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Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son contratos entre el sector público y el privado para diseñar, financiar, construir, operar o mantener infraestructura y servicios. En Santa Marta, estas estructuras pueden apoyar proyectos de movilidad, agua y saneamiento, gestión de residuos y servicios urbanos. El objetivo es aprovechar la inversión privada para acelerar la ejecución de obras necesarias, con mecanismos de pago basados en desempeño y disponibilidad del servicio.
Un asesor legal en APP analiza riesgos, costos y cumplimiento normativo para asegurar que el proyecto cumpla con el interés público. La orientación profesional ayuda a evitar conflictos de interés, demoras y costos imprevistos. Este marco jurídico exige claridad en responsabilidades, garantías y mecanismos de resolución de controversias desde la etapa de estructuración.
Para Santa Marta, la adopción de estas normas se aplica a través de resoluciones y reglamentaciones municipales y por medio de portales de contratación pública. La normativa nacional rige las APP y se complementa con guías técnicas y de mejora de procesos. La transparencia y la evaluación de impacto social, ambiental y fiscal son fundamentales durante la estructuración.
La APP busca distribuir riesgos y costos entre el sector público y privado para lograr proyectos de infraestructura que respondan a necesidades públicas y a sostenibilidad financiera.
Fuente: ani.gov.co
El marco normativo para APP en Colombia está sustentado por la Ley 1508 de 2012 y sus reglamentaciones para impulsar inversión privada en infraestructura.
Fuente: dnp.gov.co
La contratación pública en Colombia se gestiona a través del SECOP II, que facilita la transparencia y trazabilidad de procesos de APP.
Fuente: secop.gov.co
Una APP es un contrato entre lo público y lo privado para diseñar, construir, financiar u operar infraestructura o servicios. En Santa Marta, estas APP buscan mejorar movilidad, agua y servicios urbanos. El objetivo es distribuir riesgos y costos a lo largo de la vida del proyecto.
Inicie con un diagnóstico del proyecto y un alcance claro. Identifique autoridades locales y revise planes de desarrollo aplicables. Consulte con un abogado de APP para evaluar viabilidad y marco normativo antes de estructurar la operación.
Comienza con la aprobación de viabilidad y diagnóstico por la entidad pública. Sigue la estructuración, evaluación y aprobación interna del proyecto. La licitación y adjudicación pueden durar de 6 a 18 meses según complejidad.
La autoridad ambiental regional competente, como CorpoMagd (Corpamag) o su equivalente, emite los permisos. En algunos casos interviene la autoridad ambiental nacional (ANLA). El proceso puede tardar de 3 a 9 meses, dependiendo del proyecto.
Un abogado revisa estructura, plazos, garantías y riesgos. Facilita la viabilidad técnica y jurídica, y evita costos y sanciones por incumplimientos. También asesora en negociación de cláusulas clave y mecanismos de solución de controversias.
Sí, mediante cláusulas de renegociación y reequilibrio ante cambios de costo, demanda o regulación. Los cambios deben fundamentarse en criterios objetivos y respetar principios de transparencia. La negociación debe documentarse para evitar disputas futuras.
Sí. Revise garantías de cumplimiento, penalidades y mecanismos de resolución de controversias. Estas cláusulas definen montos, plazos y efectos en el costo total. Un asesor legal puede estructurar condiciones claras para defensa pública y privada.
Es habitual incluir cláusulas de reequilibrio ante variaciones de costos, tasas o carga regulatoria. Deben establecer criterios objetivos y fechas de revisión. Un letrado ayuda a equilibrar intereses públicos y privados.
La APP suele distribuir riesgos y usar pagos por desempeño o resultados, con estructura más amplia de viabilidad. Una concesión tradicional centra más responsabilidad en la operación y pago directamente por servicios. En APP, el sector público comparte riesgos y beneficios con el privado.
El costo depende del alcance: revisión de contratos, estructuración y negociación. Una asesoría inicial puede ir desde 2 a 6 millones de COP, y la negociación de un contrato puede superar los 20 millones. Compare tarifas y posibilidades de pago con varios profesionales.
Se estiman con un estudio de viabilidad, análisis de riesgos y costo de capital. Incluyen honorarios de asesores, estudios técnicos y diligencia jurídica. El costo total influye en el esquema de pago y la rentabilidad del proyecto.
Depende de la magnitud y complejidad. La fase de estructuración suele durar 6-18 meses, la licitación 2-6 meses. Proyectos complejos pueden extenderse a 24 meses, con posibles recursos legales durante el proceso.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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