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El Derecho de menores es la rama jurídica que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes. En Mar del Plata, estas reglas se aplican a nivel nacional y se complementan con normativa provincial y municipal. El foco es garantizar educación, salud, salud mental, protección frente a abusos, guarda, adopción y procedimientos judiciales que involucren menores.
Por su naturaleza, este campo requiere asesoría especializada para entender qué derechos asisten a cada menor y cómo se cumplen de forma práctica. En Mar del Plata, los procesos suelen involucrar organismos de protección de derechos, ministerios de justicia y sistemas de familia, con especial atención al interés superior del menor.
Una asesoría legal puede marcar la diferencia en la protección de derechos de menores en Mar del Plata. A continuación se presentan escenarios concretos vividos en la ciudad.
En Mar del Plata, las normas que rigen el Derecho de menores provienen principalmente de leyes nacionales aplicables en toda la provincia de Buenos Aires, y de reglamentaciones provinciales y municipales. A continuación se destacan tres cuerpos legales relevantes por nombre.
Es importante entender que existen reglamentaciones provinciales y municipales que complementan estos textos nacionales. En Mar del Plata, las actuaciones suelen canalizarse a través de la Justicia de Familia, mecanismos de protección de derechos y servicios sociales provinciales. Estos marcos pueden actualizarse con resoluciones y reglamentaciones que afecten plazos y procedimientos.
«El interés superior del niño es la regla fundamental para decisiones que afecten a menores, incluso en procesos judiciales y administrativos.»
Fuente: UNICEF Argentina
«La protección de la salud y la educación de niñas, niños y adolescentes debe garantizarse de forma articulada con sus derechos prioritarios.»
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)
La guarda es la responsabilidad de cuidado y educación de un menor cuando los padres no pueden ejercerla. Se solicita ante el juez de familia mediante una petición formal con fundamentos y pruebas.
La patria potestad establece derechos y deberes de los progenitores sobre el menor. En casos de separación, separación de parejas o convivencia, pueden modificarse o suspenderse ciertas atribuciones por decisión judicial para proteger al menor.
Se inicia con una denuncia o solicitud ante la autoridad judicial o de protección de derechos. Debe acompañarse de información sobre el riesgo o vulneración y pruebas pertinentes.
La Ley 26.061 es de alcance nacional y se aplica en la Provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata. Regula medidas de protección y procedimientos para menores en situación de riesgo.
Los procesos de adopción y acogimiento se gestionan ante la autoridad de familia local y, en su caso, ante el tribunal competente. Se requieren informes y evaluaciones psicológicas y sociales.
Un letrado puede gestionar medidas de protección, informes técnicos, citación de partes y argumentos para asegurar la protección inmediata y adecuada del menor.
Sí. Un asesor legal puede gestionar autorizaciones médicas, tratamientos necesarios y recursos ante obras sociales o prestadores de salud para menores.
En general, sí. La tutela de un menor requiere intervención judicial y representación legal para garantizar derechos y supervisión.
La guarda se refiere al cuidado diario y la vida del menor, mientras la tutela implica responsabilidad y representación legal más amplia ante terceros y el Estado.
Los costos pueden incluir honorarios, tasas judiciales y gastos de peritajes. Un abogado puede prever estimaciones y opciones de pago o servicios gratuitos.
El menor debe ser escuchado conforme a su edad y madurez. El abogado debe salvaguardar su opinión y derechos, y el juez considerará su interés.
La duración varía según la complejidad y la carga de expedientes. En Mar del Plata, causas de guarda o protección suelen extenderse de meses a un año o más.
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