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Guía Gratuita para Contratar un Abogado Inmobiliario
La debida diligencia inmobiliaria es un conjunto de verificaciones para asegurar que un inmueble tiene un título limpio, sin gravámenes ocultos y con uso permitido. En Puebla, este proceso ayuda a evitar conflictos legales, gastos inesperados y pérdida de inversión al comprar, vender o hipotecar una propiedad. Realizarla con un asesor legal local aumenta la seguridad en cada etapa de la transacción.
El objetivo principal es confirmar la titularidad, el estatus de gravámenes, permisos de construcción y cumplimiento de normas de uso de suelo. En Puebla, la revisión debe contemplar registros estatales y municipales, así como posibles procesos judiciales pendientes. Contar con un abogado permite interpretar la normativa local y coordinar los trámites necesarios.
Las siguientes situaciones muestran escenarios concretos en Puebla donde es crucial contar con asesoría legal especializada.
En Puebla existen marcos normativos estatales y municipales que regulan la debida diligencia inmobiliaria. A continuación se presentan 2-3 leyes o reglamentos relevantes por nombre, con notas sobre vigencia y cambios recientes cuando corresponda.
Notas útiles: las leyes pueden haber sufrido reformas puntuales y cambios de procedimiento. Se recomienda consultar la versión vigente en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y en los portales oficiales del gobierno local para fechas exactas de vigencia y cambios recientes.
“La inscripción en el registro público de la propiedad confiere fe pública a los actos jurídicos relativos a la propiedad.”
Fuente: Diario Oficial de la Federación - Ley de Registro Público de la Propiedad y del Comercio
“La seguridad jurídica de la propiedad depende de la publicidad registral y de la correcta verificación de la titularidad.”
Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano - Sedatu
La debida diligencia es un conjunto de verificaciones antes de comprar, vender o hipotecar. Garantiza título, gravámenes y uso permitidos para evitar sorpresas posteriores.
Se recomienda escritura pública, certificado de libertad de gravamen, inscripción en el Registro Público, plano catastral y certificado de uso de suelo. El letrado puede indicar documentos específicos según el caso.
La escritura pública transfiere la titularidad ante autoridad; la promesa de compra es un acuerdo preliminar. La diligencia debe acompañar cualquiera de las dos para evitar incumplimientos.
Verifique el pago de impuesto predial, la situación de derechos y cargas fiscales, y posibles deudas asociadas al inmueble. El asesor puede coordinar con la autoridad fiscal local.
Los honorarios varían por complejidad y municipio. Un rango típico puede ir desde 6,000 hasta 25,000 MXN, según revisión de documentos y trámites requeridos.
Solicite certificado de libertad de gravamen y antecedentes registrales. El abogado debe revisar asientos registrales y resoluciones judiciales pendientes.
Antes de firmar cualquier contrato definitivo o pagar la cuota inicial. Idealmente, antes de la firma de la escritura y después de obtener la propuesta de compraventa.
Ante el Registro Público de la Propiedad del estado y ante autoridades municipales de cada municipio. El abogado gestiona estas verificaciones de forma coordinada.
El uso de suelo determina si el inmueble puede dedicarse a la actividad prevista. Los permisos confirman que las obras cumplen normativas municipales y estatales.
Puede ser riesgoso. Requiere peritaje técnico y revisión registral para evitar disputas de propiedad o límites aduanales con terceros.
Sí. Las leyes locales y la interpretación de regulaciones urbanas varían por municipio. Un especialista local reduce riesgos y tiempos de gestión.
Es mejor iniciar antes de formalizar acuerdos sustanciales. Incluir cláusulas de devolución o renegociación si surgen hallazgos relevantes.
Puede invalidar o demorar la transferencia. El abogado debe exigir la inscripción y evaluar si la hipoteca está debidamente garantizada.
Sí. Si el uso de suelo no corresponde a la actividad prevista, la escrituración puede suspenderse hasta regularizar el uso permitido.
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