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La reestructuración e insolvencia en Maine se rige principalmente por el derecho federal. El Código de Bancarrota de los Estados Unidos (Título 11) establece los mecanismos para alivio de deudas, liquidación o reorganización. En Maine, los casos se presentan ante la Corte de Bancarrota del Distrito de Maine, dentro del sistema federal, y se rigen por las Reglas Federales de Bancarrota y las Reglas Locales del Distrito de Maine. El objetivo es ayudar a personas y pequeñas empresas a obtener un “nuevo inicio” o a reestructurar sus obligaciones de manera ordenada y protegida.
Las leyes clave en Maine se deben entender en el contexto del derecho de bancarrota federal. En Maine, la elección entre Capítulo 7 y Capítulo 13 dependerá de los ingresos, deudas y objetivos personales o empresariales. La Ley de Reestructuración de Pequeños Negocios y otras modificaciones federales han introducido opciones para negocios pequeños en 2019-2020, como el Subcapítulo V, para simplificar procesos de reestructuración. Además, los casos se regulan por las Reglas Locales de Bancarrota del Distrito de Maine y por las Reglas Federales de Bancarrota, que fijan plazos, formularios y procedimientos de notificación.
Entre las normas a considerar se encuentran:
Cambios recientes relevantes incluyen la implementación del Subchapter V para pequeños negocios y ajustes hechos por reformas federales aprobadas entre 2019 y 2020. Estas modificaciones buscan facilitar la reorganización de empresas con deudas moderadas y aumentar la probabilidad de un plan viable. Para entender su impacto concreto, consulte a un abogado de bancarrota en Maine y revise la documentación oficial de la Rama Judicial Federal y la SBA.
"Bankruptcy is a legal process that can help people get a fresh start."
Fuente: United States Courts - Bankruptcy Basics (gov). https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy
"SBRA provides a simpler, faster path to reorganization for eligible small business debtors."
Fuente: U.S. Small Business Administration (gov). https://www.sba.gov
"The U.S. Trustee Program monitors the administration of bankruptcy cases and enforces bankruptcy laws."
Fuente: U.S. Department of Justice - U.S. Trustee Program (gov). https://www.justice.gov/ust
La Bancarrota Capítulo 7 suele liquidar activos no exentos para pagar a acreedores. El resto de deudas no aseguradas puede ser eliminada, dando al deudor un nuevo inicio. Este tipo de proceso es rápido para personas con ingresos bajos y deudas no aseguradas significativas.
El Capítulo 13 permite un plan de pagos de 3 a 5 años para ponerse al día con deudas y conservar bienes. Es útil para mantener la vivienda y evitar ejecuciones, siempre que el deudor tenga ingresos suficientes para cumplir el plan.
Debe presentar Capítulo 7 cuando la deuda es principalmente no asegurada y los ingresos permiten una exención razonable de gastos. Si el ingreso excede ciertos límites, podría requerirse Capítulo 13 u otra estrategia.
Se inicia con la presentación de una petition ante la Corte de Bancarrota correspondiente, seguido de la revisión de crédito, publicación de avisos y la designación de un síndico. Luego, se elabora un plan o la liquidación de activos conforme al capítulo aplicable.
Sí, es posible conservar la vivienda si el deudor mantiene los pagos o se mantiene dentro del plan de Capítulo 13. También pueden aplicarse exenciones para proteger una parte de la vivienda y otros bienes.
En Maine, suele haber opción entre exenciones federales y estatales; la elección depende de la situación y la normativa vigente. Un abogado puede orientar sobre cuál opción ofrece mayor protección de bienes.
Capítulo 11 es el proceso general de reorganización empresarial. Subchapter V, introducido para facilitar y acelerar reestructuraciones de negocios pequeños, reduce costes y simplifica planes para elegibles. En Maine, Subchapter V aplica para empresas que cumplen criterios específicos de tamaño y deuda.
Los honorarios varían según la complejidad y el tipo de caso. En promedio, la asesoría para una Bancarrota Capítulo 7 puede ir desde varios cientos hasta varios miles de dólares; el costo total depende de la complejidad y de la tasa del abogado.
Un Capítulo 7 típico puede resolverse en 4 a 6 meses desde la presentación, si no hay complicaciones. Casos con disputas sobre exenciones o activos pueden durar más tiempo.
Algunos abogados ofrecen consultas iniciales gratuitas o tarifas escalonadas. También puede haber programas de asistencia legal o honorarios basados en ingresos para facilitar la representación.
La conversión es posible en ciertos escenarios, siempre que el deudor cumpla con los requisitos de elegibilidad. El cambio debe hacerse antes de la liquidación de bienes o del cierre del caso Capítulo 7, y con la aprobación del tribunal.
En general, las deudas estudiantiles no se exoneran en bancarrota, salvo en circunstancias de dificultad extremo. Existen pruebas legales para demostrar “undue hardship” ante el tribunal, que es una carga alta de demostrar.
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