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En Godoy Cruz, las reclamaciones por lesiones personales buscan compensar daños causados por accidentes, negligencia u omisiones ilícitas. Estas reclamaciones pueden involucrar gastos médicos, pérdida de ingresos y daño moral. La finalidad es restituir, en la medida de lo posible, la situación previa al daño y garantizar una reparación integral.
El marco regulatorio combina normas nacionales y principios provinciales aplicables en Mendoza. Los residentes de Godoy Cruz pueden iniciar acciones ante tribunales civiles para obtener indemnización por daños cuando exista responsabilidad de terceros. Un asesor legal especializado puede orientar sobre qué hechos, pruebas y documentos son relevantes para el reclamo.
Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) - Ley 26.994, vigente desde 2015, regula la responsabilidad civil por daños y perjuicios, incluyendo lesiones personales. Establece bases para reclamar indemnización por actos u omisiones y distingue entre daños materiales y morales.
Ley Nacional de Tránsito 24.449 regula la responsabilidad en accidentes de tránsito y las coberturas de seguros obligatorios. Estas reglas son relevantes cuando las lesiones derivan de un choque entre vehículos en Mendoza.
Ley de Defensa del Consumidor 24.240 protege a los consumidores frente a productos defectuosos y servicios problemáticos. Es útil cuando una lesión surge de un producto o servicio defectuoso ofrecido en Godoy Cruz.
Además, Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza rige el procedimiento para reclamar daños ante tribunales locales. Conocer sus reglas ayuda a estimar tiempos y pasos procesales en la provincia.
La responsabilidad cubre daños materiales como gastos médicos, rehabilitación y pérdida de ingresos, y daños morales por sufrimiento. Se aplica cuando hay culpa o negligencia del responsable y existe nexo causal con la lesión.
Debes reunir informes médicos, pericias, recibos y pruebas del accidente. Un abogado local orienta sobre qué documentos presentar, se encarga de presentar la demanda y coordina pruebas con peritos.
Los procesos civiles suelen durar entre 12 y 24 meses, según la carga del tribunal y la complejidad. Factores como la cantidad de pruebas, la cooperación de aseguradoras y la apelación pueden alargar el plazo.
Es posible, pero arriesgado. Un letrado facilita la recopilación de pruebas, evita errores procesales y maximiza las probabilidades de una indemnización adecuada.
El daño material cubre gastos médicos y pérdidas económicas; el moral cubre sufrimiento y deterioro de la calidad de vida. Los jueces ponderan ambos componentes con criterios legales y evidencia médica.
La aseguradora puede pagar total o parcialmente según la póliza y la evaluación de responsabilidad. En muchos casos, es necesaria una demanda para obtener una cantidad adecuada.
Se analizan opciones como responsabilidad civil del conductor, coberturas de la aseguradora y, si corresponde, acciones contra fondos o garantías. Un abogado puede orientar sobre vías disponibles.
Informe médico, historiales, fotografías de la escena, presupuestos y testigos son útiles. Un asesor legal coordina peritajes y expedientes para fortalecer la reclamación.
Se considerarán el grado de perjuicio emocional, impacto en la vida diaria y duración de la incapacidad. Los tribunales aplican jurisprudencia local y criterios doctrinales.
Existe un plazo de prescripción para reclamar daños. En general, debe iniciarse desde la fecha en que se conoce la lesión y su relación con el hecho dañoso.
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Los costos pueden incluir honorarios y gastos del proceso. Muchos abogados trabajan por contingencia, cobrando un porcentaje solo si hay indemnización, pero revise el contrato.
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