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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
La debida diligencia inmobiliaria es el conjunto de procesos para verificar la titularidad, gravámenes, limitaciones y antecedentes de un inmueble antes de comprar, vender o hipotecar. Su objetivo es evitar sorpresas como disputas de dominio, hipotecas ocultas o licencias de construcción insuficientes.
En Planeta Rica, una diligencia bien realizada combina la revisión del certificado de tradición y libertad, la verificación de linderos y la consulta de antecedentes en el registro inmobiliario local. También incluye verificar permisos de construcción, licencias ambientales y posibles deudas municipales asociadas al bien. Este enfoque reduce riesgos y aporta seguridad jurídica a la transacción.
Las normas que rigen la debida diligencia inmobiliaria en Planeta Rica provienen de leyes nacionales aplicables y de regulaciones municipales. Las normas clave sobre propiedad y tránsito de derechos reales permiten la verificación y publicidad necesarias para operar con seguridad jurídica.
Código Civil de Colombia regula la propiedad y las formas de transmisión de bienes, por lo que la titularidad debe verificarse conforme a sus principios. Es fundamental para definir la existencia de dominio y las limitaciones sobre un inmueble.
Código de Comercio aplica a actos mercantiles y a transacciones que involucren bienes inmuebles con fines comerciales. Su régimen facilita la ejecución de garantías y contratos relacionados con bienes inmuebles.
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) rige los procesos judiciales y administrativos vinculados a la propiedad y a disputas sobre inmuebles. Permite gestionar reclamaciones, disputas y medidas cautelares de forma estructurada.
Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal regula normas de copropiedad y administración de edificios y conjuntos; su cumplimiento afecta la vigencia de acuerdos y gravámenes dentro de inmuebles sometidos a propiedad horizontal.
Para su planificación específica en Planeta Rica, también conviene consultar regulaciones municipales y planes de ordenamiento territorial locales. Estas normas pueden influir en usos del suelo, licencias de construcción y permisos necesarios para proyectos inmobiliarios.
Es el conjunto de verificaciones sobre titularidad, gravámenes, linderos y permisos de un inmueble. Sirve para evitar sorpresas jurídicas y financieras tras la compra o inversión.
Solicite el certificado de tradición y libertad en la oficina de registro correspondiente. Revise antecedentes de dominio, gravámenes y disputas de la propiedad.
Los honorarios varían por complejidad. Una diligencia básica puede costar entre COP 1.500.000 y COP 4.000.000, y una revisión profunda entre COP 4.000.000 y COP 12.000.000.
Depende de la complejidad y la cantidad de entidades a consultar. Una diligencia integral suele durar entre 2 y 6 semanas, con respuestas coordinadas entre notaría y registro.
Es recomendable, especialmente si hay antecedentes de herencia, deudas o disputas de propiedad. Un letrado coordina las gestiones, interpreta documentos y negocia soluciones.
Es un documento que identifica el titular del inmueble y registra gravámenes, limitaciones y anotaciones. Proporciona seguridad sobre la situación jurídica del bien.
El abogado evalúa opciones para eliminar o mitigar el gravamen antes de la compra. Puede requerir pagos, acuerdos o acuerdos de garantía para la transacción.
Debe acudir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente y a la oficina de la notaría para la respectiva certificación. Los certificados deben ser actualizados al momento de la operación.
Sí, pero se deben revisar las alertas de sucesión y verificar la capacidad de los herederos para transferir el dominio. Un letrado orienta la gestión en cada fase.
El precio de compra es el monto acordado entre las partes, mientras el valor catastral sirve para efectos fiscales y de valoración. La diligencia arma el marco para comparar estos valores y evitar sobrepagos.
Verifique licencias vigentes, variaciones y autorizaciones de uso del suelo. La ausencia de permisos puede generar sanciones y nulidad de mejoras.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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