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En Adeje, las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y las entidades benéficas se regulan principalmente por normas estatales y, en su caso, por la normativa autonómica de Canarias. Las OSFL pueden adoptar formas jurídicas como asociaciones o fundaciones, cada una con requisitos de constitución, gobernanza y contabilidad distintos. La finalidad común es realizar actividades de interés general sin buscar beneficio privado.
El marco legal establece obligaciones como la elaboración de estatutos, la inscripción en registros públicos y la rendición de cuentas. En Adeje, estas entidades suelen interactuar con subvenciones locales, contratos de servicios y procesos de transparencia pública. Contar con asesoría especializada ayuda a evitar incumplimientos y a aprovechar incentivos fiscales y subvenciones disponibles.
La legislación aplicable a las OSFL y benéficas en España se apoya en normas nacionales con efectos en Canarias. Entre las normas relevantes se encuentran las siguientes, con su vigencia general y efectos en la gestión de estas entidades:
Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación - Establece el reconocimiento, constitución, estructura y funcionamiento de las asociaciones, así como los derechos y deberes de sus socios. Vigente desde 22 de marzo de 2002 y sujeta a reformas parciales para adaptar la regulación a cambios sociales.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, sobre el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos a la iniciativa social - Define el tratamiento fiscal de las OSFL y los beneficios por mecenazgo. Vigente desde finales de 2002, con actualizaciones fiscales posteriores para reflejar cambios en impuestos y deducciones.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones - Regula la concesión, justificación y control de subvenciones públicas. Es clave para ONGs que gestionan fondos públicos y para cumplir con la transparencia, la concurrencia y la justificación de gasto. Vigente desde 2003, con reformas y actualizaciones puntuales a lo largo de los años.
En Canarias y en Adeje pueden existir trámites y convocatorias específicas de subvenciones locales. Además, las entidades deben cumplir normativas generales de protección de datos (RGPD) y de contratos públicos cuando participen en licitaciones o acuerdos con la administración local.
La libertad de asociación es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y la Ley Orgánica regula el derecho de asociación y su régimen.
El régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos al mecenazgo están regulados por la Ley 49/2002 y su normativa de desarrollo.
La General de Subvenciones regula la concesión y justificación de subvenciones públicas para entidades beneficiarias.
Una OSFL es una entidad cuyo objetivo es el beneficio social, no la ganancia económica personal. Su último fin es la acción social, cultural o comunitaria.
Necesita un acuerdo fundacional, estatutos, inscripción en el registro correspondiente y, en su caso, la obtención de un CIF y la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la entidad.
Cuando redacta estatutos, crea una entidad, solicita subvenciones o enfrenta litigio entre socios o con proveedores. Un asesor puede acelerar el proceso y evitar errores.
El registro se realiza en el registro competente para asociaciones y, para fundaciones, en el registro correspondiente. En España, la inscripción puede requerir trámites ante el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, según el tipo de entidad.
Para evitar sanciones y aprovechar deducciones, la organización debe conocer el régimen de entidades sin fines lucrativos y cumplir con las obligaciones tributarias aplicables.
Sí, si cumple con los requisitos de la Ley 49/2002 y su normativa de desarrollo, puede acogerse a incentivos por mecenazgo y donaciones declaradas ante la Agencia Tributaria.
Sí. El RGPD exige medidas adecuadas para la protección de datos de voluntarios y beneficiarios. Un asesor ayuda a crear políticas y a cumplir con las obligaciones.
En general, las OSFL deben llevar contabilidad y, en muchos casos, presentar cuentas y memorias. Un letrado puede ayudar a estructurar la contabilidad para auditoría y cumplimiento.
La asociación es una agrupación voluntaria de personas con fines sociales; la fundación es una entidad dotada de patrimonio para fines de interés general y gestionada por una entidad fundadora.
Manteniendo estatutos actualizados, cuentas claras, y presentando informes periódicos a socios y autoridades. Un asesor puede guiar sobre buenas prácticas y cumplimiento legal.
Puede implicar devolución de la subvención, sanciones y restricciones futuras de acceso a ayudas. Un abogado ayuda a preparar la justificación adecuada.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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