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La financiación de proyectos, o project finance, es una estructura en la que la deuda y la rentabilidad se apoyan principalmente en los flujos de efectivo del propio proyecto, y no en la solvencia general del promotor. Este enfoque es habitual en infraestructuras, energía y otros grandes proyectos de capital en Valle de San Lorenzo. La estructura típica implica un vehículo de propósito específico (SPV) y una serie de contratos de apoyo (financiación, suministro, construcción, operación y mantenimiento).
En Valle de San Lorenzo, los promotores suelen recurrir a SPV para aislar riesgos y facilitar la participación de inversores y prestamistas. Los acuerdos clave incluyen acuerdos de financiación, contratos de suministro y de venta de energía, y acuerdos de off-take. La asesoría legal es fundamental para definir gobernanza, reparto de riesgos y mecanismos de resolución de disputas.
Además, la regulación local y nacional influye en la viabilidad del proyecto, la fiscalidad aplicable y las condiciones de licitación cuando haya contratos de la Administración. Un letrado especializado debe entender tanto la operativa del proyecto como las reglas de contratación pública y las garantías necesarias para la financiación.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público regula las condiciones para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades del sector público.
El Código Civil regula las obligaciones y contratos entre personas, estableciendo reglas de interpretación, cumplimiento y resolución de acuerdos.
Promotor en Valle de San Lorenzo que quiere financiar una planta solar: necesita estructurar un SPV, definir la gobernanza y preparar el marco de garantías y garantías para deuda senior y deuda subordinada.
Proyecto eólico financiado con inversión extranjera: requiere asesoría para negociar un PPA (contrato de compra de energía) y los acuerdos de suministro y cesión de flujos de ingresos.
Procedimiento de contratación pública para una infraestructura: se precisa asesoría para cumplir las reglas de la LCSP, preparar pliegos y gestionar la licitación de forma competitiva.
Negociación de garantías y seguros: se requieren acuerdos para garantizar el cumplimiento de hitos y la cobertura de riesgos de construcción, operación y cambio de normativa.
Due diligence regulatoria y ambiental: un abogado identifica obligaciones, permisos, tasas y posibles restricciones que afecten la viabilidad financiera del proyecto.
Resolución de disputas contractuales: ante un conflicto entre promotor, contratistas o financiadores, se debe decidir entre arbitraje o jurisdicción ordinaria y establecer cláusulas de resolución rápida.
La contratación pública y la financiación de proyectos en España están reguladas, entre otros, por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Esta norma regula licitaciones, adjudicaciones y contratos de obras, servicios y suministro para la Administración y entidades vinculadas.
El marco civil y societario español también influye en project finance. El Código Civil regula las obligaciones contractuales entre partes privadas y SPVs, definiendo principios de interpretación y cumplimiento de contratos. Su aplicación es clave para garantizar la validez de acuerdos entre promotores, inversores y contratistas.
Por último, la Ley de Sociedades de Capital (texto refundido por Real Decreto Legislativo 1/2010) regula la organización, administración y financiación de las sociedades mercantiles que suelen constituir la SPV. Esta normativa impacta en la emisión de deuda, la estructura de gobernanza y las responsabilidades de los administradores.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público regula las condiciones para la contratación de bienes, servicios y obras por las entidades del sector público.
El Código Civil regula las obligaciones y contratos entre personas y sociedades, estableciendo normas para la interpretación, cumplimiento y resolución de acuerdos contracting.
La Ley de Sociedades de Capital regula la organización de la sociedad y la emisión de valores, así como las responsabilidades de administradores y la gestión de riesgos financieros.
La financiación de proyectos es una técnica en la que la deuda y la financiación se garantizan principalmente por los flujos del proyecto, no por la solvencia del promotor. Es útil para infraestructuras, energía y grandes iniciativas porque separa el riesgo del promotor del proyecto.
Se crea una SPV que contrata la construcción, operación y financiación. Los pagos del proyecto cubren la deuda y se reparten entre inversores y prestamistas según el contrato de financiación y los acuerdos de off-take.
El SPV aísla riesgos específicos del proyecto y facilita la financiación. Los inversores ven un flujo de ingresos dedicado y limitado riesgo de contagio a otras actividades del promotor.
Un PPA es un contrato de compra de energía entre el generador y un comprador. Garantiza ingresos estables que permiten a los prestamistas evaluar la viabilidad del proyecto.
Se deben prever gastos de due diligence, honorarios de asesoría, costos de licencias y permisos, y posibles tasas de tributación aplicables a la SPV y al proyecto.
Sí. En Valle de San Lorenzo, las licitaciones están reguladas por la LCSP y requieren conocimiento de pliegos, criterios de adjudicación y garantías, para evitar impugnaciones.
La deuda senior tiene prioridad en el cobro y menor riesgo; la subordinada soporta mayor riesgo y suele ofertar mayor rendimiento a los inversores. La mezcla afecta la estructura de retorno y colateral.
Es un conjunto de garantías para asegurar el cumplimiento de hitos y pagos del proyecto. Incluye garantías de rendimiento, fianzas y seguros que protegen a prestamistas e inversores.
Se deben revisar los contratos y, de ser necesario, renegociar cláusulas de revisión de precios, plazos y responsabilidades. Contar con cláusulas de ajuste ayuda a mitigar sorpresas.
Se identifica la normativa ambiental aplicable, se obtienen permisos y se integran cláusulas de cumplimiento y mitigación. Esto reduce el riesgo de paralizaciones o sanciones.
La due diligence puede durar 4-8 semanas para proyectos medianos y 3-6 meses para infraestructuras complejas. El tiempo depende de la complejidad y la disponibilidad de información.
Defina el alcance del proyecto, identifique a los participantes y prepare un resumen de negocio. Esto facilita la revisión por abogados y la estimación de costos y plazos.
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