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Las Asociaciones Publico-Privadas (APP) en Costa Rica son una figura juridica que busca combinar recursos del sector publico y del privado para financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructuras o servicios publicos de interes general. Este modelo pretende mejorar la eficiencia, reducir costes y acelerar la entrega de obras y servicios a la poblacion. Su marco legal regula las etapas de planificacion, licitacion, adjudicacion, ejecucion y evaluacion de contratos de APP.
En la practica, una APP implica un acuerdo de participacion a largo plazo entre una entidad publica y un socio privado. El objetivo es asegurar que la inversion, la gestion y el riesgo se distribuyan de forma adecuada entre ambas partes. La planificacion y la evaluacion de valor por dinero son elementos centrales para justificar estas alianzas. El asesoramiento juridico ayuda a clarificar responsabilidades, obligaciones y mecanismos de control.
En Costa Rica, la materia se apoya en dos grandes cuerpos normativos: la normativa de contratacion publica y el marco regulatorio de las APP. Estos textos establecen reglas para licitacion, evaluacion, adjudicacion, vigencia y control de contratos con participacion privada.
Ley de Contratacion Administrativa regula procedimientos, transparencia y concurrencia en compras y obras publicas. Su finalidad es garantizar uso eficiente de fondos publicos y igualdad de oportunidades entre oferentes. Se aplica a procesos de APP cuando la adquisicion de servicios o obras esta gestionada por la autoridad competente.
Ley de Asociaciones Publico-Privadas establece el marco general para la estructuracion, aprobacion y ejecucion de proyectos de APP. Define parametros para la seleccion del socio privado, el reparto de riesgos y los mecanismos de garantia. Se acompana de reglamentos y lineamientos administrativos para su operatividad.
Reglamentos y resoluciones aplicables complementan las leyes marco con normas tecnicas sobre procesos de licitacion, evaluacion de ofertas, calendario de hitos, transparencia, informes de seguimiento y resolucion de controversias. Las reformas recientes han buscado reforzar la seguridad juridica y la gestion de riesgos en proyectos de infrastrucutra y servicios publicos.
“PPP es un acuerdo de cooperacion entre sector publico y privado para financiar, diseñar, construir, operar y mantener infraestructura y servicios.”
“Un marco juridico claro reduce costos y tiempos de implementacion, y mejora la confianza de inversionistas en proyectos publicos.”
“La gestion adecuada de riesgos y la transparencia fortalecen la idoneidad de la APP como metodo de entrega de infraestructura.”
Es un acuerdo a largo plazo entre el sector publico y un socio privado para crear, financiar y operar una infraestructura o servicio. El objetivo es mejorar la eficiencia y la calidad del servicio.
Se debe definir el alcance, preparar el pliego de condiciones y publicar la convocatoria. Luego se evaluan ofertas y se selecciona la mejor propuesta conforme a criterios preestablecidos.
Cuando el costo total de propiedad, mantenimiento y servicios a lo largo del tiempo es menor con un socio privado. También cuando se busca acelerar la entrega del proyecto.
Las convocatorias suelen publicarse en portales oficiales de contratacion y en anuncios regulatorios. Es crucial revisar los terminos de referencia y criterios de elegibilidad.
Para revisar contratos, asegurar cumplimiento normativo, gestionar riesgos y negociar terminos que protejan a su representado.
Suele requerir procedimiento formal y aprobación de la autoridad competente, con ajustes de precios, plazos o responsabilidades.
Depende de la experiencia, capacidad tecnica y financiamiento. Un asesor legal evalua ventajas y riesgos de cada opcion.
Se recomienda un equipo que combine asesoria juridica con areas definicion de riesgos, finanzas y cumplimiento.
Generalmente se exigen solvencia, experiencia en proyectos similares y capacidad financiera, junto a la documentacion solicitada en el pliego.
La fase de preparacion, licitacion y cierre de contrato puede durar entre 9 y 24 meses, dependiendo de la complejidad y del marco regulatorio.
Suelen requerirse certificaciones, cumplir criterios de capacidad y ofrecer pruebas de solvencia juridica y financiera.
En una concesion la gestion de un servicio puede ser parcial o total por un operador privado, mientras que en una APP se diseña y estructura una alianza publico-privada especifica para entregar un servicio o infrastructura.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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