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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
La debida diligencia inmobiliaria es un conjunto de verificaciones necesarias antes de comprar, vender o alquilar un inmueble. En Las Palmas de Gran Canaria, implica revisar la titularidad registral, cargas y gravámenes, situación urbanística y licencias, así como deudas asociadas al inmueble. Esta diligencia reduce riesgos como reclamaciones posteriores o problemas de uso y habitabilidad.
Contar con asesoría legal especializada ayuda a interpretar la información obtenida de registros, catastro y autoridades urbanísticas. Un letrado puede coordinar la revisión de documentos, explicar las implicaciones jurídicas y proponer soluciones para mitigar riesgos. En la isla, la diligencia se adapta al marco urbano local, con publicaciones y expedientes específicos de Las Palmas.
En España la debida diligencia inmobiliaria se apoya en normas nacionales y su aplicación local. Entre las leyes relevantes para Las Palmas de Gran Canaria se destacan las siguientes.
Código Civil - Marco general sobre propiedad, titularidad, transmisiones y cargas. Regula la forma en que se transmite la propiedad y cómo afectan los gravámenes. Su redacción vigente se aplica a nivel nacional, con reformas parciales a lo largo de los años. Es la base para interpretar las operaciones de compraventa y las impugnaciones de titularidad.
Ley 5/2019, de 15 de marzo, de contratos de crédito inmobiliario - Regula condiciones de financiación, transparencia de cláusulas y obligaciones de información al consumidor. Garantiza que el comprador reciba información suficiente sobre costos y riesgos del crédito para tomar una decisión informada. Vigente desde su entrada en vigor en 2019, con adaptaciones posteriores en materia de transparencia y publicidad de productos financieros.
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal - Regula la convivencia en edificios y la organización de comunidades de vecinos. Define las cuotas, reglas de uso y procedimientos de aprobación de obras o modificaciones. Aunque histórica, continúa vigente y ha sido objeto de reformas que afectan la gestión de gastos y derramas.
La publicidad registral confiere seguridad jurídica a las transmisiones de bienes inmuebles, al publicitar la titularidad y las cargas asociadas.
El catastro proporciona datos técnicos y fiscales sobre la ubicación, superficie y valor de referencia de un inmueble, facilitando la verificación previa a la compra.
La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario exige transparencia y claridad en la información sobre préstamos, comisiones y vencimientos para evitar cláusulas abusivas.Fuente: Ministerio de Justicia - sedecatastro.gob.es - registradores.org
Es el proceso de revisar titularidad, cargas, licencias y cumplimiento urbanístico de un inmueble. Incluye verificación registral, catastral y municipal, así como posibles deudas asociadas. Se realiza antes de la firma para evitar riesgos legales y financieros.
Solicita una nota simple o certificación registral para confirmar titularidad y cargas. Un abogado puede gestionar estas gestiones, interpretar anotaciones preventivas y planificar la cancelación de gravámenes si procede. Los registros de la ciudad centralizan esa información.
Las cargas pueden impedir la libre transmisión de la propiedad y generar reclamaciones futuras. Un letrado evaluará si es posible cancelar, aplazar o negociar la deuda y propondrá soluciones legales adecuadas. También puede requerir medidas cautelares durante la venta.
Antes de cerrar la compra, obtén informe urbanístico para confirmar el uso permitido y posibles restricciones. Esto evita sorpresas como obras no permitidas o cambios de uso. Un asesor legal coordina la consulta ante el ayuntamiento y el catastro.
La información se encuentra en el Ayuntamiento de Las Palmas y en los organismos autonómicos de urbanismo. Un abogado puede interpretar el Plan General vigente y su normativa de aplicación. Es crucial para entender qué se puede construir o modificar.
No deberían ocultarlas; la diligencia busca detectarlas antes de la compra. Un letrado revisará expedientes, licencias y causas de posible inconformidad administrativa. Si se detectan, se negocian soluciones o se rescinden acuerdos.
El título describe la titularidad y contenido de la transmisión; la nota simple resume datos registrales y cargas. El título es el documento para formalizar la escritura; la nota simple sirve para verificar información rápidamente. Ambos deben revisarse con un abogado.
El costo varía por complejidad y profesionales. En Las Palmas, una revisión básica puede oscilar entre 300 y 800 euros, y una diligencia completa puede superar los 1.000 euros. Es recomendable solicitar presupuestos detallados y comparar servicios.
Depende de la documentación y de la rapidez de registros y catastro. En circunstancias habituales, la recopilación puede durar de 1 a 3 semanas. Un abogado puede establecer un cronograma claro en la fase pre contractual.
No es obligatorio, pero es altamente recomendable. Un letrado identifica riesgos, interpreta documentos y propone medidas de mitigación. En compras complejas, la asesoría legal es casi imprescindible.
Sí. Compare experiencia, alcance de servicios y honorarios. Pida ejemplos de casos similares y tiempos de entrega. Una segunda opinión ayuda a elegir la opción más segura y eficiente.
Sí. Un abogado puede incorporar cláusulas que limite responsabilidades y clarifique usos permitidos. También pueden incluir garantías administrativas y de cumplimiento normativo. Esto reduce riesgos de sanciones o reclamaciones.
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