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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
En Fuengirola, el alquiler de viviendas y locales se regula principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil. El propietario o arrendador tiene derecho a recibir la renta y a exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales. El inquilino, a su vez, tiene derecho a la posesión y al uso pacífico de la vivienda o local, con mantenimiento básico y protección frente a prohibiciones abusivas.
Para residentes de Fuengirola, estas normas se complementan con la Ley de Propiedad Horizontal y, a nivel autonómico, con medidas de vivienda de Andalucía. Un asesor legal puede ayudar a redactar contratos claros, analizar cláusulas abusivas y gestionar disputas ante los tribunales de Málaga o Fuengirola.
“La Ley de Arrendamientos Urbanos regula los contratos de alquiler de viviendas y locales.”
Fuente: Ministerio de Justicia (mjusticia.gob.es)
“La reforma de 2019 introdujo duraciones mínimas para los contratos de vivienda.”
Fuente: Ministerio de Justicia (mjusticia.gob.es)
“La Junta de Andalucía promueve medidas para proteger a los inquilinos y promover la vivienda asequible.”
Fuente: Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es)
Las fuentes oficiales sobre estas normas se pueden consultar en los portales gubernamentales correspondientes para confirmar textos y cambios vigentes.
Un contrato de arrendamiento urbano es un acuerdo para alquilar una vivienda o local en una ciudad. Cubre renta, fianza, plazo, responsabilidades de mantenimiento y uso del inmueble.
La fianza para vivienda suele ser de una mensualidad o más, según la normativa vigente. Se entrega al inicio del contrato y se devuelve al finalizar, descontando desperfectos justificados.
Un contrato termina al finalizar el plazo acordado o tras la renovación automática, si corresponde. El inquilino tiene derecho a la posesión durante la prórroga y a la devolución de la fianza, salvo deducciones legales.
Las reclamaciones se tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia competente de Málaga, que gestiona desahucios por falta de pago o por denuncia de incumplimientos. También puede haber procedimientos monitorios cuando aplazan rentas.
Una revisión profesional ayuda a evitar cláusulas abusivas, entender las obligaciones de mantenimiento y conocer derechos ante renovaciones o multas. Evita sorpresas legales.
El subarriendo depende de lo acordado en el contrato y de la normativa aplicable. Normalmente requiere consentimiento escrito del arrendador para evitar incumplimientos.
La posibilidad de prórroga depende de la duración mínima y de las cláusulas de renovación. Un asesor puede indicar qué opción se aplica en su caso concreto.
En España no es obligatorio registrar el contrato en una autoridad pública para que sea válido, pero la documentación facilita pruebas y gestiones judiciales.
Los aumentos deben respetar los límites legales vigentes y las cláusulas del contrato. Un abogado puede confirmar la legalidad y las opciones de renegociación.
El desahucio es el proceso judicial para recuperar la posesión. El desalojo es la ejecución material de la salida del inquilino por orden judicial.
Los honorarios varían por complejidad, experiencia y tiempo. Muchos abogados ofrecen consulta inicial y tarifas planas para gestiones simples.
Sí. Si el inquilino o el propietario no cumplen, se pueden reclamar daños y perjuicios ante el juez mediante prueba documental y peritajes.
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