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La externalización, o tercerización, es la contratación de servicios o procesos a un proveedor externo. En Santo Domingo, esta práctica debe respetar la normativa laboral, de seguridad social y de protección de datos aplicable en la República Dominicana. Las relaciones entre la empresa principal, el proveedor y los trabajadores deben coordinarse para evitar que se configuren relaciones laborales directas no deseadas.
Para clientes y empresas de Santo Domingo, entender el marco legal ayuda a evitar responsabilidades solidarias o sanciones por incumplimientos. Un asesor legal puede ayudar a redactar acuerdos de servicio que limiten la responsabilidad laboral del contratante. Además, la revisión de cláusulas de confidencialidad y protección de datos es crucial cuando se manejan datos de clientes o empleados.
Código de Trabajo - Ley No. 16-92: regula las relaciones laborales en la República Dominicana y establece derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Si se externalizan servicios, la documentación debe dejar claro que la relación laboral permanece con el trabajador del proveedor y no con la empresa contratante salvo determinadas circunstancias. Vigente desde 1992, con reformas reglamentarias para adaptar prácticas de subcontratación y teletrabajo.
Ley No. 87-01 de Seguridad Social: regula el sistema de seguridad social, aportes y protección de trabajadores, incluyendo obligaciones de contribución de empleadores y contratistas. Cuando hay externalización, es clave verificar que las contribuciones sean claras y que no se omita a trabajadores del proveedor en la base de cotización.
Ley No. 172-13 de Protección de Datos de Carácter Personal: protege datos personales y regula su tratamiento, agrupa roles de responsables y encargados del tratamiento y establece principios de protección. Muy relevante cuando un tercero maneja datos de clientes o empleados. Vigencia desde 2013, con actualizaciones posteriores para armonizar prácticas con estándares internacionales.
Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones: regula procesos de contratación pública y contratación de servicios por entidades estatales. Es relevante para empresas que desean o deben prestar servicios al sector público mediante outsourcing, asegurando procesos transparentes y equitativos. Vigente desde 2006, con reglamentaciones y actualizaciones para mejorar la supervisión y la competencia.
La externalización es la contratación de servicios a un tercero para realizar funciones que la empresa no ejecuta internamente. Aplica cuando el proveedor recibe órdenes y economies de escala para una tarea específica, sin convertir a sus trabajadores en empleados de la empresa contratante.
Se debe analizar la subordinación, horarios, supervisión y control del trabajo. Si la empresa tiene control directo sobre el personal y las condiciones laborales, podría haber una relación laboral indirecta que requiera asesoría.
Antes de firmar, verifique alcance del servicio, responsabilidades de cada parte, confidencialidad, protección de datos y cláusulas de terminación. Debe incluir salvaguardas ante cambios de proveedor.
Riesgos de clasificación errónea, incumplimiento de seguridad social y de derechos laborales, y posibles sanciones por MT si no se cumplen las obligaciones. Una revisión legal ayuda a mitigarlos.
Sí, pero debe quedar clara la responsabilidad final y las medidas de control. Los contratos deben exigir cumplimiento de la normativa laboral y de protección de datos.
Costos típicos incluyen honorarios de asesoría, revisión de contratos, auditorías de cumplimiento y posibles liquidaciones si hay discrepancias laborales detectadas.
Significa implementar medidas técnicas y administrativas para proteger datos personales del personal y de clientes, definir roles de responsable y encargado y obtener consentimientos cuando corresponda.
La revisión y negociación pueden llevar entre 1 y 4 semanas, dependiendo de la complejidad, la cantidad de partes y la necesidad de informes de cumplimiento.
No siempre, pero es recomendable contar con asesoría cuando hay múltiples proveedores, para coordinar responsabilidades y evitar incumplimientos de la normativa.
La externalización es la contratación de servicios a un tercero para ejecutar funciones; la subcontratación especifica que un subproveedor asume parte de esas tareas bajo la supervisión del proveedor principal.
Depende del servicio y de si hay obligaciones laborales subyacentes. En muchos casos, la documentación y cumplimiento se revisan en inspecciones de trabajo.
Verifique si el proveedor es responsable y/o encargado del tratamiento, las medidas de seguridad, el uso limitado de los datos y las normas de transferencia y retención.
“La externalización debe respetar la legislación laboral y los derechos de los trabajadores.”
“La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal regula el tratamiento de información sensible por terceros y exige medidas adecuadas de seguridad.”
“Las prácticas de externalización deben alinearse con estándares de gobernanza y transparencia para favorecer la inversión.”
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