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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son acuerdos entre el sector público y privado para diseñar, construir, financiar, operar y mantener infraestructuras y servicios. En Atlanta se utilizan principalmente para carreteras, transporte público, agua y servicios urbanos. Este marco permite acelerar la entrega de proyectos y distribuir riesgos entre las partes.
El marco legal de APP en Georgia combina leyes estatales y normas municipales. En Atlanta, las APP suelen involucrar a autoridades como la Georgia Department of Transportation (GDOT) o entidades locales, con participación de sponsors privados y financiadores. Los contratos de APP deben cumplir con la legislación aplicable y con prácticas de transparencia y competencia.
“Public-Private Partnerships offer a structured way to deliver transportation projects by leveraging private sector expertise in design, finance, construction, operation, and maintenance.”
Fuente: Federal Highway Administration (FHWA) - Public-Private Partnerships, Guía general
La Ley de Transporte Público-Privado de Georgia, conocida como Public-Private Transportation Act (PPTA), facilita que las agencias públicas celebren acuerdos PPP para infraestructuras de transporte. En Atlanta, esta norma ha permitido a la GDOT y a gobiernos locales considerar opciones de financiamiento y operación privada para carreteras y puentes. Vigente desde 1998, con interpretaciones y ajustes posteriores para ampliar enfoques de colaboración.
“The Public-Private Transportation Act authorizes public authorities to enter into agreements with private entities for the design, construction, financing, operation, and maintenance of transportation facilities.”
Fuente: Georgia General Assembly - Public-Private Transportation Act (OCGA § 32-10-1 et seq)
La Georgia Procurement Code regula la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades públicas, incluyendo contratos PPP. Su objetivo es asegurar competencia abierta, transparencia y uso responsable de fondos públicos. Esta normativa es aplicable a procesos de licitación, selección de propuestas y adjudicación de contratos PPP a nivel estatal y local.
“Procurement processes must be competitive and transparent to ensure the best value for state and local governments.”
Fuente: Georgia Department of Law / Law.Georgia.gov - Georgia Procurement Code
La Georgia Environmental Policy Act (GEPA) exige análisis y consideraciones ambientales para proyectos públicos, incluidos aquellos que involucren APP. GEPA impulsa evaluaciones de impacto, consulta pública y mitigación de efectos ambientales antes de la aprobación de acuerdos. Su cumplimiento es crucial para evitar demoras y litigios en proyectos de infraestructura.
“GEPA requires environmental impact assessments and public participation for state and local public projects.”
Fuente: law.georgia.gov - Georgia Environmental Policy Act
Una APP es un acuerdo entre el sector público y privado para entregar una obra o servicio. En Atlanta, se usa para transporte, agua y gestión de servicios, con riesgos y pagos vinculados a desempeño y cumplimiento.
Se inicia con una justificación de necesidad, un esquema de gobernanza y un plan de diligencia. Después se emite una solicitud de propuestas y se evalúan ofertas de forma competitiva.
Cuándo se diseña un modelo de contrato, se revisan términos de financiamiento, o se presentan y defienden licitaciones. La asesoría evita riesgos y asegura cumplimiento legal.
Se deben revisar la PPTA de Georgia, la Georgia Procurement Code y GEPA. También conviene consultar normas locales de la ciudad de Atlanta y GDOT.
Porque las APP combinan derecho administrativo, contratos, financiamiento y riesgo. Un abogado especializado ayuda a estructurar acuerdos robustos y a prever disputas.
Sí, mediante cláusulas de diseño, rendimiento, financiamiento y mantenimiento. Un letrado debe verificar límites, responsabilidades y mecanismos de compensación.
Los PPP pueden acelerar la entrega y liberar fondos públicos en el corto plazo. Sin embargo, requieren evaluación rigurosa de costo-total y control regulatorio.
En muchos casos sí. GEPA exige análisis y consulta pública, lo que puede influir en el cronograma y en las condiciones del contrato.
Build-Operate-Transfer implica la construcción y operación por un privado, con transferencia al sector público al final. Otras estructuras pueden implicar concesión o arrendamiento de activos.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia requerida. Un asesor senior típico puede cobrar por hora o por proyecto, con estimaciones iniciales para la revisión de contratos y diligencia.
Se debe presentar una impugnación formal ante la autoridad adjudicadora. Un abogado puede guiar el proceso y solicitar revisiones o suspensiones temporales.
Se evalúan indicadores de desempeño, costos totales de ciclo de vida, cumplimiento de plazos y satisfacción de stakeholders. Las revisiones se deben documentar en informes periódicos.
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