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Guía Gratuita para Contratar un Abogado de Familia
El divorcio en Argentina se tramita ante los tribunales civiles y es aplicable a todo tipo de matrimonio, incluido cuando alguno de los cónyuges es miembro de las Fuerzas Armadas. En Avellaneda, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, los procesos de divorcio se enmarcan en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la normativa provincial de procedimientos de familia.
Las causas de disolución del vínculo matrimonial pueden ser contenciosas o de mutuo acuerdo, y pueden afectar cuestiones como la tenencia de hijos, régimen de visitas, guarda y distribución de bienes. La situación particular de personal militar implica considerar también temas de pensión, beneficios y posibles medidas cautelares durante despliegamientos o traslados.
“El divorcio se decreta por sentencia judicial en la mayoría de los casos, y el proceso debe ajustarse a la normativa vigente para proteger a menores y a las partes.”
Fuente: Código Civil y Comercial de la Nación y fundamentos de derecho de familia.
Un asesor legal ayuda a determinar la mejor estrategia ante la separación cuando hay personal militar involucrado y circunstancias particulares de servicio. A continuación se presentan escenarios reales y específicos de Avellaneda.
En Avellaneda, la normativa aplicable al divorcio se fundamenta principalmente en normas de alcance nacional y en reglamentaciones provinciales de procedimiento. El marco general está dado por el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, que regula la disolución del vínculo y la responsabilidad parental en casos de divorcio.
Además, la actuación de tribunales en Avellaneda se rige por reglamentos procesales de la Provincia de Buenos Aires. Estos reglamentos regulan la competencia, las notificaciones, las medidas cautelares y la dinámica de las audiencias, incluyendo causas de familia que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas en la medida en que el servicio afecte la jurisdicción o el tiempo de trámite.
“La normativa de familia de la provincia de Buenos Aires ha avanzado en la digitalización de expedientes para causas de familia desde 2023, permitiendo presentaciones y consultas en línea.”
Fuente: Justicia de la Provincia de Buenos Aires (portal oficial)
Código Civil y Comercial de la Nación - regula, a nivel nacional, la disolución del vínculo matrimonial, las obligaciones entre progenitores y la distribución de bienes en procesos de divorcio. Es la base legal aplicable en Avellaneda desde su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2015.
Leyes de Régimen de Jubilaciones y Pensiones para Personal de las Fuerzas Armadas - regulan, entre otros aspectos, efectos patrimoniales y beneficios posteriores al divorcio para cónyuges de personal militar, así como ciertos derechos de sus hijos en relación con pensiones y prestaciones. Se aplica en Avellaneda cuando uno de los cónyuges es miembro de las Fuerzas Armadas.
Reglamentos Provinciales de Procedimiento en Familia de la Provincia de Buenos Aires - ordenan la tramitación de causas de familia en tribunales de la provincia, incluyendo asignaciones de competencia, jurisdicción y procedimientos de notificación, con adaptaciones cuando exista personal militar implicado. Estos reglamentos rigen en Avellaneda y deben consulta- se para conocer plazos y requisitos específicos.
Notas sobre cambios recientes: la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015 facilitó la disolución del vínculo sin necesidad de separación previa en muchos casos, y la provincia ha avanzado en la digitalización de expedientes y trámites en línea para causas de familia a partir de 2023.
El divorcio es la disolución legal del vínculo matrimonial. Puede iniciarse por mutuo acuerdo o de forma contenciosa ante el juez competente, y puede incluir cuestiones de hijos y bienes. En Avellaneda, el proceso se gestiona ante tribunales civiles locales bajo normas nacionales y provinciales.
Se inicia presentando una demanda o solicitud de divorcio ante el juzgado de familia. Si el militar está desplegado, se pueden solicitar notificaciones y audiencias por representantes o videoaudiencias para garantizar el debido proceso.
El mutuo acuerdo se realiza mediante convenio entre ambas partes sobre guarda de hijos y distribución de bienes. El contencioso implica decisión judicial cuando no hay acuerdo sobre esos puntos.
En promedio, los divorcios contenciosos pueden durar entre 6 y 12 meses, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado y de la complejidad de las medidas solicitadas. Los divorcios por mutuo acuerdo suelen avanzar más rápido.
Es recomendable contar con asesoría legal desde el inicio para identificar derechos de pensión, régimen de bienes y responsabilidad parental. Un letrado puede gestionar notificaciones, presentaciones y recursos si hace falta.
Los costos incluyen tasas judiciales, honorarios de abogados, costos de peritos y posibles gastos de publicación. En Avellaneda, estas tasas varían según la jurisdicción y la etapa del proceso.
La guarda se refiere a la decisión de con quién convive el menor y cómo se organizan las visitas. La crianza implica el ejercicio conjunto de la patria potestad y las decisiones relevantes para el bienestar del menor.
El servicio o destino del cónyuge militar puede influir en la notificación, las fechas de audiencias o el otorgamiento de medidas provisionales, pero el divorcio se tramita ante el mismo tipo de tribunal civil correspondiente a la residencia.
La pensión de alimentos se determina con base en ingresos, necesidades y cuidado de los hijos. Si existen particularidades por el empleo militar, el abogado las incorporará en el cálculo y en las decisiones judiciales.
Sí. Se pueden pedir medidas cautelares para proteger a menores, evitar la venta de bienes o asegurar el uso de la vivienda familiar durante el proceso.
El tribunal puede dictar reglas temporales de vivienda y uso de la casa, buscando proteger a los menores y a las partes mientras se resuelve el divorcio.
Necesitará acta de matrimonio, DNI de ambas partes, partidas de nacimiento de los hijos, constancias de ingresos y, si procede, documentación de bienes y de deudas.
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