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La financiación de proyectos coordina deuda, garantías y contratos para financiar infraestructuras y activos a largo plazo. En Las Palmas de Gran Canaria, el marco regulatorio combina leyes nacionales y normativas canarias que afectan a cada operación. Un asesor legal especializado facilita la estructuración, el control de riesgos y el cumplimiento de plazos y costes.
En Canarias y en Las Palmas de Gran Canaria, la financiación de proyectos se apoya en la normativa estatal y en la regulación autonómica. A grandes rasgos, las leyes clave influyen en contratos, sociedades y tributación de estas operaciones.
Observación: las operaciones de financiación de proyectos en Canarias suelen verse afectadas por cambios en la normativa de contratación, fiscalidad regional y financiación pública. En 2023-2024 se han observado tendencias hacia mayor diligencia previa, mayor uso de financiación mixta y mayor énfasis en criterios ESG para acceder a fondos europeos y nacionales.
“La Ley de Contratos del Sector Público establece principios de publicidad, competencia y transparencia en la contratación de obras e infraestructuras.”
Fuente: Gobierno de España
“En Canarias, la normativa autonómica y el régimen fiscal regional influyen en la viabilidad de proyectos de inversión y en los procesos de licitación.”
Fuente: Gobierno de Canarias
“El Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones ofrecen financiación para infraestructuras con procesos de due diligence y requisitos de garantías.”
Fuente: European Investment Bank
La financiación de proyectos estructura deuda y garantías para financiar activos a largo plazo. Implica contratos de préstamo, acuerdos de inversión y garantías para mitigar riesgos. En Las Palmas, la coordinación entre promotores, bancos y autoridades es crucial para cumplir plazos y normativas.
La due diligence combina revisión legal, contractual y regulatoria con evaluación de viabilidad económica. También verifica permisos, licencias, impacto ambiental y posibles pasivos. Un asesor legal facilita la recopilación y verificación de la documentación necesaria.
Es recomendable contactar en la fase inicial del proyecto, antes de firmar term sheets o acuerdos marco. También durante la due diligence y al negociar contratos de financiación y garantías. Un letrado local conoce las prácticas de bancos y autoridades canarias.
La LCSP regula contratos del sector público, con vías de resolución de controversias y procedimientos de impugnación. Para incumplimientos contractuales, existen recursos ante tribunales y mecanismos de solución de controversias. Un asesor legal puede indicar procesos y plazos específicos.
Una buena estructuración optimiza coste financiero y liquidez. Define quién asume riesgos, qué garantías respaldan la operación y qué escenarios de refinanciación se contemplan. Esto afecta directamente la viabilidad y la rentabilidad del proyecto.
Sí. Un contrato PPP puede imponer compromisos de servicio, regulaciones y obligaciones de continuidad. También puede implicar cambios en la financiación disponible ante variaciones de demanda. Es crucial revisar cláusulas de cambios de ley y de terminación anticipada.
Sí. Las garantías y fianzas reducen el riesgo para prestamistas y proveedores. Deben adaptarse al tipo de proyecto, a la solvencia de las partes y a posibles variaciones regulatorias regionales. Un asesor puede proponer cartas de garantía y avales compatibles.
La asesoría fiscal ayuda a optimizar costes y a cumplir obligaciones tributarias regionales, como IGIC. También facilita la planificación de impuestos diferidos y el tratamiento de ingresos por inversiones. Es recomendable desde la fase inicial.
La financiación sindicada agrupa varios prestamistas en un mismo acuerdo para cubrir grandes importes. Los préstamos individuales son contratos entre una sola entidad prestamista y el deudor. La sindicada puede distribuir riesgo y ampliar capacidad de financiación.
Los costes típicos incluyen honorarios por revisión de documentos, due diligence, negociación de contratos y redacción de acuerdos. También pueden aparecer gastos de registro, tasas judiciales y gastos de gestoría. Es buena práctica obtener un presupuesto detallado por fases.
La revisión suele durar entre 2 y 6 semanas, según la complejidad y la cantidad de documentos. Los plazos pueden alargarse si hay trámites administrativos o negociación de garantías. Un plan de trabajo claro ayuda a evitar retrasos.
Sí. Los cambios regulatorios pueden afectar licencias, financiamiento y obligaciones fiscales. Un letrado local está mejor preparado para interpretar impactos específicos en Las Palmas. Mantenerse informado reduce riesgos de incumplimiento.
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