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Puerto Vallarta, localizado en Jalisco, es un polo turístico y de servicios con oportunidades para inversiones inmobiliarias, hoteleras y de entretenimiento. La estructuración de inversiones y negocios combina normas federales, reglamentos estatales y requisitos municipales. Un asesor legal experimentado puede diseñar estructuras societarias, gestionar permisos y asegurar el cumplimiento fiscal y regulatorio a lo largo de todo el proyecto.
En PV la forma de adquisición de bienes y la creación de entidades debe considerar reglas de propiedad, uso de suelo y permisos de construcción. Además, la planificación debe integrar aspectos de cumplimiento fiscal y laboral, así como de protección de inversiones. Contar con un abogado especializado facilita la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.
La jurisdicción de Puerto Vallarta se aplica principalmente por normas federales, complementadas por leyes estatales de Jalisco y reglamentos municipales. A nivel nacional, dos normas clave para la Estructuración de Inversiones y Negocios son la Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, que regulan la participación de extranjeros y la titularidad de bienes en zonas sensibles.
Además, la Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución y gobernanza de sociedades mercantiles utilizadas para estructurar inversiones. En zonas costeras, la propiedad de bienes inmuebles por extranjeros suele realizarse mediante fideicomisos o estructuras indirectas, siguiendo las disposiciones constitucionales y de la Ley de Inversión Extranjera.
La Ley de Inversión Extranjera regula la participación de extranjeros en inversión y la titularidad de tierras y aguas cercanas a la costa, permitiendo el uso de fideicomisos para la titularidad indirecta.
Fuente: Secretaría de Economía - Inversión Extranjera
El fideicomiso es una figura clave para permitir la propiedad indirecta de bienes inmuebles por extranjeros en zonas que requieren titularidad mexicana.
Fuente: Secretaría de Economía - Inversión Extranjera
La Constitución Mexicana establece que el dominio directo de tierras y aguas corresponde a la nación y restringe la propiedad extranjera en costa y frontera.
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) - Constitución
La Ley de Inversión Extranjera regula la participación de extranjeros en actividades económicas y la propiedad de tierras, especialmente en zonas costeras. En PV, los extranjeros pueden invertir libremente en la mayoría de los sectores, pero la propiedad de tierras cercanas a la costa se realiza por fideicomiso o estructuras mexicanas autorizadas. Consulte a un letrado para determinar la estructura adecuada para su caso.
Puede constituir una S.A. de C.V. o una S. de RL, según el tipo de actividad y la necesidad de responsabilidad limitada. Un abogado puede diseñar el estatuto social, distribuir acciones y definir la gobernanza, así como coordinar con contadores para planes fiscales.
Cuando el titular real sea extranjero, la ley impide el dominio directo de tierras en zonas costeras. En esos casos, un fideicomiso administrado por un banco mexicano permite la titularidad indirecta y el cumplimiento de la normativa. El asesor legal puede estructurar el fideicomiso y gestionar sus obligaciones.
Los permisos deben gestionarse ante la Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano o equivalente en Puerto Vallarta. Un abogado puede preparar la solicitud de uso de suelo, permisos de construcción y cumplimiento ambiental, y acompañar el trámite ante la autoridad local.
Los proyectos en PV deben adherirse a la legislación laboral y fiscal federal y estatal. Una revisión inicial evita sanciones y retrabajos. Un abogado puede coordinar con contadores para inscripciones, nómina, y cumplimiento de obligaciones fiscales.
Sí. El extranjero puede participar en una sociedad mexicana, siempre que la estructura cumpla con la LIE y las reglas aplicables. La mayoría de casos requieren una combinación de capital mexicano y extranjero, con salvaguardas para la gobernanza.
Una joint venture comparte riesgos y beneficios con un socio mexicano, con un acuerdo de operación específico. Una sociedad tradicional establece estructuras de propiedad y gobernanza internas; ambas requieren due diligence y asesoría legal para evitar conflictos.
Sí, mediante procesos de due diligence, valoración y cumplimiento regulatorio. Un abogado coordina la preparación de contratos, avisos a autoridades y la adecuada transferencia de activos y pasivos.
Depende del proyecto y la complejidad de permisos. En general, la aprobación de uso de suelo y la constitución societaria pueden tomar entre 4 y 12 semanas, si no hay complicaciones regulatorias. Es recomendable planificar con un calendario detallado.
Considera honorarios de asesoría para constitución, revisión de contratos, permiso de uso de suelo y due diligence. Los costos pueden variar entre unos pocos miles y decenas de miles de dólares, según la complejidad y la región.
Las normas federales regulan inversión extranjera y estructuración societaria, mientras que las normas locales gestionan permisos de uso de suelo, construcción y cumplimiento ambiental específico de Puerto Vallarta. Es clave coordinar ambos ámbitos para evitar atrasos.
Sí. Un asesor legal puede registrar y proteger marcas, patentes y derechos de autor, y redactar contratos con proveedores y franquiciados. Esto ayuda a preservar el valor de su negocio frente a competidores locales.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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