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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
En Fuentes, como en toda Argentina, el derecho de Propietario y Arrendatario se enmarca en un conjunto de normas que regulan la relación entre quien posee un inmueble y quien lo alquila. El propietario tiene derechos sobre la titularidad del inmueble y puede exigir el cobro del alquiler, condiciones de uso y cumplimiento de cláusulas del contrato. El arrendatario, a su vez, obtiene el uso temporal del inmueble a cambio de un alquiler y con obligaciones de cuidado, pago y devolución en buen estado al finalizar el contrato. Estas relaciones se sustentan en un contrato escrito, garantías y, si corresponde, en procesos administrativos o judiciales para resolver disputas.
Fechas y cambios relevantes: el CCyCN está vigente desde 2015 con reformas posteriores; la Ley de Alquileres 27.551 entró en vigor en 2020 y ha sido objeto de reglamentaciones y ajustes en 2021-2023 para ampliar derechos y clarificar procedimientos. En Fuentes, estos marcos se aplican de forma directa a contratos de alquiler y disputas entre partes.
“La Ley de Alquileres 27.551 regula plazos, garantías y actualizaciones de renta.”
“El Código Civil y Comercial de la Nación establece las bases de las obligaciones entre arrendador y arrendatario.”
Fuente: Argentina.gob.ar y InfoLEG, autoridades oficiales responsables de la normativa vigente.
Un contrato de alquiler es un acuerdo por el cual el propietario cede el uso de un inmueble a un arrendatario a cambio de una renta. El arrendatario debe pagar la renta y mantener el inmueble en buen estado. El arrendador debe entregar el inmueble apto para su uso y cumplir las obligaciones de garantía y mantenimiento según la ley.
La Ley de Alquileres permite distintas modalidades de garantía, como fianza, seguro de caución o garantía de terceros. El objetivo es respaldar posibles incumplimientos y proteger a ambas partes. El acuerdo debe especificar claramente el tipo de garantía y su devolución al terminar el contrato.
La Ley de Alquileres establece un plazo mínimo para contratos residenciales. En la práctica, un abogado puede confirmar el plazo exacto y las condiciones de renovación. En Fuentes, los plazos se ajustan a la normativa vigente y a lo acordado en el contrato.
La actualización se aplica de acuerdo a la normativa vigente y a los índices oficiales señalados. Un asesor legal puede revisar el método de cálculo y confirmar que se utiliza el índice correcto. Esto evita sorpresas y conflictos por diferencias en el pago.
Las demandas de desalojo se presentan ante los tribunales competentes de la jurisdicción correspondiente. Un abogado puede indicar el juzgado adecuado y preparar la petición conforme a la normativa procesal vigente. En Fuentes, la ruta procesal se rige por las normas judiciales nacionales.
Sí, es posible negociar una rescisión anticipada, pero dependerá del consentimiento del propietario y de lo pactado en el contrato. Un asesor legal puede redactar un acuerdo de terminación y evitar obligaciones no previstas. Así se minimizan riesgos para ambas partes.
El depósito debe devolverse, salvo deducciones por daños comprobados. Un letrado puede revisar las pruebas y gestionar la devolución o una reclamación. Si hay disputas, se puede recurrir a mediación o a un proceso judicial.
La normativa distingue entre reparaciones necesarias y mejoras. El responsable de cada tipo de reparación varía según el contrato y el uso del inmueble. Un asesor legal puede aclarar quién debe pagar y en qué plazo deben realizarse.
Un alquiler temporal cubre periodos cortos y suele tener condiciones diferentes a las de un contrato tradicional. En general, los contratos temporales pueden ser más flexibles para el arrendatario, pero deben respetar la normativa aplicable. Un asesor puede ayudar a decidir cuál opción conviene según la situación.
No es obligatorio, pero la asesoría experta aumenta las probabilidades de resolver el conflicto de forma rápida y favorable. Un letrado puede preparar demandas, presentar pruebas y negociar acuerdos. También puede evitar errores procesales costosos.
Sí, es recomendable que un profesional revise el contrato antes de la firma. Una revisión detecta cláusulas abusivas, condiciones desequilibradas y errores de cálculo. Esto protege sus derechos antes de formalizar el acuerdo.
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