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Las asociaciones público-privadas (APP) son acuerdos de largo plazo entre una entidad pública de Medfield y un socio privado para concebir, financiar, construir, operar o mantener infraestructura y servicios públicos. En Massachusetts, estas alianzas se rigen por leyes estatales y guías administrativas que establecen procedimientos de licitación, selección de socios y distribución de riesgos y responsabilidades. En Medfield, los proyectos APP suelen enfocarse en infraestructuras críticas como educación, agua, saneamiento o transporte, con supervisión de agencias estatales y el municipio local.
Para decidir si una APP es adecuada, es esencial entender los impactos a largo plazo en el presupuesto municipal, la calidad de los servicios y la transparencia del proceso. Un asesor legal especializado puede ayudar a definir objetivos, evaluar estructuras posibles y mitigar riesgos de cumplimiento, costos y rendimiento a lo largo del contrato.
En Medfield y el estado de Massachusetts, las APP se regulan principalmente por leyes estatales y normas de contratación pública que rigen la selección de socios, la competencia y la responsabilidad contractual. Las dos leyes clave para proyectos APP son: M.G.L. ch. 149A (Public-Private Partnerships for Public Construction) y M.G.L. ch. 30B (Public Procurement of Property, Services and Real Property). Estas leyes orientan cómo se deben estructurar los procesos de licitación, evaluación y firma de acuerdos con entidades privadas.
Además, los proyectos APP deben adherirse a las pautas de contratación de DCAMM y a las normas de contratación de MassDOT cuando involucren infraestructura vial o de transporte. Estas guías buscan asegurar competencia, transparencia y un análisis de costo-beneficio adecuado antes de la firma de un contrato.
“Public-Private Partnerships (P3) consisten en acuerdos de larga duración entre autoridades públicas y socios privados para entregar o gestionar infraestructuras públicas.”
Fuente: MassDOT Guía de Asociaciones Público-Privadas y legislación estatal. Enlace: MassDOT - Guía P3
“La Ley Chapter 149A autoriza a las entidades públicas a celebrar asociaciones público-privadas para la construcción y adquisición de infraestructuras.”
Fuente: M.G.L. ch. 149A. Enlace: General Laws ch. 149A
Notas prácticas para Medfield: Las notas de la MMA señalan la necesidad de claridad en la asignación de riesgos y de controles presupuestarios cuando se utiliza una APP para proyectos de servicios municipales, como agua o escuelas.
Una APP es un acuerdo de larga duración entre Medfield y un socio privado para entregar, mantener o financiar un servicio público. Funciona mediante un contrato que especifica diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, con distribución de riesgos y pagos a lo largo del tiempo.
Debe seguir las normas estatales de contratación, principalmente M.G.L. ch. 149A y ch. 30B, y publicar un aviso de interés público. La posibilidad de evaluar costos, riesgos y beneficios se realiza a través de un proceso de licitación formal con criterios de adjudicación claros.
En una APP, el privado asume más funciones de financiación, operación y mantenimiento, lo que difiere de un contrato tradicional donde el municipio paga por obra y mantenimiento por separado. Las APP buscan transferir riesgos y financiar infraestructuras a través de pagos a largo plazo.
Los honorarios varían según la complejidad y el alcance, pero suelen oscilar entre 200 y 450 USD por hora para especialistas en derecho público y PPP. Un retainer inicial suele cubrir la revisión de documentos, reuniones y negociaciones clave.
Necesitará un resumen de viabilidad, alcance del proyecto, mapas de riesgos, estimaciones presupuestarias y un borrador de criterios de adjudicación. También se deben incluir posibles escenarios de operación y mantenimiento.
Sí. Las APP son comunes para mejoras o nuevas instalaciones escolares, siempre que exista viabilidad técnica y financiera y se cumplan las normas de contratación y transparencia aplicables.
La duración puede variar, con fases de viabilidad, diseño, licitación y firma de contrato que pueden extenderse de 12 a 36 meses. Factores como complejidad técnica y requerimientos de financiación influyen en el calendario.
No hay requisitos de licencia adicionales, pero el abogado debe estar certificado en derecho de Massachusetts y tener experiencia en contratación pública y PPP, así como conocimiento de las leyes de adquisiciones.
La licitación competitiva obliga a presentar ofertas abiertas con criterios de adjudicación públicos. La negociación privada implica negociaciones directas con un único candidato, con menos transparencia, pero puede acelerar tiempos si se cumplen ciertas reglas.
Las leyes estatales fijan los procedimientos de licitación, permisos, y la distribución de riesgos. Medfield debe seguir estas normas para garantizar competencia, integridad y cumplimiento.
Poder contar con una entidad de proyecto puede clarificar gobernanza y responsabilidad, pero también añade complejidad administrativa. Un abogado puede ayudar a definir la estructura de gobernanza y mecanismos de resolución de disputas.
“Chapter 149A authorizes public authorities to use public-private partnerships for the construction and procurement of public infrastructure.”
Fuente: General Laws ch. 149A
“Public-Private Partnerships guidelines and procurement rules are designed to ensure competitive bidding and transparent processes.”
Fuente: MassDOT - Guía P3
Fuente adicional: Massachusetts Municipal Association
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