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La Financiación de Proyectos es una disciplina que combina derecho societario, contratos, financiación y gestión de riesgos para llevar a cabo infraestructuras, energías, turismo y proyectos inmobiliarios. En Estepona, esta práctica se apoya en la creación de entidades de propósito específico (SPV) para aislar riesgos y en acuerdos entre promotores, inversores y prestamistas. El enfoque se centra en flujos de caja del proyecto y no en el balance de los patrocinadores. Esto facilita la financiación de grandes inversiones con financiación estructurada y no recourse a balance personal de los promotores.
Un asesor legal en Estepona debe entender tanto las normas estatales como las urbanísticas locales que impactan la viabilidad y la ejecución de cada proyecto. Además, es clave anticipar cambios regulatorios que afecten obras, licencias o contratos con la Administración. Estepona, como municipio de la Costa del Sol, presenta dinámicas específicas en turismo, construcción y energías que influyen en los acuerdos de financiación.
En España, la Financiación de Proyectos se apoya en leyes nacionales y regulaciones regionales que influyen en urbanismo, contratos y financiación. A nivel nacional destacan la promoción de la financiación empresarial y la contratación del sector público, que impactan estructuras de SPV, garantías y procesos de licitación.
Entre las normas relevantes se encuentran-
«La contratación del sector público se regirá por los principios de transparencia, igualdad y publicidad.»Fuente: Ley 9/2017, Contratos del Sector Público
«La financiación de proyectos se estructura normalmente mediante entidades de propósito específico (SPV) para aislar flujos de caja y riesgos del proyecto.»Fuente: Ley 5/2015, fomento de la financiación empresarial
«En Andalucía, la LOua regula la ordenación urbanística y las licencias necesarias para las obras.»Fuente: Ley 7/2002, Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
Una SPV es una entidad creada para un único proyecto. Aislando el proyecto de otros activos, facilita la financiación y el reparto de riesgos entre prestamistas e inversores.
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Cuando hay multi-propietarios, riesgos específicos del proyecto o necesidad de non-recourse debt. El enfoque en flujos de caja del proyecto facilita la obtención de financiación externa.
Las licencias se gestionan a través del Ayuntamiento de Estepona y, en algunos casos, ante la Provincia de Málaga; la LOua y el PGOU regulan requisitos y procedimientos.
La due diligence identifica riesgos legales, contractuales, ambientales y urbanísticos que pueden afectar la viabilidad y costes del proyecto.
Sí, mediante enmiendas a los contratos de financiación, reordenación de garantías y ajustes de covenants con el consentimiento de los prestamistas.
Sí, puede incluir seguros de obra, responsabilidad civil y garantías de cumplimiento; suelen ser requeridos por la financiación y por contratos con la Administración.
Dependiendo del alcance, puede haber Declaración de Impacto Ambiental y permisos ambientales, especialmente en proyectos de cierta dimensión o impacto.
La deuda senior tiene prioridad de pago y menor coste; la mezzanine es más arriesgada, con mayor rendimiento y posibles derechos de conversión.
La licitación pública se rige por la transparencia y concurrencia en el sector público; un contrato privado no está sujeto a esas reglas, con menos formalismo público.
Los honorarios varían según complejidad, alcance y tiempo; pueden oscilar entre 3.000 y 15.000 euros para una revisión integral y negociación inicial.
Sí, existen vías europeas para infraestructuras y energías; requiere asesoría sobre elegibilidad, convocatorias y requisitos de cofinanciación.
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