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En Tallahassee, las Asociaciones Público-Privadas (APP) se regulan principalmente a nivel estatal y se aplican a proyectos de infraestructura y servicios públicos. El marco legal facilita que un ente público colabore con una empresa privada para diseñar, financiar, construir, operar o mantener una obra o servicio. El objetivo es mejorar la eficiencia, reducir costos y acelerar la entrega de proyectos relevantes para la ciudad y la región.
Los contratos de APP suelen implicar duración extendida y un reparto de riesgos entre la entidad pública y el socio privado. En Tallahassee, estos acuerdos se gestionan mediante procesos de licitación competitiva y supervisión administrativa para garantizar transparencia y uso responsable de fondos públicos. Un asesor legal puede orientar en cada etapa, desde la estructuración hasta la ejecución y resolución de disputas.
“Public-private partnerships are long-term contracts in which a private party provides a public service or project.”
Fuente: National Council for Public-Private Partnerships (ncppp.org)
Capítulo 287 de los Estatutos de Florida - Public-Private Partnerships regula la estructura, los procesos de licitación y la ejecución de APP en todo el estado, incluyendo Tallahassee. Este capítulo establece criterios de elegibilidad, procedimientos de selección y manejo de riesgos para proyectos de interés público. Es la base legal principal para PPP en municipios y condados de Florida.
Reglas administrativas aplicables a APP (Florida Administrative Code) proporcionan detalles sobre la implementación de las políticas de APP y los procesos de revisión técnica, ambiental y de cumplimiento. Estas reglas se actualizan periódicamente para reflejar buenas prácticas y cambios legislativos. Los textos oficiales se pueden consultar en flrules.org.
Código de Ordenanzas de la Ciudad de Tallahassee y Normas de Adquisiciones regulan la adquisición de bienes y servicios municipales, incluyendo procedimientos de licitación y contratación para proyectos que pueden involucrar APP. Estos reglamentos operan en coordinación con las leyes estatales para proyectos locales de infraestructura y servicios en Tallahassee.
“Chapter 287 of the Florida Statutes provides the framework for public-private partnerships in Florida.”
Fuente: Florida Senate (flsenate.gov/Laws/Statutes), Florida Administrative Code (flrules.org), City of Tallahassee (talgov.com)
Una APP es un acuerdo a largo plazo entre una entidad pública y un privado para entregar un proyecto o servicio. Conviene cuando el objetivo es acelerar la obra, transferir riesgos y obtener innovación en costos y operación. La decisión debe evaluarse con un análisis de valor para el dinero y costo de oportunidad.
Comience definiendo el resultado deseado, plazos y presupuesto. Recopile datos sobre costos de operación, mantenimiento y riesgo. Un abogado puede ayudar a estructurar un modelo de selección y a revisar supuestos clave.
Involúcrelo en la definición del alcance, criterios de evaluación y en la redacción del borrador de contrato. Una revisión temprana reduce riesgos de incumplimientos y costos inesperados durante la ejecución.
Las leyes estatales (Capítulo 287) se aplican a proyectos realizados por la ciudad o el condado, mientras que las ordenanzas locales rigen las compras y licitaciones municipales de Tallahassee. Es fundamental coordinar entre niveles para evitar solapamientos.
Sí. Un contrato puede incluir operación, mantenimiento o explotación de infraestructuras existentes, siempre sujeto a auditoría y controles presupuestarios. El alcance debe quedar claro en el pliego o contrato.
Las APP están sujetas a divulgaciones y revisión por parte de autoridades públicas. Su abogado debe preparar respuestas a solicitudes de información y garantizar cumplimiento de normas de acceso a la información.
En un PPP, una entidad pública mantiene control y supervisión sobre el servicio, mientras que un contrato de privatización total entrega la operación al sector privado. Los derechos de supervisión y las garantías son distintas.
Los costos incluyen honorarios de revisión de contratos, elaboración de RFP, diligencias de due diligence y asesoría durante la licitación y ejecución. Estos gastos se deben comparar con ahorros y beneficios esperados.
Puede variar entre 6 y 24 meses, dependiendo del tamaño y complejidad. Factores como due diligence, aprobaciones y evaluaciones técnicas influyen mucho en el plazo.
Una APP es una alianza entre sector público y privado para entregar un servicio a lo largo de un periodo determinado. Una concesión suele transferir la titularidad de un servicio o activo por un plazo definido, con condiciones de operación específicas.
Debe incluir distribución de riesgos entre partes, criterios de rendimiento, mecanismos de compensación, garantías, auditorías y cláusulas de terminación ante incumplimiento.
Las disputas suelen resolverse mediante negociación, mediación o arbitraje según el contrato. En algunos casos, pueden recurrirse a tribunales administrativos o civiles, dependiendo de las cláusulas del acuerdo.
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