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La Financiación de Proyectos es una técnica jurídica y financiera para financiar infraestructuras y desarrollos a gran escala. En Sacramento, este campo se aplica a proyectos de energía, transporte, vivienda asequible y obras públicas, entre otros. El enfoque se centra en la viabilidad económica del proyecto y en la asignación de riesgos a través de estructuras como sociedades de propósito específico (SPV) y acuerdos de compra de energía (PPA).
Los abogados especializados en Financiación de Proyectos en Sacramento asesoran en la redacción de pactos, la estructuración de la deuda y la gestión de cumplimiento regulatorio. También orientan sobre incentivos fiscales, financiación pública local y requisitos de contratos con autoridades públicas o utilities como SMUD. En la práctica, la asesoría abarca desde la due diligence hasta el cierre de la operación y el manejo de posibles disputas.
En Sacramento, varios instrumentos y marcos legales rigen la Financiación de Proyectos. A continuación se destacan 2-3 normas clave y su relevancia para transacciones locales.
“The Mello-Roos Community Facilities Districts enable local governments to finance public improvements through special assessments on property within the district.”
leginfo.legislature.ca.gov
“The Low-Income Housing Tax Credit program provides a federal tax credit to finance the development of affordable housing.”
irs.gov
“Industrial Development Bonds are tax-exempt bonds issued by a government entity to support private, non-utility projects.”
irs.gov
La financiación de proyectos es una forma de estructurar préstamos y capital para un proyecto específico. Se usa cuando el proyecto genera flujos de caja suficientes para cubrir la deuda y gestionar el riesgo sin depender de otros activos del promotor.
Se crea una entidad de propósito específico que posee los activos del proyecto y contra la cual se emiten deudas. El SPV facilita reparto de riesgos entre inversores, acreedores y contratistas.
Desde la etapa de due diligence inicial, cuando se evalúan contratos de construcción, adquisiciones de terrenos y acuerdos de PPA. Un letrado ayuda a evitar cláusulas abusivas y disputas futuras.
Los CFD se formulan ante la autoridad local correspondiente (ciudad o condado) y requieren aprobación legislativa. Es clave revisar la viabilidad fiscal y el impacto sobre los propietarios.
La due diligence identifica riesgos de crédito, garantías y contingencias. Una revisión exhaustiva reduce la probabilidad de impagos y litigios costosos.
Sí, pero requiere cumplir criterios de elegibilidad y coordinar con CTAC e IRS. Es común asociarlo a promotores que presentan solicitudes competitivas.
En muchos casos sí, ya que estructura ingresos estables para el proyecto. Un abogado verifica las condiciones, tarifas y riesgos regulatorios.
La deuda senior tiene prioridad de pago y menor riesgo, mientras la mezzanine suele ser más arriesgada y ofrece rendimiento adicional a los prestamistas. El equilibrio afecta la estructura de equity.
Gastos de estructuración, honorarios de asesoría legal, costos de registro de hipotecas, y costos de emisiones si se emiten bonos. Se deben estimar antes del cierre.
Depende de la complejidad, pero un proceso típico puede durar entre 3 y 9 meses desde la firma del term sheet hasta el cierre final.
Los CFDs impactan impuestos locales y pagos de propiedad. Es crucial entender el alcance de la carga fiscal y cómo se distribuye entre propietarios.
Se analizan precios a largo plazo, seguros, garantías de rendimiento y credenciales de las partes. Un abogado comprueba la consistencia de terms y derechos de terminación.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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