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Las asociaciones público-privadas (APP) son estructuras jurídicas para desarrollar infraestructuras y servicios mediante cooperación entre la Administración y la iniciativa privada. En Marbella, estas alianzas se analizan bajo el marco general de la contratación pública y de la normativa urbanística aplicable a proyectos locales. Un asesor legal puede ayudar a definir el modelo más adecuado, gestionar riesgos y garantizar la transparencia de los procesos.
En la práctica, una APP puede implicar concesiones de obras o servicios, diseño, financiación, construcción y mantenimiento de infraestructuras como carreteras, instalaciones deportivas o servicios municipales. La clave es un marco contractual claro que asigne riesgos, responsabilidades y garantías entre las partes y que cumpla la normativa española y autonómica vigente.
La contratación de una APP en Marbella suele implicar complejidad técnica y jurídica. Un letrado puede ayudar desde la etapa de diseño del proyecto hasta la ejecución y operación. A continuación se presentan escenarios concretos con contexto local.
En todos estos casos, un abogado de APP puede asesorar sobre: cumplimiento del marco legal vigente, redacción de cláusulas clave, gestión de riesgos, auditoría de costes y respuesta a procesos de licitación y recursos administrativos.
Las APP en Marbella se rigen principalmente por la normativa estatal de contratos y, en su caso, por la legislación y ordenanzas locales aplicables. A continuación se mencionan normas relevantes por nombre y su alcance general.
Notas prácticas: Las actualizaciones de la LCSP han reforzado la transparencia, la evaluación de la viabilidad económico-financiera y la gestión de riesgos en PPP. En Marbella, el PGOU y las ordenanzas municipales condicionan la viabilidad de proyectos de infraestructura y servicios vinculados a la ciudad.
“Las asociaciones público-privadas requieren marcos regulatorios claros y una gobernanza de riesgos rigurosa para garantizar la entrega eficiente de infraestructuras y servicios.”
OECD - Public-Private Partnerships (ppp) guidance
“La financiación y la evaluación de viabilidad de PPP deben estar integradas con la planificación presupuestaria y la gestión de riesgos del proyecto.”
European Investment Bank (EIB) - PPP guidance and tools
Una APP es una colaboración entre la Administración y una empresa privada para diseñar, financiar, construir o gestionar una infraestructura o servicio. Conviene cuando se busca eficiencia, innovación y reparto de riesgos a largo plazo.
Se debe identificar la necesidad, preparar el pliego de condiciones, establecer criterios de valoración y abrir un procedimiento público. Es clave la transparencia y la publicación oficial de la convocatoria.
Antes de participar, para revisar pliegos, cláusulas de responsabilidad y garantías, y para valorar la viabilidad financiera y el reparto de riesgos.
Puede consultarse la LCSP y su texto refundido, junto con el PGOU de Marbella y ordenanzas municipales. Estos marcos regulan la contratación y el uso del suelo.
La distribución de riesgos entre la Administración y el privado determina costes, plazos y viabilidad. Una valoración inadecuada puede generar litigios y pérdidas financieras.
Sí. Las APP pueden abarcar construcción, financiación, mantenimiento y gestión de servicios, con cláusulas que asignen cada riesgo correspondiente.
Sí. Un informe de viabilidad incluye análisis de costes, ingresos, flujos de caja y sensibilidad ante escenarios. Es decisivo para la selección de ofertas.
Generalmente sí. Un NDA protege la información sensible de la Administración y de los licitadores durante la evaluación de ofertas.
La concesión de obras se paga por la construcción y la entrega de una obra; la de servicios se paga por la operación y mantenimiento del servicio durante el plazo pactado.
Los plazos varían según el proyecto, pero las APP suelen cubrir entre 10 y 30 años para equilibrar inversión y retorno para el privado y el servicio para la administración.
Debe revisarse el alcance, las condiciones de pago, las garantías, los hitos, los mecanismos de resolución de disputas y las cláusulas de cesión. También el plan de mitigación de riesgos.
Normalmente existen cláusulas de revisión y novación para ajustar el contrato a cambios legales o técnicos sin afectar la viabilidad del proyecto.
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