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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Salamanca se rigen por la normativa de contratación pública de España. Estas figuras permiten la participación de empresas privadas en la construcción, gestión y operación de infraestructuras y servicios públicos a cambio de ingresos o compensaciones a lo largo de la duración del acuerdo. En Salamanca, los proyectos APP suelen encuadrarse dentro de la contratación del sector público y deben cumplir los principios de transparencia, igualdad y libre competencia.
El marco regulatorio busca equilibrar interés público y viabilidad económica. Un asesor legal especializado en APP puede ayudar a definir el tipo de contrato adecuado (concesión, contrato de servicios, copropiedad, etc.), a revisar cláusulas clave y a anticipar posibles litigios o cambios regulatorios. En Salamanca, la actuación de los órganos municipales y las entidades públicas regionales se alinea con la normativa estatal aplicable a la contratación pública.
La LCSP regula los contratos del sector público y la contratación pública en España, incluyendo modalidades para asociaciones público-privadas y concesiones. Su objetivo es garantizar la libre competencia y la publicidad de las licitaciones. En Salamanca, las licitaciones de APP se tramitan conforme a esta Ley y su normativa complementaria.
Fecha clave: publicada en 2017 y vigente desde su entrada en vigor, con múltiples modificaciones para adaptar la contratación electrónica y la transparencia.
“Los contratos del sector público se regirán por los principios de transparencia, igualdad, no discriminación y libre competencia.”
Fuente: Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Ver texto en Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta norma regula el procedimiento administrativo común en España y afecta a la tramitación de expedientes APP en Salamanca. Establece plazos, práctica de notificaciones y derechos de las partes. Es clave para entender la tramitación de licitaciones y contratos en la administración local.
Fecha clave: vigente desde 2015 con sucesivas actualizaciones para digitalización y procedimientos electrónicos.
“La tramitación de los procedimientos administrativos deberá adaptarse a la normativa de procedimiento común.”
Fuente: Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Ver texto en BOE.
La LRJSP regula la organización, competencias y funcionamiento de las Administraciones Públicas. En el contexto de APP, sirve para entender las relaciones entre la Administración y los colaboradores privados, así como la jerarquía de normas aplicables. En Salamanca, orienta la gobernanza de los contratos y la responsabilidad patrimonial.
Fecha clave: publicada en 2015; ha recibido diversas modificaciones para adaptar procesos administrativos y contratación pública.
“Las normas regulan el régimen jurídico del sector público y sus relaciones con el sector privado en las actuaciones de contratación.”
Fuente: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ver texto en BOE.
Una APP es una alianza público-privada para diseñar, construir u operar servicios o infraestructuras. En Salamanca, facilita proyectos de interés público como infraestructuras y servicios urbanos cuando la financiación es mixt a público-privada.
Se emite un pliego de condiciones por la entidad pública correspondiente, se abre el concurso y se analizan ofertas. Un abogado de APP revisa criterios de adjudicación y garantías.
Desde la preparación de documentos y criterios de adjudicación, hasta la revisión de los contratos y recursos ante posibles impugnaciones.
En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Salamanca y en portales oficiales de contratación pública. Estas plataformas publican anuncios y base de licitación.
Un abogado garantiza cláusulas claras, seguridad jurídica y mitigación de riesgos. Evita cláusulas abusivas y problemas de cumplimiento posterior.
Sí, siempre que cumpla los requisitos técnicos y de solvencia exigidos en la licitación. La competencia abierta está permitida por la LCSP.
Sí, las garantías pueden afectar la liquidez y la devolución al finalizar el contrato. Un asesor las ajusta a la realidad del proyecto.
El coste depende del alcance del asesoramiento, pero la inversión inicial puede evitar litigios y pérdidas mayores. Se pueden acordar honorarios fijos o por horas.
La duración varía, pero los contratos de APP suelen oscilar entre 12 y 30 años, dependiendo del proyecto y las fases.
Una concesión entrega al privado la explotación de un servicio a cambio de peajes o tarifas. Una APP es una cooperación para diseñar, construir y/o gestionar con reparto de riesgos y beneficios.
Mediante mecanismos de revisión o modificación contractual autorizados por la normativa. Requiere aprobación de la Administración y, a veces, renegociación con el socio privado.
Sí, se pueden presentar impugnaciones ante tribunales administrativos o contenciosos, dependiendo del tema y del procedimiento.
“La contratación del sector público debe garantizar transparencia y libre competencia.”- https://www.hacienda.gob.es
“Se garantiza la publicidad suficiente para la adecuada competencia.”- https://contrataciondelestado.es
“Asesoría jurídica especializada en APP y contratos públicos.”- https://www.icasal.es
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