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La financiación de proyectos en Sosua y Cabarete abarca inversiones turísticas, inmobiliarias y energéticas. En la República Dominicana, este campo combina derecho mercantil, contractual y financiero para estructurar acuerdos de financiación. Los promotores suelen crear una sociedad de propósito específico -SPV- para aislar riesgos y gestionar flujos de caja, garantías y contratos clave.
Los acuerdos de financiación dependen principalmente de los flujos de caja del proyecto y no solo de la solvencia de los patrocinadores. Esto exige contratos de suministro, ventas, construcción (EPC) y operación (O&M) bien diseñados. El papelerío, las licencias y el cumplimiento regulatorio requieren asesoría legal para evitar retrasos y costos imprevistos.
Código de Comercio - regula contratos comerciales, constitución de sociedades y relaciones entre partes en transacciones mercantiles. En proyectos de financiación, define la base para acuerdos de préstamo, garantías y responsabilidad de las partes.
Ley General de Medio Ambiente No. 64-00 - establece el marco para licencias ambientales, evaluación de impacto y responsabilidad ambiental. Los proyectos en la costa norte requieren permisos ambientales y cumplimiento de normas de protección costera y biodiversidad.
Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas - rige procesos de contratación para proyectos financiados con fondos públicos o subvenciones. Cambios recientes han buscado mayor transparencia y competencia en licitaciones.
La financiación de proyectos es una estructura donde el crédito se apoya en los flujos del proyecto y no en la solvencia general de los patrocinadores. Se emplean SPV y contratos clave para aislar riesgos y garantizar pagos.
Se crea una entidad separada que posee el proyecto y contrata EPC, O&M y ventas. Los préstamos suelen estar respaldados por los contratos y garantías del SPV, no por las cuentas del patrocinador.
Cuando el proyecto genera flujos de caja estables y suficientes para cubrir deudas, y cuando los patrocinadores buscan limitar su riesgo. Es común en turismo, energía y infraestructuras.
Las garantías reales se registran ante las autoridades correspondientes y en registros de la propiedad o de hipotecas según corresponda, para darle perfección y oponibilidad frente a terceros.
La due diligence verifica titularidad, gravámenes, permisos, cumplimiento ambiental y viabilidad regulatoria. Evita sorpresas que podrían retrasar o encarecer el proyecto.
Sí, pero la estructura de inversión debe cumplir con la normativa local, lavado de dinero y controles cambiarios. Un asesor legal local ayuda a escoger la mejor forma societaria y fiscal.
Sí, las cláusulas de fuerza mayor protegen a las partes ante eventos ajenos a su control. Deben detallar efectos, plazos y posibles ajustes de sede contractual.
Sí, existe financiamiento para proyectos como solar o eólico, especialmente si hay contratos de compra de energía y apoyar políticas públicas. La estructura debe considerar garantías ambientales y permisos.
La deuda con recourse permite reclamar también activos de los patrocinadores; la sin recourse se apoya principalmente en los flujos del proyecto. En DR, la recaudación depende de la estructura y garantías.
Los honorarios varían con la complejidad del proyecto y la experiencia del letrado. En general, se manejan en honorarios por hora o paquetes de servicios para todo el proceso.
Sí, es necesario obtener licencias ambientales y cumplir con normativas de impacto. Esto puede implicar evaluaciones y aprobaciones de organismos ambientales.
La duración depende del alcance, permisos y la carga de trabajo de autoridades locales. En proyectos grandes, la obtención de permisos puede tardar meses.
Project finance is a financing arrangement in which lenders rely primarily on the revenues generated by a project.
Infrastructure projects are often financed through public-private partnerships and project finance.
IDB supports private investment in infrastructure using project finance structures.
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