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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
En Buenos Aires, el derecho de Propietario y Arrendatario regula la relación entre quien alquila un inmueble y quien lo ofrece en locación. Este vínculo se apoya en normas nacionales, principalmente el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Ley de Alquileres vigente para viviendas y locales comerciales. El objetivo es equilibrar derechos, deberes y recursos ante incumplimientos, mantenimiento, renovaciones y desocupación.
El Código Civil y Comercial regula la locación de inmuebles, estableciendo derechos y obligaciones de locadores y locatarios. Incluye reglas sobre plazo, formas de terminación del contrato y obligaciones de conservación del inmueble. Es la base para contratos de locación en toda Argentina, incluida la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
La locación de inmuebles se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Fuente: Argentina.gob.ar - Código Civil y Comercial de la Nación. (normativa nacional)
La Ley de Alquileres regula contratos de vivienda y establece, entre otros puntos, plazos mínimos, actualización anual de rentas y derechos de ambas partes. En la práctica, impone pautas para la negociación del alquiler, garantías y procedimientos de renovación o rescisión.
La Ley de Alquileres regula la locación de inmuebles y establece un marco para su actualización y duración.
Fuente: Argentina.gob.ar - Ley de Alquileres 27.551. (normativa nacional)
La Ley de Defensa del Consumidor ofrece protección para usuarios y consumidores cuando la relación de locación se encuadra como prestación de servicios. En algunos casos, permite reclamar abusos, transparencia en costos y condiciones contractuales justas.
La defensa del consumidor protege a usuarios frente a cláusulas injustas y prácticas comerciales abusivas.
Fuente: Argentina.gob.ar - Ley de Defensa del Consumidor. (normativa nacional)
Un contrato de locación es un acuerdo para alquilar un inmueble. Debe incluir plazo, monto, forma de pago, garantía, responsabilidades de mantenimiento y cláusulas de rescisión y renovación.
La actualización se realiza según el índice oficial aplicable y la periodicidad establecida en el contrato. Verifique la fuente del índice y el periodo de aplicación.
La terminación depende del plazo, causas previstas y notificaciones. En general, la Ley de Alquileres y el Código Civil fijan escenarios de rescisión y plazos de aviso.
Las reclamaciones pueden iniciarse ante organismos de protección al consumidor o ante la autoridad judicial competente. Consiga asesoría para presentar pruebas y argumentos.
Un abogado identifica cláusulas ambiguas, cláusulas de rescisión, garantías excesivas y posibles incumplimientos normativos antes de que produzcan problemas.
Depende del contrato y del tipo de inmueble. Un asesor legal evalúa si la garantía es razonable y si existen alternativas más adecuadas.
Sí, pero las reparaciones deben estar rubricadas en el contrato y regirse por normativas de seguridad y habitabilidad. Pida claridad por escrito.
El depósito es un pago temporal que se devuelve al finalizar el contrato. La fianza o garantía puede ser una garantía real o caución que cubra posibles deudas.
Sí. Un abogado puede evaluar la procedencia, la notificación adecuada y las medidas cautelares para evitar desocupación injustificada.
Se deben seguir pasos contractuales y legales de cobranza. Un letrado puede asesorar sobre moratorias, intereses y recursos judiciales.
Puede, pero deben ser claras, justas y compatibles con la normativa vigente. Un asesor legal revisa la redacción para evitar sorpresas.
Prepare un listado de puntos clave, proponga plazos razonables y verifique índices y garantías. Un abogado facilita la negociación y redacción final.
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