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En Popayán, la Financiación de Proyectos se refiere a la estructuración de recursos para impulsar infraestructura y servicios públicos. Comúnmente se usa la financiación mediante asociaciones público-privadas APP o estructuras de project finance. Aunque el marco es nacional, la ciudad adapta trámites, licitaciones y permisos a través de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Infraestructura.
Un asesor legal en Financiación de Proyectos ayuda a definir la viabilidad, diseñar la estructura jurídica y coordinar con bancos, inversionistas y entidades públicas. También facilita la negociación de contratos, garantías y cláusulas de rendimiento para evitar retrasos o incumplimientos.
A nivel nacional rigen normas que afectan a Popayán, ya que las entidades municipales deben cumplir la legislación de contratación pública y de APP. A continuación se señalan 3 leyes/regulaciones relevantes por nombre, con contexto aplicable a la ciudad y la región.
La contratación pública debe garantizar transparencia, eficiencia y el correcto uso de recursos.
Fuente: Contraloría General de la República
Las APP permiten la ejecución de inversiones en infraestructura de interés público con modelos de financiación y reparto de riesgos.
Fuente: CONPES
El marco legal de PPP en Colombia se apoya en la Ley 1508 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, que regulan procesos de licitación y garantías.
Fuente: Función Pública
La financiación de proyectos financia inversiones de infraestructura mediante estructuras de deuda y capital vinculadas al rendimiento del proyecto. En Popayán, se ajusta a Ley 80 de 1993 y Ley 1508 de 2012 para contratación y APP.
Se define un marco de reparto de riesgos, se crea una entidad de propósito específico SPV, y se establecen mecanismos de pago ligados al desempeño y a hitos contractuales.
Se requieren garantías cuando el riesgo de insolvencia, demora o incumplimiento amenaza el cumplimiento de pagos o hitos. El tipo de garantía depende del contrato y las partes.
Las ofertas se presentan ante la entidad contratante correspondiente, normalmente la Secretaría de Planeación o la Alcaldía de Popayán, conforme a la convocatoria y el pliego de condiciones.
Un letrado especializado ayuda a estructurar la financiación, redactar cláusulas de opción de compra, garantías, cronogramas de pagos y gestionar riesgos legales y regulatorios locales.
Sí. Un SPV aísla riesgos y facilita la contabilidad, la transmisión de flujos de efectivo y la obtención de crédito, pero requiere un acuerdo claro entre inversionistas y el sector público.
Sí. Es recomendable obtener una estimación de honorarios, costos de due diligence, gastos de registro y tasas de licitaciones para planificar la financiación.
Dependiendo del proyecto y de la garantía, se pueden obtener financiaciones a 10-20 años o más, especialmente para infraestructuras de gran impacto; esto requiere due diligence y calificación crediticia.
Una APP implica cooperación público-privada para construir y/o operar servicios; una concesión suele entregar al privado la construcción y operación a cambio de peajes o tarifas, con distinto esquema de pago.
Los procesos de licitación han variado, pero en promedio pueden tardar entre 4 y 8 meses, dependiendo de complejidad, tamaño del proyecto y recursos administrativos.
Sí. Un SPV debe estar registrado como sociedad para operar, emitir acciones y celebrar contratos, cumpliendo con requisitos de la Cámara de Comercio y la normativa mercantil.
Se activan cláusulas de incumplimiento, garantías y posibles soluciones como renegociación, arbitraje o resolución contractual, según lo pactado en el contrato.
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