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La residencia por inversión, conocida comúnmente como EB-5, es un programa federal que permite a inversores extranjeros obtener la residencia permanente en Estados Unidos si invierten en una empresa que genera empleo en el país. En West Virginia no existe un programa estatal propio de residencia por inversión; el acceso se regula por normas federales administradas por USCIS. Esto significa que las reglas aplicables se cumplen en todo el territorio de EE. UU., incluido West Virginia.
El proceso típico implica presentar una petición I-526, obtener una residencia condicional de dos años y, pasado ese periodo, presentar la I-829 para eliminar las condiciones si se cumplen los requisitos. Si la inversión se realiza a través de un Regional Center, la creación de empleo puede demostrarse con empleos directos, indirectos o inducidos, según la modalidad elegida.
Contar con asesoría legal especializada es clave para estructurar la inversión, documentar el origen de los fondos y cumplir con salvaguardas anticorrupción y de cumplimiento. Un asesor legal de inmigración puede guiar durante cada etapa y gestionar las comunicaciones con USCIS.
En el ámbito de Residencia por inversión, la norma principal es la legislación federal. West Virginia no posee una ley estatal específica de residencia por inversión que regule el programa EB-5 de forma separada. Las reglas aplicables se extraen del marco federal, con regulaciones y guías administrativas que rigen a nivel nacional.
Principales referencias legales (a nivel federal) que impactan este campo son:
“The investment must create or preserve at least 10 full-time jobs for qualifying U.S. workers.”
USCIS EB-5 Program
“Investors in Regional Centers may meet the job creation requirement through indirect or induced jobs.”
USCIS EB-5 Program
Además, se ha desarrollado la EB-5 Reform and Integrity Act of 2022, que reautoriza el programa de Regional Centers y añade salvaguardas de integridad y requisitos de cumplimiento. Esta reforma ha influido en la interpretación de elegibilidad y en la supervisión de las inversiones. Fuente: Congress.gov.
La residencia por inversión es un programa federal que permite obtener residencia permanente tras invertir en una empresa que genere empleo. En WV, el proceso se rige por normas federales y no por una ley estatal específica. El proceso suele incluir I-526, residencia condicional y I-829 para eliminar condiciones.
Debe haber pruebas documentales de que los fondos son legales y se originaron de fuentes permitidas. Esto incluye declaraciones de origen, registros bancarios y acuerdos de préstamo. Un abogado puede estructurar y presentar la evidencia de manera coherente.
El monto mínimo habitual es de 1,050,000 USD, o 800,000 USD si la inversión se realiza en una TEA. Los montos exactos pueden cambiar por reformas y ajustes; un asesor legal le guiará sobre el importe vigente al momento de la solicitud.
Los tiempos de procesamiento varían, pero típicamente la adjudicación de la residencia condicional puede demorar varios meses hasta más de un año. Posteriormente, la eliminación de condiciones puede requerir otros 1-2 años, dependiendo del caso.
No es necesario residir en WV para calificar, ya que se trata de un programa federal. Sin embargo, invertir en WV puede facilitar controles de cumplimiento y oportunidades de negocio locales.
Un TEA es una zona con alta tasa de desempleo o rural. WV tiene condados y áreas que pueden calificar, pero requieren verificación actual. Un abogado verifica la elegibilidad y documenta la clasificación en la solicitud.
Un Regional Center es una entidad designada por USCIS para gestionar proyectos de inversión y medir la creación de empleos por métodos indirectos. En WV, puede simplificar la demostración de empleo, especialmente en proyectos de desarrollo regional.
En el caso de Regional Centers, es posible contar empleos indirectos o inducidos para cumplir el requisito. Si es una inversión directa, debe demostrar 10 empleos directos para cada titular de I-526.
Debe considerar honorarios de abogados, costos de preparación de documentación, tasas de USCIS, y costos de due diligence del proyecto. Estos gastos pueden variar entre 20,000 y 60,000 USD o más, según la complejidad.
Sí. Un letrado de inmigración coordina la recopilación de pruebas, el desarrollo del plan de empleo y la preparación de ambos formularios para maximizar la probabilidad de aprobación.
La EB-5 Reform and Integrity Act de 2022 introdujo salvaguardas y cambios en la supervisión de Centros Regionales. Esto puede afectar la estructura de proyectos y los requisitos de cumplimiento en WV.
Una empresa nueva debe crear empleo neto; una existente puede requerir redimensionar su negocio o demostrar recuperación y creación de empleo. Un asesor legal evalúa cuál opción encaja mejor con su perfil y objetivos.
Necesitará registros que muestren empleo en WV o en la región del proyecto, nóminas y pruebas de retención de empleo. Un abogado organiza estos documentos para la I-829.
Invertir en WV puede facilitar la verificación de elegibilidad TEA y la recopilación de documentación local, pero la aprobación depende principalmente de los criterios federales y del cumplimiento global del proyecto.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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