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El derecho de menores en Girón se enfoca en la protección, el cuidado y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. En Colombia, la protección de la niñez es un principio rector previsto en la Constitución y desarrollada por leyes específicas. En Girón, estas normas se aplican por medio de instituciones nacionales y locales, con atención prioritaria a casos de vulneración de derechos.
Un asesor legal especializado puede ayudar a interpretar estas reglas y a diseñar un plan de acción práctico para familias y menores. Las actuaciones suelen involucrar al ICBF, a la Defensoría del Pueblo y a los jueces de familia del departamento de Santander. Contar con orientación profesional facilita tramitar guardas, adopciones, tutelas y medidas de protección de forma adecuada.
“La protección de la niñez y la adolescencia es una obligación del Estado, la sociedad y la familia.”Defensoría del Pueblo
La Constitución protege los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Establece la obligación de proteger a los menores y de promover su desarrollo integral. En Girón, este marco rige todas las actuaciones administrativas y judiciales que involucren a menores.
Esta ley es la norma marco para la protección de menores en todo el país. Ordena la prioridad de la protección, la prevención de abusos y la atención integral en salud, educación y bienestar. En Girón, aplica a procesos de adopción, acogimiento, guarda y medidas de protección.
Este código histórico establece las reglas generales sobre la protección y las obligaciones de las autoridades frente a menores. Está parcialmente actualizado por la Ley 1098 de 2006, y sigue siendo referencia para ciertas diligencias administrativas. En Girón, se utiliza para tramitar procedimientos de tutela y protección de derechos.
“La protección integral de la niñez y la adolescencia debe ser prioritaria en todos los casos de vulneración de derechos.”UNICEF Colombia
La ley exige que todas las políticas y servicios consideren de forma prioritaria el interés superior del menor. Abarca salud, educación, protección y participación. También establece mecanismos de intervención ante riesgos y abusos.
Debe acudirse al Juzgado de Familia correspondiente y presentar la solicitud de guarda. Reúna documentos del menor, pruebas de parentesco, actas de nacimiento y comprobantes de ingresos de los padres.
Si hay casos de violencia, negligencia o abuso, se debe solicitar protección de inmediato ante el ICBF y el juzgado. Las medidas pueden incluir descanso del menor y acompañamiento terapéutico.
Puede hacerse ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Defensoría del Pueblo, que canalizará la atención y coordinará con ICBF. También existen módulos de denuncia en algunas comisarías de familia.
Un letrado facilita el cumplimiento de requisitos, la coordinación con el ICBF y la defensa de intereses del menor durante el proceso judicial. Evita retrasos innecesarios y garantiza derechos.
Sí, en Colombia existen principios de participación y derecho a ser escuchado. El abogado debe asegurar que las opiniones del menor se consideren de forma adecuada, con protección emocional.
Un plan de crianza ayuda a definir visitas, autoridad parental y responsabilidades. Es útil para evitar conflictos y proteger el interés superior del menor cuando hay cambios familiares.
Los honorarios varían según la complejidad del caso, la experiencia y la duración del procedimiento. Es posible acordar consultas iniciales y planes de pago con el abogado.
Los plazos dependen del caso y la carga de trabajo judicial. En promedio, una adopción puede durar varios meses a más de un año; las tutelas, menos en algunos casos, pero pueden extenderse.
La tutela y la curatela son figuras judiciales con intervención del Estado; la guarda de hecho es informal. Las opciones requieren evaluación judicial para proteger al menor.
La patria potestad se ejerce por los padres o tutores legales, conforme a la ley. Requiere registro civil, consentimiento y cumplimiento de deberes de crianza y educación.
Las pensiones se fijan con base en ingresos de los padres, necesidades del menor y capacidad de pago. Un juez de familia evalúa la situación y establece montos y ajustes.
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