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El derecho de reestructuración e insolvencia en Puerto del Rosario regula los procesos para gestionar deudas cuando una empresa o persona no puede hacer frente a sus obligaciones. Su objetivo es proteger a los acreedores y, cuando es viable, mantener la actividad económica.
En Canarias, como parte de España, se aplica la Ley Concursal a nivel estatal con adaptaciones prácticas para la región. En la práctica, los procesos pueden incluir planes de viabilidad, convenios de acreedores y, si corresponde, liquidación ordenada de activos. Contar con asesoría legal especializada facilita decidir entre reestructuración, convenio o liquidación.
Ley Concursal - Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, regula el concurso de acreedores, los tipos de procedimientos y las vías para salvaguardar la viabilidad empresarial cuando sea posible. Incluye figuras como concurso voluntario, concurso necesario y acuerdos de acreedores.
Reformas recientes - La reforma de la Ley Concursal, publicada en el marco de la modernización del marco de reestructuración, introduce medidas para facilitar acuerdos y acelerar trámites, con especial atención a la reestructuración temprana y a la protección de personas y pymes. Estas modificaciones han sido objeto de vigencia progresiva y su implementación se ha ido consolidando en 2022-2023.
La Directiva 2019/1023 relativa a marcos de reestructuración y segunda oportunidad impulsa marcos de prevención y acuerdos para evitar liquidaciones innecesarias.Directiva (UE) 2019/1023
La reforma española de 2022 sobre la Ley Concursal facilita la reestructuración, la flexibilidad en acuerdos y la protección de deudores viables.BOE - Ley 16/2022, de 5 de septiembre
La Ley Concursal busca preservar la viabilidad de empresas viables y proteger derechos de acreedores y trabajadores.Ministerio de Justicia - Guía sobre el proceso concursal
Estas normas son aplicables de forma uniforme en Canarias, incluyendo Puerto del Rosario, y pueden acompañarse de normas autonómicas o administrativas relacionadas con la actividad económica local.
El concurso de acreedores es un procedimiento legal para insolvencia en el que se ordena la gestión de deudas. Se abre cuando una empresa o persona no puede pagar sus obligaciones a vencimiento. La finalidad es maximizar la valoración de los activos y facilitar acuerdos con acreedores.
Debe presentar una solicitud ante el juzgado competente, con un listado de deudas, activos y presupuesto. Es recomendable contar con un abogado especializado en reestructuración y un administrador concursal designado si corresponde.
Los honorarios varían según la complejidad y la duración del proceso. En una primera consulta se puede acordar un presupuesto estimado. Considere también posibles gastos de tasas judiciales y honorarios de administradores.
Se propone cuando hay viabilidad para pagar o reestructurar deudas mediante un plan con los acreedores. Evita la liquidación y puede conservar la actividad y el empleo en la mayoría de casos.
Los procedimientos se tramitan ante los Juzgados de lo Mercantil y, en su caso, ante el Registro Mercantil correspondiente. Un asesor legal facilita la coordinación entre organismos y la documentación necesaria.
Una orientación temprana ayuda a evaluar opciones, evitar errores procesales y optimizar la negociación con acreedores. También facilita la preservación de activos viables y la protección de puestos de trabajo.
Sí, en determinadas circunstancias, una persona física puede acudir a un procedimiento de insolvencia. El asesoramiento es clave para entender las opciones de pago o la posibilidad de segunda oportunidad.
La segunda oportunidad puede permitir cancelar deudas no aseguras o reducir obligaciones, según el marco legal vigente. Un letrado debe evaluar si los requisitos se cumplen en su caso.
El plan de viabilidad es un resultado dentro del concurso o de un acuerdo; establece cómo se mantendrá la actividad y se pagarán deudas. El concurso es el procedimiento judicial en sí.
La deuda de alquiler puede formar parte de un convenio o de un plan de pagos. La negociación puede incluir moratorias o reestructuración de plazos para evitar desahucios.
Puede reducir deudas, renegociar condiciones de crédito y mejorar liquidez. Si se logra un convenio viable, la empresa puede continuar operaciones y proteger empleos.
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