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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) permiten que la Administración publique y una empresa privada colaboren para planificar, construir y gestionar infraestructuras o servicios. En León, estas alianzas se aplican a proyectos como transporte, agua, residuos y infraestructuras culturales o sanitarias, cuando la vía contractual lo exige. El objetivo es combinar capacidad pública con eficiencia y inversión privada para mejorar servicios a los vecinos.
El marco normativo español regula estas alianzas con reglas claras sobre contratación, transparencia y equilibrio de intereses. En León, los asuntos de APP deben respetar la normativa nacional vigente y las prácticas de contratación pública de la Junta de Castilla y León, adaptadas a cada tipo de proyecto. Un asesor legal puede ayudar a definir la mejor forma de colaboración y a prevenir conflictos desde la fase de diseño.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula la contratación pública para todo tipo de proyectos, incluidas las APP. Establece principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato y define procedimientos de licitación y adjudicación. En León, aplica como marco principal para PPP y concesiones de servicios. Vigente desde su entrada en vigor, con modificaciones posteriores para adaptar la contratación a la digitalización y a las directivas europeas.
“La contratación del sector público debe regirse por los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y competencia.”
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratos públicos. España la transpondría mediante la LCSP y sus desarrollos reglamentarios. Esta norma europea es la base para garantizar estándares de contratación y competencia transnacionales en proyectos APP en León y toda España.
“Las directivas europeas sobre contratación pública buscan garantizar transparencia, competencia y uso eficiente de fondos públicos.”
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización y funcionamiento de las entidades públicas y su interacción con el sector privado. Es referencia para la coordinación entre administración y socios privados en PPP y para la revisión de actos administrativos relacionados con contratos y gestiones patrimoniales. Aunque no es específica de APP, su ámbito afecta a la gobernanza de las alianzas.
Una APP es una alianza entre lo público y lo privado para planificar, construir y/o gestionar un servicio o infraestructura. Se diferencia de una concesión en que puede incluir fases de diseño y operación a largo plazo, con distribución de riesgos entre ambas partes.
Empiece por definir el servicio, el nivel de riesgo y el presupuesto. Prepare un anteproyecto y un estudio de viabilidad y, luego, inicie la convocatoria pública con un pliego detallado, con criterios de evaluación claros.
Desde la fase inicial de diseño del pliego, durante la licitación y en la negociación de la concesión. También es imprescindible ante cambios sustanciales o disputas contractuales.
Los concursos de contratación pública se publican en plataformas oficiales y, cuando corresponde, en el Boletín Oficial del Estado; hay efectos de publicidad para garantizar la concurrencia.
Un letrado verifica la legalidad del pliego, identifica cláusulas ambiguas y protege a la Administración y al contratista frente a posibles abusos o desequilibrios.
El coste varía según la complejidad. En proyectos grandes, suele ser prudente invertir en asesoría para evitar riesgos de incumplimiento y costos imprevistos.
Sí. Las cláusulas de reequilibrio permiten adaptar condiciones contractuales ante cambios relevantes en costes, ingresos o circunstancias de mercado.
La fase de licitación puede durar entre 6 y 18 meses, según complejidad y número de licitadores. La adjudicación y firma del contrato pueden extenderse más.
No siempre se exige experiencia previa, pero tener capacidad técnica y capacidad económica suficiente facilita la valoración y reduce riesgos de exclusión.
En la concesión de obra, el privado ofrece la obra y la pone a disposición del público. En la de servicios, el privado gestiona el servicio durante el periodo contractual.
Sí. En muchos contratos se contempla la transferencia de activos y la reversión al finalizar el periodo, con condiciones de mantenimiento y compensaciones.
Debes revisar permisos, licencias ambientales, impactos y planes de gestión. Las cláusulas deben prever responsabilidades y mecanismos de depuración.
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