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La debida diligencia inmobiliaria es un conjunto de controles y verificaciones previas a la compra, venta o desarrollo de un inmueble en San Miguel. Su objetivo es confirmar la titularidad, la existencia de gravámenes o limitaciones, y la adecuación urbanística y ambiental del bien. En San Miguel, este proceso se complementa con normativas municipales y nacionales sobre propiedad, urbanismo y registro de dominio.
Realizar la diligencia ayuda a evitar riesgos como litigios sobre titularidad, hipotecas no declaradas, o permisos de edificación insuficientes. Un letrado o asesor legal especializado puede coordinar la revisión de documentos, pliegos de venta y antecedentes registrales. Este enfoque reduce sorpresas que pueden generar costos y demoras significativas.
La verificación de dominio, gravámenes y limitaciones es clave para evitar conflictos en una transacción inmobiliaria.
La autoridad registral es la encargada de inscribir la titularidad y las cargas que pesan sobre un inmueble.
Fuente: MINVU, Contraloría General de la República y prácticas registrales nacionales.
Compra de un inmueble en San Miguel con hipoteca vigente o gravámenes no revelados. Un abogado revisa el certificado de dominio vigente y las cargas para evitar la ejecución hipotecaria sobre el bien adquirido.
Adquisición de un departamento en un condominio con conflicto de intereses entre copropietarios. El letrado verifica la normativa de copropiedad, cuotas y administración para evitar costos ocultos.
Promesa de compraventa sin confirmar la titularidad. El asesor legal solicita antecedentes registrales y verifica la legitimidad del vendedor para evitar simulaciones o usurpaciones de dominio.
Sospecha de irregularidades urbanísticas, como permisos de edificación incompletos o infracciones. Un abogado solicita permisos municipales y estudia posibles regularizaciones o multas.
Herencia o sucesión de un inmueble en San Miguel. El profesional revisa el estado de testamentarías, cargas y la titularidad de los herederos para una transmisión segura.
Necesidad de confirmar que el uso de suelo y zonificación permiten el tipo de proyecto. El asesor verifica el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y las normas municipales aplicables.
En San Miguel, la debida diligencia inmobiliaria se apoya en normas nacionales de propiedad y urbanismo, y en la regulación municipal de la comuna. A continuación se destacan 3 cuerpos legales relevantes para este ámbito.
Las fechas de vigencia y las reformas puntuales varían según normativa específica y actualizaciones regulatorias. Para fechas exactas y cambios recientes, se recomienda consultar las versiones actualizadas en fuentes oficiales y guías técnicas municipales.
La OGUC regula los permisos de edificación y los requisitos de seguridad y habitabilidad en Chile.
La Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece las reglas para la administración, cuotas y convivencia en edificios y condominios.
Fuente: MINVU y organismos de registro y control público.
Es un proceso de verificación de título, cargas, permisos y condiciones urbanísticas antes de comprar o invertir. Garantiza que el inmueble pueda transferirse sin problemas legales.
Solicite certificado de dominio vigente y gravámenes ante el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. Revise antecedentes registrales y compare con la escritura.
Antes de firmar cualquier promesa de compra o escritura. Así se revelan hipotecas, servidumbres o limitaciones que afecten la transacción.
En el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y las Ordenanzas Locales de la Municipalidad de San Miguel. Es fundamental para usos de suelo y permisos.
Un asesor legal revisa documentos, redacta cláusulas de protección y coordina trámites registrales para reducir riesgos de transmisión inválida o costos ocultos.
Sí. Si la titularidad no está clara, la promesa puede ser inválida o generar disputas entre partes. Un abogado evita esta posibilidad.
Sí. Permisos deficientes pueden impedir la ocupación, generar multas o exigir regularizaciones costosas.
Sí. Este certificado revela deudas, hipotecas y limitaciones registrales que afectan la propiedad y su valor.
Consulte honorarios por revisión documental, certificaciones, diligencias registrales y asesoría en redacción de acuerdos. Pida presupuestos por escrito.
Depende de la complejidad. Un proceso básico puede tomar 1-2 semanas; uno con cargas o litigios podría extenderse a 4-6 semanas.
Recomendable. Un letrado local entiende las prácticas registrales y municipales, y puede coordinar la documentación necesaria para el crédito.
El dominio vigente indica quién es el titular. Las cargas son deudas o limitaciones que pesan sobre el inmueble y pueden afectar la transmisión.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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