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En Salamanca, como en el resto de España, la reestructuración e insolvencia se regulan principalmente por la Ley Concursal y su desarrollo mediante normas de texto refundido. Su objetivo es facilitar la viabilidad de empresas con problemas de liquidez y, al mismo tiempo, proteger los derechos de los acreedores. El procedimiento puede incluir acuerdos extrajudiciales, planes de pago y, si fuera necesario, concurso de acreedores.
Las vías habituales son el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP), el convenio de acreedores y, si es inevitable, el concurso de acreedores. En Salamanca los procesos se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente a la ciudad y, en caso de recursos, ante la Audiencia Provincial de Salamanca. Es clave contar con asesoría experta para elegir la ruta adecuada y maximizar las posibilidades de recuperación o deviación de deudas.
Las leyes clave que rigen la reestructuración e insolvencia en Salamanca son de ámbito nacional y se aplican en Castilla y León con especial atención a la organización judicial local. El marco básico lo fija la Ley Concursal, complementada por su texto refundido. A continuación se mencionan las normas y cambios relevantes.
«El objetivo de la Ley Concursal es facilitar la reestructuración de la empresa y la satisfacción de acreedores, buscando soluciones que preserven la actividad económica y el empleo»
Fuente: Ministerio de Justicia - mjusticia.gob.es
«El concurso de acreedores es un procedimiento para la resolución de conflictos entre deudor y acreedores, con la finalidad de distribuir de forma equitativa los bienes disponibles»
Fuente: Consejo General del Poder Judicial - poderjudicial.es
En el ámbito regional, la Junta de Castilla y León y el sistema judicial local de Salamanca han ido adaptando la gestión de expedientes de insolvencia para favorecer la tramitación y la resolución eficiente de estos casos.
Es un procedimiento judicial para gestionar deudas cuando una empresa o persona no puede pagar sus obligaciones. Afecta a deudor, acreedores y, en su caso, a terceros interesados.
Fuente: Ministerio de Justicia
Primero evalúe si es viable un Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Si no, deberá presentar un concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Salamanca.
Fuente: Poder Judicial
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia del letrado. Muchos abogados ofrecen una primera consulta gratuita o con tarifa reducida.
Fuente: Ministerio de Justicia
La duración depende de la complejidad, alcance de activos y acuerdos; puede oscilar entre 6 y 24 meses o más en casos complejos.
Fuente: Poder Judicial
La Ley exige asesoría profesional para estructurar y presentar el AEP ante el órgano competente, y para negociar con los acreedores.
Fuente: Ministerio de Justicia
No siempre; existen rutas como el AEP o acuerdos con acreedores. Un abogado evaluará la mejor opción para evitar sanciones y proteger activos.
Fuente: Poder Judicial
Los procedimientos se tramitan ante el Juzgado de lo Mercantil de Salamanca y, si procede, ante la Audiencia Provincial correspondiente.
Fuente: Ministerio de Justicia
Un convenio puede permitir la continuidad del negocio y una distribución ordenada de la deuda, reduciendo pérdidas para acreedores y empleos.
Fuente: Poder Judicial
Podría aplicar medidas de aplazamiento o acuerdos específicos si se cumplen requisitos y hay aceptación de acreedores; la asesoría es clave.
Fuente: Ministerio de Justicia
Sí. Un abogado especializado en insolvencia puede valorar opciones, proteger derechos y evitar errores costosos.
Fuente: AEAI - Asociación Española de Abogados de Insolvencia
Sí. Cada opción tiene beneficios y riesgos. Un asesor legal en Salamanca puede hacer una comparativa adaptada a su caso.
Fuente: Ministerio de Justicia
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