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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son acuerdos entre el sector público y el privado para diseñar, financiar, construir, operar o mantener obras y servicios de interés público. En Punta Cana, estas alianzas se utilizan para mejorar infraestructura turística, transporte y servicios urbanos sin depender exclusivamente del presupuesto estatal. El marco legal busca equilibrar el interés público con la viabilidad económica para el inversor privado.
Un asesor legal en APP ayuda a identificar el modelo más adecuado, evaluar riesgos y asegurar que los contratos compartan responsabilidades, plazos y mecanismos de cumplimiento. La región Este de República Dominicana, donde se ubica Punta Cana, ha visto interés en proyectos de carreteras, suministro de agua, gestión de residuos y mejoras aeroportuarias mediante APP. Es crucial entender las reglas aplicables y las fases del ciclo de vida de una APP para evitar costos inesperados o incumplimientos.
Escenario 1: Un consorcio propone una APP para una nueva planta de tratamiento de aguas en la zona de Bávaro. Requiere asesoría para estructurar la inversión, distribuir riesgos y redactar cláusulas de reequilibrio económico ante variaciones de demanda turística.
Escenario 2: Durante una licitación pública para conectividad vial hacia Punta Cana, necesita verificar el cumplimiento de los requisitos de contratación pública y la elegibilidad del oferente para evitar descalificación.
Escenario 3: Un proyecto de APP para gestión de residuos hoteleros enfrenta controversias sobre alcance de servicios y pagos por rendimiento. Requiere interpretación de cláusulas y negociación de modificaciones contractuales.
Escenario 4: Solicitan permisos ambientales y evaluaciones de impacto para un desarrollo turístico de gran escala. Un letrado debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente para evitar “cuellos de botella” regulatorios.
Escenario 5: Se plantea un reequilibrio económico de un contrato existente por cambios repentinos en la demanda turística. Se necesita asesoría para negociar ajustes de peajes, tarifas y plazos.
Escenario 6: Surgen disputas en arbitraje o tribunal sobre interpretación de garantías de rendimiento y penalidades. Un abogado competente puede gestionar la estrategia de resolución de conflictos.
En cada caso, un abogado o asesor legal con experiencia en APP en RD puede ayudar a evaluar viabilidad, redactar o revisar contratos, y acompañar en la defensa de intereses ante autoridades y contrapartes privadas.
Ley de Compras y Contrataciones Públicas No. 340-06 (con modificaciones). Regula la selección de contratistas, licitaciones y procedimientos para obras, bienes y servicios, incluyendo proyectos de APP.
Reglamento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas (actualizado en años recientes). Define procesos, criterios de evaluación y garantías para contratos públicos vinculados a APP.
Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley General de Medio Ambiente). Regula permisos ambientales, impacto y supervisión de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.
“Los marcos de APP requieren reglas claras para la asignación de riesgos y la gestión de desequilibrios económicos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.”
“La contratación pública en la República Dominicana se apoya en Ley 340-06 y su reglamento, con lineamientos para procesos de licitación y adjudicación de obras públicas.”
Fuente: World Bank PPP Knowledge Lab, guías de APP y contratación pública. https://pppknowledgelab.org/
Fuente: IFC, guías sobre estructuración de proyectos PPP en el Caribe. https://www.ifc.org/
Una APP es una alianza para diseñar, financiar y operar servicios o infraestructuras. En Punta Cana, se orienta a proyectos de turismo, transporte y suministro básico a largo plazo.
Se identifica la necesidad pública, se publica la convocatoria y se evalúan ofertas conforme a criterios técnicos y económicos para designar al adjudicado.
Los honorarios varían por proyecto y experiencia, pero suelen fijarse como porcentaje del valor del contrato o en tarifas horarias, con estimaciones entre varios miles a decenas de miles de dólares.
Puede tomar de 6 a 24 meses, dependiendo de la complejidad, permisos ambientales y disputas regulatorias o técnicas.
Sí. La revisión profesional evita cláusulas abusivas, garantiza equilibrio económico y protege derechos ante posibles incumplimientos.
Una APP implica una alianza entre sector público y privado para entregar servicios, con reparto de riesgos. Una concesión transfiere principalmente la explotación de un servicio público a un privado.
Sí, mediante acuerdos de reequilibrio económico, revisión de tarifas y ampliación de plazos, conforme a las cláusulas contractuales y la ley aplicable.
La información oficial puede estar dispersa; consulte organismos de contratación pública y guías internacionales para entender el marco general y la aplicación local.
Incluye honorarios del asesor, costos de due diligence, gastos de auditoría contractual y posibles costos de arbitraje o litigio.
Sí, un abogado con experiencia puede coordinar con autoridades ambientales para obtener permisos y gestionar impactos del proyecto.
Cuando existan disputas sobre interpretación de cláusulas o incumplimiento, y las cláusulas contractuales prevean arbitraje como mecanismo de resolución.
Se analizan riesgos fiscales, regulatorios, de demanda, de costo y de ejecución; se documenta su asignación entre las partes en el contrato.
World Bank PPP Knowledge Lab - Herramientas y guías sobre APP, con ejemplos globales y marcos regulatorios. pppknowledgelab.org
International Finance Corporation (IFC) - Orientaciones para estructurar, negociar y gestionar proyectos PPP en mercados emergentes. ifc.org
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Public private partnerships y buenas prácticas regulatorias aplicables a contextos latinoamericanos y caribeños. oecd.org
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