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El derecho de menores protege los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, como la posibilidad de vivir en un entorno seguro, recibir educación y atención de salud, y ser escuchados en las decisiones que afecten su vida.
En Córdoba, las normas nacionales se aplican junto con reglamentaciones provinciales y prácticas judiciales locales. Los procesos suelen involucrar tribunales de familia y defensorías especializadas en la protección de derechos de menores.
El enfoque central es garantizar la protección integral y el interés superior del niño, con mecanismos de intervención temprana, medidas de apoyo familiar y, cuando corresponde, resolución de guarda, adopción o medidas de protección.
Custodia y régimen de visitas tras separación: la madre y el padre pueden pedir cambios en la convivencia y la crianza. Un letrado puede ayudar a presentar pruebas y buscar un acuerdo razonable para el menor.
Protección contra violencia familiar: ante indicios de riesgo para un menor, se puede solicitar medidas de protección y una revisión de la situación familiar ante el tribunal.
Adopción o sustitución de patria potestad: cuando una familia busca adoptar o modificar la patria potestad, se requieren trámites y evaluaciones técnicas que guíe un asesor legal.
Tutela o curatela de un menor sin apoyo parental: en casos de discapacidad, abandono o incapacidad de los padres, es crucial asesorarse para designar un tutor o curador.
Intervención judicial por asuntos educativos o de salud: decidir sobre educación especial, tratamientos médicos o atención psicológica requiere intervenciones y audiencias calificadas.
Denuncias por abuso, negligencia o explotación: el abogado orienta sobre el proceso ante la fiscalía, el defensor y el tribunal para salvaguardar al menor.
Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - vigencia desde 2005. Esta norma establece el marco general de derechos, garantías y medidas de protección para menores en todo el país, aplicándose también en Córdoba.
Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) - vigente desde 2015; regula aspectos como patria potestad, guarda, tutela y adopción. Sus principios se aplican en Córdoba a menos que exista normativa provincial contraria, que debe respetarse.
Las autoridades locales, incluido el Poder Judicial de Córdoba, deben adaptar las disposiciones federales a procedimientos provinciales, con especial énfasis en mecanismos de protección y convivencia adecuada para menores.
La patria potestad comprende derechos y deberes sobre la crianza, educación y protección del menor. Normalmente la ejercen ambos progenitores, salvo decisión judicial contraria.
La solicitud se realiza ante el Tribunal de Familia o el organismo correspondiente. Debe presentar pruebas sobre la capacidad de cuidado y el interés superior del niño.
La presencia de riesgo puede activar medidas provisionales de protección y, en su caso, una modificación definitiva de la guarda para garantizar la seguridad.
Las denuncias se canalizan a través de la Fiscalía de la Nación o del Ministerio Público correspondiente, y pueden activar intervenciones de protección inmediata.
Un letrado orienta sobre derechos del menor, plazos procesales, pruebas y medidas de protección, reduciendo riesgos de violaciones de garantías.
Sí. Un abogado especializado guía la solicitud, la evaluación de aptitud, la adopción y la inscripción judicial y registral correspondiente.
Sí. Los costos pueden incluir honorarios, tasas judiciales y gastos de peritajes. Es clave aclararlos antes de iniciar el trámite.
Puede serlo cuando un menor está en riesgo o requiere administración de bienes. Un juez designa al tutor o curador y supervisa su actuación.
La guarda se refiere a la convivencia y crianza diaria; la tutela y la curatela protegen la administración de bienes o la representación legal del menor cuando hay incapacidad.
La adopción plena extingue la patria potestad de los padres biológicos y crea un vínculo definitivo con el adoptante; la adopción simple mantiene ciertas relaciones con la familia original.
Puede haber la continuación del proceso en ausencia, pero el tribunal suele fijar una nueva fecha y pedir a la parte ausente que comparezca o justifique su ausencia.
Los plazos varían según la complejidad del caso; en general, las medidas provisionales se disponen de forma rápida para garantizar la seguridad del menor, y las decisiones finales pueden demorar meses.
«La Ley 26.061 garantiza la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país, incluyendo Córdoba».
https://www.argentina.gob.ar/normativa/ley-26061
«El Código Civil y Comercial de la Nación regula la guarda, la adopción y la tutela de menores, con énfasis en el interés superior del niño».
https://www.argentina.gob.ar/normativa/codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
«La Convención sobre los Derechos del Niño sirve como marco de referencia para las políticas de infancia en Argentina».
https://www.unicef.org/argentina
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