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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son contratos a largo plazo entre un ente público y un proveedor privado para diseñar, construir, financiar, operar o mantener infraestructuras y servicios. En Cherry Hill, estas alianzas se basan en marcos legales estatales y reglamentarios que regulan la contratación pública y la aprobación de proyectos de desarrollo. El objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y transferir ciertos riesgos al sector privado, sin perder la supervisión y responsabilidad pública.
En el nivel local de Nueva Jersey, las APP deben adherirse a normas de contratación pública y a procesos de revisión de uso de suelo, permisos y cumplimiento ambiental. Un abogado especializado en APP puede ayudar a definir la mejor estructura de la alianza, redactar o revisar acuerdos y garantizar que las etapas de licitación y adjudicación cumplan con las reglas vigentes.
«La Ley de Contratos Públicos Locales exige que las entidades locales otorguen la mayoría de los contratos mediante licitación pública, con procesos y criterios de adjudicación claros.»
Fuente: New Jersey Division of Local Government Services (DLGS) - Domain institucional: .gov
En Cherry Hill y en el estado de Nueva Jersey, las APP se apoyan en varios cuerpos legales clave. Estos marcos regulan la contratación pública, la planificación y el desarrollo, así como la revisión de proyectos de desarrollo con participación privada.
Leyes relevantes (N.J.S.A. y principios), con énfasis práctico:
Cambios y actualizaciones recientes suelen aparecer en los textos vigentes y guías de DLGS y la legislación estatal. Se recomienda revisar las versiones actuales en los portales oficiales oficiales para entender los requisitos de licitación, transparencia y supervisión aplicables a cada proyecto PPP.
«La Ley de Contratos Públicos Locales exige que las entidades locales otorguen la mayoría de los contratos mediante licitación pública, con procesos y criterios de adjudicación claros.»
Fuente: New Jersey Division of Local Government Services (DLGS) - https://www.nj.gov/dca/division/lgsl/
«La Redevelopment and Housing Law permite a los municipios firmar acuerdos con desarrolladores privados para la revitalización de áreas, sujeto a aprobaciones y supervisión estatal.»
Fuente: New Jersey Legislature - N.J.S.A. 40A:12A-1 et seq. y textos relacionados - https://lis.njleg.state.nj.us/
«El Municipal Land Use Law establece el marco para la revisión de planes, permisos y procesos de desarrollo necesarios para proyectos de gran escala, incluidos PPPs.»
Fuente: New Jersey Legislature - N.J.S.A. 40:55D-1 et seq. - https://lis.njleg.state.nj.us/
Una APP es un contrato a largo plazo entre la administración pública y un private partner para entregar, financiar y operar un servicio o infraestructura. En Cherry Hill, se evalúa si la APP reduce costos, mejora servicios y mantiene control público. El proceso requiere cumplimiento de leyes de contratación y aprobación de uso de suelo.
Identifique la necesidad pública, determine si la APP es adecuada, y seleccione un marco de adquisición (RFP, RFQ, o selección directa). Prepare un equipo con asesor legal y financiero, y coordine con la Junta Municipal. Inicie con una publicación de licitación y un periodo de preguntas formales.
El costo depende de la complejidad y la experiencia del letrado. Los honorarios suelen ser por hora o un porcentaje del valor del contrato. Prepare un presupuesto, pida estimaciones por escrito y acuerde un esquema de honorarios y reembolsos antes de iniciar.
La licitación pública exige ofertas formales de todos los participantes; la contratación competitiva puede incluir criterios de evaluación distintos a precio, como experiencia y rendimiento. Ambos procesos deben ser transparentes y documentados conforme a N.J.S.A. 40A:11-1.
Los contratos PPP suelen abarcar de 20 a 40 años, dependiendo del proyecto y la financiación. La duración influye en la estructura de pagos, garantías y obligaciones de mantenimiento.
Sí. Un abogado puede revisar cláusulas de rendimiento, cambios de control, garantías y derechos de terminación. También ayuda a prever escenarios de incumplimiento y a gestionar riesgos fiscales y regulatorios.
Los residentes pueden participar mediante audiencias públicas, comentarios escritos y objeciones formales en el marco de la licitación y las revisiones de uso de suelo. Un letrado puede asesorar sobre la mejor forma de participar y registrar objeciones válidas.
Consulte las secciones de contratación local de DLGS y las leyes estatales de NJ. Las páginas oficiales del legislativo ofrecen el texto vigente de las leyes N.J.S.A. 40A:11-1 y 40A:12A-1 para consulta detallada.
Normalmente hay cláusulas de rendimiento, penalidades y, en algunos casos, la terminación anticipada. El contrato debe prever revisiones, renegociaciones y mecanismos de resolución de disputas.
Revisa responsabilidades de cumplimiento ambiental ante agencias estatales, requisitos de evaluación de impacto y permisos de la NJ Department of Environmental Protection. El acuerdo debe asignar claramente estas cargas entre la administración y el socio privado.
La mayoría de los contratos PPP requieren consentimiento de la parte pública para cualquier cesión o transferencia de derechos. Un abogado debe evaluar las cláusulas de asignación y control para evitar incumplimientos.
Los acuerdos suelen contener cláusulas de confidencialidad sobre información sensible y datos comerciales; deben equilibrarse con obligaciones de transparencia y posibles excepciones de acceso a la información pública.
Fuente adicional de referencia internacional: World Bank - PPP Knowledge Center, guía práctica y conceptos sobre APP a nivel global. Sitio: https://ppp.worldbank.org/
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