaciones pueden realizar los extranjeros. El incumplimiento puede generar nulidad de actos o sanciones. Un asesor legal garantiza cumplimiento y mitigación de riesgos.
Sí. Un abogado puede diseñar cláusulas de gobierno corporativo, mecanismos de resolución y acuerdos de confidencialidad. También puede asesorar en mediación o arbitraje para evitar litigios largos. Esto protege la inversión y la operación continua.
Una revisión de cumplimiento anticipa riesgos regulatorios y fiscales. Ayuda a detectar posibles incidencias en permisos, licencias y estructuras fiscales. Es especialmente útil para inversiones en el sector turístico de Los Cabos.
Sí. Proyectos turísticos y de gran tamaño suelen requerir evaluación ambiental y permisos de impacto. El incumplimiento puede detener obras y generar multas. Un asesor puede coordinar con autoridades ambientales y municipales.
La SA de CV permite mayor flexibilidad en emisión de acciones y capital, útil para inversores extranjeros. La S. de RL limita la responsabilidad al capital social y puede ser preferible para estructuras simples. Un abogado ayuda a elegir según objetivos y gobernanza.
Los permisos de uso de suelo y construcción pueden tardar entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la complejidad y la carga de trabajo municipal. Un abogado puede coordinar revisiones y acelerar trámites al presentar documentación completa.
Un poder notarial facilita la toma de decisiones y gestiones sin presencia física. Debe especificar facultades como suscripción de actos mercantiles, firma de contratos y representación ante autoridades. El letrado redacta un poder adecuado.
Los honorarios varían por proyecto y experiencia. Pueden oscilar entre 20,000 y 150,000 MXN para estructura societaria, due diligence y trámites básicos. Se recomienda obtener propuestas y cronogramas por escrito.
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