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La Financiación de Proyectos es un marco jurídico y financiero para desarrollar infraestructuras y activos de gran tamaño. En Mazatlán, la financiación se estructura frecuentemente mediante una entidad de propósito específico (SPV) que asume la deuda y gestiona los flujos de caja del proyecto. Los contratos clave suelen incluir acuerdos de crédito, garantías, permisos, seguros y contratos de suministro.
Este enfoque busca aislar los riesgos del proyecto de las empresas patrocinadoras, de modo que la financiación dependa de los flujos del propio proyecto. En la región, la actividad turística y portuaria impulsa estas estructuras, así como proyectos de energías renovables y obras públicas. Un asesor legal especializado en project finance coordina contratos, permisos, cumplimiento regulatorio y el cierre de la financiación.
Estas leyes y reglamentos afectan la estructuración de la financiación y la interacción entre el sector público y privado en Mazatlán. Para proyectos con impacto ambiental, de uso de suelo o de licitaciones, es crucial realizar un due diligence regulatorio temprano. Si el proyecto involucra inversión extranjera, también pueden aplicar normas federales como la Ley de Inversión Extranjera a través de mecanismos de aprobación y recaudación de ingresos.
La financiación de proyectos utiliza una SPV para aislar riesgos y pagar la deuda con los flujos de caja del proyecto. En Mazatlán se emplea en turismo, puerto e energía y requiere permisos y contratos específicos. Un abogado de project finance coordina la estructura, permisos y cierre.
Se crea una SPV con accionistas, estatutos y un plan de negocio. Los préstamos y garantías se colocan a favor de la SPV y deben basarse en los flujos previstos del proyecto. Es necesario definir quién asume riesgos operativos y de cumplimiento.
Antes de firmar acuerdos de aval, garantías o contratos de construcción, y durante la negociación de un PPA o contrato de suministro. Un asesor puede evitar incumplimientos y costosas renegociaciones futuras.
La normativa relevante está en las leyes estatales de Sinaloa y en los reglamentos municipales de Mazatlán. Es clave revisar la Ley de Obras Públicas de Sinaloa y el Reglamento de Construcciones del municipio. Un abogado puede localizar las versiones vigentes y las reformas recientes.
El reparto de riesgos asigna cada riesgo a la parte mejor capaz de gestionarlo, reduciendo costos y contingencias. Esto impacta las tasas de interés, garantías y posibles penalidades por retrasos o fallos de desempeño.
Sí, siempre que se cumpla la normativa de inversión extranjera aplicable. Es necesario cumplir con permisos, reportes y límites de participación, y estructurar la inversión a través de una SPV si corresponde.
Sí, especialmente si la infraestructura es sensible a desinversiones o incumplimientos. Garantías pueden incluir fideicomisos, hipotecas mercantiles y garantías de ejecución de contrato.
Es recomendable realizar due diligence ambiental, de permisos y de derechos de agua, así como revisión de contratos de compra de energía y derechos de paso. Esto reduce riesgos de cese de obra o incumplimiento contractual.
Los costos varían según la complejidad: honorarios de asesoría, revisión de contratos, due diligence y negociaciones pueden representar un porcentaje del valor del financiamiento o tarifas horarias. Es común acordar un plan de costos escalonado.
La negociación típica de un contrato de financiación estructurada puede tomar de 8 a 20 semanas, dependiendo de la complejidad y del número de partes involucradas. Cierres pueden demorar más si hay revisiones regulatorias.
La financiación vía deuda suele ser un préstamo directo para la empresa patrocinadora. El project finance utiliza una SPV y depende de los flujos del proyecto, no de la solvencia de la patrocinadora. Esto cambia costos, estructuras y garantías.
Sí, un asesor puede ayudar a preparar propuestas, entender bases de licitación y verificar cumplimiento de requisitos. También puede gestionar aclaraciones y posibles recursos de apelación.
“Project finance is a financing technique based on the projected cash flows of a project, with a separate legal entity created for the purpose.”
World Bank - PPP Knowledge Lab
“PPPs are long-term contracts between the public sector and private parties for delivering public services or infrastructure.”
OECD - PPPs in Infrastructure
“Lenders look at the project cash flows as the primary source for debt repayment, while risk allocation is critical to project success.”
IFC - Financing Infrastructure with Project Finance
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