¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
La Financiación de Proyectos, o project finance, es una disciplina del derecho mercantil y civil que estructura grandes infraestructuras mediante una Sociedad de Propósito Específico (SPV) cuyo flujo de caja futuro respalda la deuda y el financiamiento. En Viña del Mar, estas operaciones se ajustan a la normativa chilena vigente, con énfasis en la asignación de riesgos entre patrocinadores, prestamistas y contratistas. La asesoría legal se centra en due diligence, contratos, garantías, y cumplimiento regulatorio para evitar impagos y litigios posteriores.
Un asesor legal en Viña del Mar debe conocer las prácticas de modelación financiera, la estructuración de garantías adecuadas y la interacción con autoridades regulatorias. También es clave entender las particularidades regionales, como la normativa de contratación pública y las reglas de concesiones que impactan proyectos de infraestructura en la región de Valparaíso. Por ello, un abogado experimentado facilita la mitigación de riesgos y la obtención de financiación en condiciones razonables.
En Viña del Mar, la financiación de proyectos se apoya en cuerpos normativos chilenos que regulan concesiones, contratación pública y estructuras societarias. La participación de SPV, garantías, fideicomisos y acuerdos de servicios suele sustentarse en estas normas. Es crucial entender las condiciones de cada régimen para evitar riesgos de incumplimiento y sanciones.
Ley de Concesiones de Obras Públicas: regula contratos de concesión para obras y servicios de interés público, incluyendo requisitos de financiamiento, garantías y supervisión. Vigente desde las últimas décadas con reformas puntuales para facilitar la inversión privada en infraestructura. Estas reglas influyen directamente en proyectos de transporte, agua y suministro urbano en la región de Valparaíso.
Ley de Sociedades Anónimas: establece la figura de las entidades jurídicas utilizadas como SPV para proyectos de gran escala. La normativa contempla la responsabilidad de los accionistas, gobernanza y mecanismos de control de la deuda. En Chile ha experimentado reformas para modernizar la administración corporativa y la transparencia de operaciones, con cambios relevantes en los últimos años.
Ley de Contratos Públicos / Contratos de Compras del Estado: regula licitaciones, adjudicaciones y ejecución de contratos con entidades públicas. Es clave para procesos de concesión y proyectos de infraestructura financiados con fondos estatales o incentivos. Las reformas recientes buscan mayor transparencia, eficiencia y prevención de disputas contractuales.
“El financiamiento basado en proyecto facilita la distribución de riesgos entre prestamistas, patrocinadores y contratas, permitiendo realizar grandes infraestructuras en mercados emergentes.”
“En mercados con marcos de PPP maduros, el project finance acelera la movilización de capital privado para infraestructuras críticas, reduciendo costos de transacción.”
“Los marcos de financiamiento de proyectos en Chile han ido consolidándose con guías de buenas prácticas para garantizar transparencia y sostenibilidad fiscal.”
Es una forma de financiar infraestructuras grandes mediante una SPV cuyo flujo de caja futuro respalda la deuda. Se utiliza cuando el proyecto genera ingresos específicos, no solo la solvencia de la empresa patrocinadora. El objetivo es distribuir riesgos entre inversores, bancos y contratistas.
Se crea una entidad de propósito específico dedicada al proyecto. Sus activos, ingresos y contratos quedan aislados de las demás operaciones de los patrocinadores. Este aislamiento facilita la financiación y protege a acreedores frente a incumplimientos ajenos al proyecto.
Las garantías se exigen para asegurar el cumplimiento de obligaciones de construcción, suministro y pago. Pueden incluir garantías de cumplimiento, garantías financieras y garantías de pago por parte de patrocinadores o del SPV.
Los contratos de concesión suelen registrarse ante las autoridades competentes y deben cumplir con las normativas locales y nacionales. El proceso implica revisión de pliegos, licitaciones y mecanismos de revisión de costos y plazos.
Los acuerdos de Offtake aseguran ingresos futuros mediante contratos de compra-venta de energía o agua. Garantizan a los prestamistas un flujo de caja predecible para el servicio de la deuda. También reducen el riesgo de demanda para el proyecto.
Sí. Un letrado puede revisar cláusulas, renegociar tasas, extender plazos y ajustar garantías. Es fundamental contar con due diligence actualizada y entender las condiciones del contrato de financiación.
El seguro de crédito protege frente a impagos de contrapartes y eventos de fuerza mayor. Es una herramienta útil para mejorar la viabilidad financiera frente a riesgos de demanda, tipo de cambio o incumplimiento de contrapartes.
No siempre es obligatorio, pero puede ser útil para consolidar flujos de cobro, gestionar garantías y separar activos del SPV. El fideicomiso facilita la protección de ingresos y la distribución de pagos.
El financiamiento senior tiene prioridad de cobro y menor riesgo, con tasas más bajas. El mezzanine es más arriesgado y ofrece mayores retornos a cambio de mayor flexibilidad y subordinación de la deuda.
La concesión es un contrato en que una empresa financia y opera una obra financiada por peajes o tasas. Una APP combina financiamiento, operación y mantenimiento con participación público-privada bajo un marco específico.
Los honorarios varían según la complejidad y la fase del proyecto. Pueden incluir honorarios por hora, tarifas fijas para fases de due diligence y porcentaje sobre servicios de negociación. Es común acordar un monto mínimo y un tope estimado.
Un cierre puede tardar entre 3 y 12 meses, según complejidad, número de partes y requisitos regulatorios. Factores como permisos, due diligence financiero y aprobación de garantías influyen en el plazo.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Viña del Mar a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Financiación de Proyectos, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Viña del Mar, Chile — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
