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La financiación de proyectos es una disciplina jurídica que busca obtener fondos para grandes iniciativas, basándose principalmente en los flujos del propio proyecto y no solo en el balance de la empresa. En Punta Cana, esto suele aplicarse a hoteles, resorts, aeropuertos y desarrollos turísticos de gran escala. Los componentes típicos incluyen estructuras de sociedad de propósito específico (SPV), contratos de EPC y O&M, acuerdos de suministro y, a menudo, acuerdos de off-take para asegurar ingresos futuros.
En la práctica, un asesor legal experto en Financiación de Proyectos diseña la estructura, identifica riesgos y asigna responsabilidades entre las partes confiando en regulaciones locales e internacionales. También coordina la due diligence, la obtención de permisos y la negociación de documentos con bancos tanto locales como extranjeros. Este trabajo facilita que inversores y prestamistas evalúen la viabilidad y el retorno esperado del proyecto.
Notas prácticas: el régimen sancionatorio y las reglamentaciones associadas pueden cambiar; es crucial revisar reglamentos de aplicación y resoluciones de organismos reguladores como el sector energético y la direcciones de permisos ambientales. En Punta Cana, las licencias ambientales se gestionan con autoridades como Ambiente.gob.do y con las autoridades municipales correspondientes.
La financiación de proyectos estructura el préstamo sobre los flujos de caja del proyecto. Se utiliza para infraestructuras turísticas grandes, donde los ingresos futuros sostienen la deuda. En Punta Cana, este enfoque facilita hoteles y aeropuertos mediante SPV y contratos a largo plazo.
Debe crear una entidad separada, transferir activos y contratos relevantes a esa SPV y estructurar garantías y participaciones de inversionistas. Un abogado local ayuda a asegurar el cumplimiento regulatorio y la transparencia de la estructura.
Los honorarios varían según alcance y complejidad. Piense en 2 fases: due diligence inicial y negociación de documentos. Los costes pueden ser por hitos o honorarios por hora, además de gastos de registro y notaría.
Desde la etapa de viabilidad y due diligence, antes de firmar acuerdos de confidencialidad. Continuar durante la estructuración de la SPV, negociación de préstamos y cierre financiero es fundamental.
En Punta Cana, consulte al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la autoridad ambiental local. También vigile requisitos municipales y planes de ordenamiento territorial.
La due diligence evita conflictos de propiedad y gravámenes. Es crucial para la validez de la SPV y para asegurar que la garantía tenga cobertura suficiente.
Sí, con estructuras que cumplan las normas de cambio, repatriación de utilidades y AML. Normalmente se requieren due diligence y mecanismos de control de riesgos.
Sí, ayudan a gestionar retrasos en hitos críticos del proyecto. Deben ser razonables y compatibles con la normativa aplicable para evitar disputas.
Se recomienda encarecidamente. Un letrado local conoce las agencias reguladoras, los plazos y las formalidades de notarización y registro necesarias en Punta Cana.
En project finance, la deuda es principalmente respaldada por los flujos del proyecto y no por el balance de la empresa patrocinadora. En financiamiento corporativo, la deuda recae principalmente sobre la solvencia general de la empresa.
Las garantías mobiliarias se regulan por leyes civiles y mercantiles y deben registrarse para oponer frente a terceros. Este registro garantiza la prioridad de acreedores en caso de incumplimiento.
Depende de la complejidad, pero un proyecto de gran envergadura puede tardar entre 3 y 9 meses desde la estructuración inicial hasta el cierre de financiación.
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