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En Puerto Peñasco, situado en la frontera entre Sonora y Baja California, los recursos naturales abarcan el agua, la vida marina, los ecosistemas costeros y las áreas protegidas. La gestión de estos recursos implica permisos, evaluaciones de impacto y supervisión ambiental para actividades como pesca, extracción de agua y desarrollo urbano.
El marco legal establece que las Autoridades federales y estatales regulan el uso de recursos naturales para evitar daños al ambiente y promover la sustentabilidad. Los residentes y empresas deben cumplir procedimientos para obtener autorizaciones y responder ante posibles sanciones por incumplimientos.
En México, varias leyes y reglamentos rigen recursos naturales a nivel federal y estatal. A continuación se destacan leyes y normativas relevantes para Puerto Peñasco, con énfasis en su aplicación en Sonora:
Notas técnicas y cambios recientes:
“La protección del ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales son ejes centrales de la política ambiental en México.”
“La Ley de Aguas Nacionales establece que el agua es un bien público y su uso requiere concesión o permiso ante la autoridad competente.”
“La protección de la fauna silvestre y sus hábitats es prioridad para evitar impactos en ecosistemas costeros.”
La LGEEPA regula la protección ambiental y la sustentabilidad. Aplica a proyectos, permisos y sanciones en todo México, incluyendo Puerto Peñasco.
Debe tramitarse ante CONAGUA/Conagua-SIO, presentando un plan de uso, política de extracción y la documentación de propiedad o concesión correspondiente.
Cuando el proyecto puede afectar ecosistemas sensibles, dunas, humedales o vida marina, se requiere una EIA antes de iniciar obras.
Las denuncias pueden presentarse ante PROFEPA o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ante la autoridad ambiental estatal de Sonora.
Para interpretar la notificación, evaluar recursos legales y planificar una respuesta adecuada dentro de plazos legales.
Sí, es posible presentar recursos administrativos o amparo, dependiendo del tipo de resolución y la autoridad involucrada.
Recomendable. Un letrado con experiencia en recursos naturales puede coordinar permisos, evaluaciones y cumplimiento de normas específicas.
Dependiendo del impacto, la autoridad puede exigir medidas de remediación o compensación ambiental para proyectos relevantes.
El plazo varía; típicamente varios meses entre solicitud, revisión y resolución, si no hay objeciones técnicas o legales.
Las tarifas varían por caso, experiencia y complejidad; se suelen acordar honorarios fijos o por hora tras la consulta inicial.
Un permiso autoriza un uso específico temporal; una concesión otorga un derecho más estable y, a veces, a largo plazo.
Describe impactos ambientales, medidas de mitigación y cumplimiento normativo para asegurar la protección del entorno.
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