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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son estructuras contractuales entre el sector público y un socio privado para financiar, construir, operar o mantener infraestructura y servicios. En Pasto, como ciudad de Colombia, las APP se rigen por un marco regulatorio nacional aplicado a los entes territoriales. Esto implica procesos de selección, financiación y supervisión bajo normas vigentes para contratación pública.
El objetivo es combinar inversión, conocimiento técnico y gestión de servicios para proyectos de interés público sin comprometer la sostenibilidad fiscal del municipio. En la práctica, los proyectos APP en Pasto suelen involucrar obras de infraestructura, servicios de agua y saneamiento, movilidad y alumbrado público, entre otros servicios básicos.
En Colombia, el marco general de APP es nacional y se aplica a los entes territoriales como Pasto a través de normas operativas y reglamentarias. A continuación se mencionan normas relevantes que afectan la forma en que Pasto gestiona APP.
Cambios y tendencias recientes han buscado aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad de los proyectos APP, con énfasis en criterios de desempeño y costos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Para Pasto, estos cambios implican una mayor necesidad de asesoría legal especializada en la estructuración y supervisión contractual.
“Public-private partnerships (PPPs) are long-term arrangements entered into between the government and a private sector partner.”
World Bank PPP Knowledge Portal
“PPP projects aim to combine public policy goals with private sector efficiency and investment to deliver public infrastructure and services.”
World Bank PPP Knowledge Portal
“PPPs can help governments deliver essential services while spreading cost over the life of the asset.”
Inter-American Development Bank (IDB)
Qué es una APP y qué la diferencia de una concesión?
Una APP es una figura de cooperación entre sector público y privado para financiar y gestionar servicios o infraestructuras. A diferencia de una concesión, la APP suele implicar diseñar, financiar, construir y/o operar con transferencias de riesgo y beneficios entre las partes durante un periodo largo.
Defina el objetivo, el alcance y el presupuesto. Identifique la necesidad pública y el impacto social. Consulte a un letrado para estructurar un marco y un cronograma, y prepare un borrador de pliego de condiciones.
Es un proceso que determina efectos relevantes del proyecto sobre el entorno y propone medidas de mitigación y monitoreo. Debe iniciarse temprano y formar parte del marco de viabilidad del proyecto.
Asesora sobre el marco legal, riesgos contractuales, garantías, mecanismos de pago por desempeño y procedimientos de licitación para evitar impugnaciones o incumplimientos.
Las garantías suelen exigirse en la adjudicación y durante la ejecución para garantizar cumplimiento. El plazo exacto depende del contrato y de la normatividad aplicable.
La aprobación se realiza conforme a la normativa local y la demanda de cada proyecto, normalmente con intervención del Concejo Municipal y la Secretaría de Planeación, conforme a la Ley 80 de 1993 y Ley 1508 de 2012.
Para asegurar que los criterios de selección, las condiciones de pago y las cláusulas de terminación sean claras y defendibles ante posibles controversias.
Sí. Muchos contratos APP incluyen la operación y mantenimiento de activos ya existentes, con pagos basados en desempeño y vida útil del activo.
Sí. El derecho administrativo regula actos y procesos de autoridad y su revisión reduce riesgos de nulidad o impugnaciones de terceros.
Sí. Existen mecanismos de renegociación y reequilibrio económico para ajustar condiciones ante cambios sustanciales de circunstancias.
La APP prevé una asociación de largo plazo entre público y privado con reparto de riesgos y resultados; una concesión se centra en la construcción y/o explotación con pago por parte del Estado o usuarios.
Los plazos dependen del tamaño del proyecto y del proceso de contratación. En general, el ciclo completo puede tomar de 6 a 18 meses desde la viabilidad hasta la firma del contrato.
Se aplica un análisis de costo total de propiedad, que incluye inversión, financiación, operación, mantenimiento y pagos por desempeño durante la vida útil del contrato.
El costo varía según la complejidad y la duración del servicio. Puede oscilar entre 3 y 8 millones de pesos para una revisión estructural básica hasta montos mayores por asesoría integral y representación en licitaciones.
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